El odio filmado: cuatro agentes de la Policía de Chaco entran a la casa de una familia qom y escarmientan a golpes a un joven que intentó bloquear la puerta. Uno de ellos, vestido de civil, es el más violento. Dirige todas las trompadas a la cara, está decidido a lastimar. “Basta, por favor”, ruega la mujer que sostiene el celular. Intenta explicar que su sobrino estaba durmiendo, que no hizo nada. La voz en off se descompone por el llanto.

Ya en la comisaria, sin testigos de la brutalidad, los efectivos siguen golpeando al par de varones que se llevó detenido: les saltan encima, les estropean las costillas a patadas. A las dos mujeres –una menor de edad– que también encerraron las manosean, abusan sexualmente de ellas. Al final, rocían a los cuatro con alcohol y los amenazan con prenderlos fuego. Lo justifican tratándolos de “indios infectados”.

Ocurrió el domingo, alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando un comando de la comisaría tercera irrumpió sin orden judicial en la casa de Elsa Fernández, en el barrio Bandera Argentina de la localidad de Fontana, a unos cinco kilómetros de Resistencia. La excusa de los agentes fue la persecución a “dos hombres y dos mujeres” que, un rato antes, habían apedreado la seccional. 

De acuerdo al relato de Elsa, difundido a través de un video por la Mesa Multisectorial Feminista, ella estaba durmiendo hasta que la sobresaltaron los tiros. Cuando se asomó a la calle, vio “como a treinta policías” desplegarse sobre el barrio. Sintió miedo por los tres chicos que dormían en las piezas y acordó con el sobrino no dejarlos entrar por nada del mundo.

“Me rompieron la puerta y a mi sobrino le pegaron como quisieron. Yo me abracé a mis dos hijos para que no les pegaran, pero uno de los policías me sacó pegándome con el arma reglamentaria en la cara. A mi hija de once años la agarraron de los pelos, la tiraron al suelo y le pegaron patadas. Después, la arrastraron una cuadra hasta la comisaría. No les importó nada”, contó la mujer.

Los jóvenes y la menor fueron encerrados en un calabozo con la luz apagada donde sufrieron todo tipo de vejámenes, incluso, las mujeres relataron abusos sexuales. “Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién los prende fuego?, decían los policías. Nos patearon, eran todos hombres”, contó una de las jóvenes en uno de los videos viralizados en las últimas horas.

Otro de los detenidos recordó que “me pusieron boca abajo y tres policías empezaron a saltar arriba mío”. También que lo patearon en todo el cuerpo “hasta la seis de la mañana” y que recién los dejaron irse al mediodía.

El marte a la tarde, la ministra de Seguridad de la provincia, Gloria Zalazar, anunció en conferencia de prensa que los efectivos de la comisaría tercera de Fontana y de otras unidades especiales que intervinieron en el “operativo” fueron separados de sus funciones y que el Estado se presentará como querellante en la causa “para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia por las víctimas”.

Culpables de la pandemia

Para la Multisectorial Feminista “no se trató de un hecho aislado, lamentablemente la represión y persecución a lxs pibes de los barrios y asentamientos populares es moneda corriente en el Chaco, pero este caso ha cobrado relevancia gracias a la valentía de la familia que decidió difundir los hechos”.

El Comité de Prevención de la Tortura (CPT) elevó un informe preliminar, con carácter urgente, a la Fiscalía de Derechos Humanos solicitando “poner en marcha los mecanismos de protección del Estado e investigar los hechos descriptos; disponer la aplicación del Protocolo de Estambul. Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes; adoptar las medidas procesales pertinentes en resguardo de las víctimas y que se garantice asistencia psicológica urgente a los niños, niñas y adolescentes que conforman el núcleo familiar violentado”.

Por su parte, Cecilia Solá, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Chaco, habló con Radio Caput y opinó que “hay una construcción de los qom como culpables de la pandemia”.

“Lo que pasa en las villas de Buenos Aires –agregó– también está pasando en el Chaco. Esa es la construcción del enemigo. En los hospitales, no los atienden, los miran mal hasta el personal de salud”.

El martes por la noche, el presidente Alberto Fernández posteó en su cuenta de Twitter: «Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia». Fue la primera reacción oficial ante la violencia oficial de las fuerzas de seguridad provinciales tras el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán y estas violaciones a los derechos humanos de la comunidad originaria en Chaco, ambas provincias gobernadas por el peronismo.

En tanto, desde la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla postearon: «Estamos trabajando contra la violencia institucional. Celebramos la decisión del gobierno de Chaco de ser querellantes contra los policías acusados. La sanción política y judicial es la mejor acción para erradicar esta problemática».