La salida de prisión de Lula da Silva saca a relucir los peores fantasmas de la dictadura brasileña. Y la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de reimplantar un bando militar de 1968 debería leerse en el contexto de que las políticas neoliberales no son compatibles con la democracia. Así lo entiende el líder del PT y dirigentes de todos los sectores que salieron a cuestionar en fila declaraciones en Washington del ministro de Economía, Paulo Guedes, acerca de que para combatir posibles manifestaciones populares «alguien podría pedir el AI-5», el Acta Institucional que suspendió garantías constitucionales y dio una vuelta de tuerca para la persecución y tortura de opositores al golpe de 1964.

Lula, liberado el 8 de noviembre pasado tras 580 días en una celda en Curitiba, se puso sobre los hombros la lucha contra el modelo que busca implantar el excapitán del Ejército brasileño. Pero paralelamente la región sigue convulsionada por protestas contra la desigualdad en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia se consolida un gobierno de facto. La respuesta de Guedes fue a una pregunta sobre si no creía que ese clima levantisco se trasladara a las calles brasileñas.

Desde que asumió, el gobierno de Bolsonaro inició una política de ajustes y privatizaciones al estilo de la Escuela de Chicago, de la que Guedes es discípulo dilecto. El resultado es que la economía no da señales de vida y todo indica que el crecimiento será del 0,9% en 2019. Menos que el de Brasil en los dos años previos pero incluso se trata de un decrecimiento si se tiene en cuenta que el índice de natalidad supera el 1,4% anual.

Bolsonaro ya logró que le aprobaran una reforma laboral y previsional que generaría una reducción presupuestaria («ahorro», lo llaman) de 217.500 millones de dólares al cabo de una década. Aun así, el déficit de este período no bajará del 6,3%. De allí que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional para descentralizar los recursos federales. El Plan Más Brasil dejaría áreas clave como educación, salud y seguridad en manos de los municipios y los estados.

«En el primer año de gobierno, el pueblo tiene la expectativa de que ocurrirán cosas buenas –dijo Lula en un reportaje al diario español El País– pero ahora se agrava el desempleo, el ingreso disminuye y hay dificultades para comprar alimentos».

El temor al contagio regional ya había sido la excusa de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, para lanzar la idea de reflotar el AI-5 el 31 de octubre pasado. «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, tendremos que dar una respuesta. Esa respuesta puede ser un nuevo AI-5, puede ser una legislación aprobada por plebiscito», dijo esa vez el diputado.

Aquel decreto del 13 de diciembre de 1968 fue considerado un golpe dentro del golpe brasileño. La dictadura había sido implantada el 31 de marzo de 1964 y si bien había limitado derechos ciudadanos, había mantenido algunas prerrogativas constitucionales y como una máscara legalista, el Congreso seguía funcionando.

A cuatro años de la instauración del régimen, los movimientos estudiantiles y sindicales poblaban las calles de reclamos. También crecían organizaciones políticas. Algunas de ellas armadas, que veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. En junio de 1968, artistas e intelectuales organizaron una caminata en Río de Janeiro que concentró a cientos de miles de ciudadanos. 

Mediante el AI-5, alrededor de 500 personas perdieron sus derechos políticos, cinco jueces, 95 diputados, cuatro senadores y 66 profesores universitarios fueron expulsados de sus cargos. Dilma Rousseff fue detenida y torturada en 1970 tras ese decreto. Caetano Veloso, entre tantos artistas, se había exiliado en Londres un año antes.

«No sé por qué Bolsonaro tiene miedo al pueblo en la calle», protesta Lula. «La democracia no es un pacto de silencio. Salir a la calle es una demostración de que la sociedad está viva y no va a permitir que desmantele el país», abunda.

A raíz de la amenaza de  «golpe dentro del proceso democrático» como podrían definirse a las palabras de Bolsonaro Jr y el titular de Economía, el exdirigente metalúrgico fue muy activo en Twitter. «No sé si Bolsonaro o Guedes van a leer esto, pero quería decir una cosa. Existen dos palabras para tener una economía sólida: credibilidad y previsibilidad. Este gobierno no tiene ninguna de las dos. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir en Brasil de hoy?», escribió.

En esto coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, quien criticó ese regreso al pasado. “Son frases que generan inseguridad, retracción en las decisiones de inversión», deslizó desde un atril en un encuentro con empresarios en San Pablo.

«Creo que es deplorable que la gente pueda hablar del AI-5 como si fuera algo trivial. Logramos restaurar la democracia en Brasil y tenemos que luchar por preservarla», se sumó el expresidente Fernando Henrique Cardoso ante la BBC. El presidente de la Corte de Justicia, José Antonio Dias Toffoli, agregó que «el decreto AI-5 es incompatible con la democracia».



Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.