Bonadio procesó a 92 intendentes por supuesta malversación de $ 600 millones

En la lista entran actuales y antiguos jefes comunales de todo el país, en una causa que investiga el dinero que salía de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social entre 2013 y 2015. Por la misma, ya estaban procesados tres ex jefes de gabinete.

7 de Febrero de 2019

El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes de todo el país por presuntas irregularidades en el programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). Después de que en noviembre del año pasado la Cámara Federal rechazara un planteo de nulidad del expediente formulado por el ex asesor de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social Rubén Marcelo Ybarra -quien argumentaba que había sido engañado para declarar en su propia contra-, el juez resolvió avanzar a fondo en el expediente y extendió los procesamientos que ya pesaban sobre tres ex jefes de gabinete a los jefes comunales.

Entre los nombres más conocidos figuran Francisco "Barba" Gutiérrez, ex jefe comunal de Quilmes, y Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco. También aparecen Claudia Panzardi (Laguna Blanca, Chaco), Mateo Daniel Capitanich (Campo Largo), Eladio Aguirre (Charadi),  Lorenzo Heffner (Villa Bermejito, de Cambiemos, detenido en otra causa), Antonio José Rodas (Fontana); los entrerrianos Juan Carlos Kloss, de Hasenkamp; Luis Dume, de Oro Verde; y los ex intendentes Luis Erro, de Gualeguay; Rubén Ángel Vázquez, ex jefe comunal de San Benito y actual diputado provincial por el PJ; los bonaerenses ex intendente de Azul, José Inza y los actuales de Tapalqué y Laprida, Gustavo Rodolfo Cocconi y Alfredo Fisher; Pablo Zurro (Pehuajó), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), Ricardo Casi (Salto), Walter Torchio (Carlos Casares), Héctor Olivera, Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Gustavo Walker (Pila), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Francisco Echarren (Castelli), Marcelo Skansi (Carmen de Areco), Alfredo Fisher (Laprida) y Marcos Luis Fernández (Monte Hermoso). La lista total comprende a 92 imputados.

“La hipótesis barajada apunta al empleo del marco legal de los PMGIRSU durante los años 2013 a 2015 para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales. Sobre esa base es que se estructuró la imputación cursada a los encartados remarcando que cada uno de ellos, al infringir sus respectivos deberes funcionales, habría facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos. El perjuicio económico que resultó de tal despliegue se habría materializado a través de 307 desembolsos aprobados en el marco de 212 expedientes administrativos plagados de desajustes administrativos; la inexistencia de un mapa crítico que permitiera fijar un criterio equitativo de distribución, análisis meramente formales y no técnicos de los proyectos presentados por los municipios, falta de control sobre la inversión de los fondos aportados y la aprobación de solicitudes incompletas serían, a juicio del a quo, sólo algunas de las aristas que darían cuenta de la maniobra que nos ocupa”, sostiene la acusación.

A fines del 2017, Bonadio dispuso el procesamiento de los ex Jefes de Gabinete de Ministros, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich, como presuntos responsables de “administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública”. La misma figura aplicó a  Sergio Gustavo Lorusso, Omar Vicente Judis y Juan José Mussi, quienes estuvieron en distintos momentos a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Bonadio había dejado afuera del procesamiento a Juan Manuel Abal Medina, pero la Cámara Federal corrigió esa resolución y también lo procesó.

El plan GIRSU apuntaba a programas de tratamientos de residuos sólidos urbanos. Todos los nuevos embargados sufrieron embargos por tres millones de pesos.

"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada", escribió Bonadio en el auto de procesamiento múltiple.

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