Cárceles de mujeres: adentro se replica la violencia de afuera

La vulnerabilidad de las mujeres también se vive dentro de los muros: Requisas vejatorias, falta de asistencia médica, violencia obstétrica y dispositivos de aislamientos encubiertos.
6 de Abril de 2018

La matriz heterosexual y patriarcal se filtra por los muros y convierte a las mujeres en uno de los colectivos más vulnerables dentro de las cárceles. Requisas vejatorias, falta de asistencia médica, violencia obstétrica y dispositivos de aislamientos encubiertos son, apenas, algunos de los castigos impuestos por la “jerarquía de género”.

“La violencia hacia las mujeres se duplica en condiciones de encierro. No tiene que ver solo con los golpes, como ocurre con los varones, sino también con formas de intromisión en el cuerpo y con cuestiones vinculadas con la salud mental. Por ejemplo, se dice que una mujer está histérica o tiene un brote y entonces con el pretexto de medicarla se la termina dopando, se la aísla, se la castiga”, explica Mariana Lauro, coordinadora de equipos sobrevulnerados en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

De acuerdo a los registros oficiales, cerca de 800 mujeres se encuentran cumpliendo una condena en algunos de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). De esa población, poco más del 60% está detenida por infracción a la Ley 23.737, es decir, por algún delito vinculado al narcotráfico.

Dentro de las mujeres que alcanzaron una condena firme, el 53 % obtuvo una pena que oscila entre los cuatro y cinco años. También resulta importante la cantidad de sentencias hasta cuatro años (31.6 %).

Con respecto a los rangos de edad de las mujeres detenidas oscilan entre 25 y 44 años, distribuyéndose en los siguientes grupos etarios: el 31 % son mujeres entre 35 y 44 años, el 30 % son mujeres entre 25 y 34 años, seguido del 21 % que son mujeres entre 45 y 54 años.

Al analizar la variable “estado civil”, se observa que más de la mitad de la población es soltera, separada/divorciada, sin embargo, la gran mayoría ha sido madre a muy temprana edad y tiene hijos a cargo.

En la Unidad Penitenciaria Nº 31 de mujeres en Ezeiza las detenidas tienen la posibilidad de compartir con sus hijos menores de cuatro años las unidades carcelarias para fortalecer el vínculo. Sin embargo, la teoría dista mucho de la práctica.

“La cárcel –dice Lauro– empeora el vínculo con el hijo porque las mujeres detenidas tienen demasiadas dificultades para construirlo o mantenerlo. El argumento es ´sos una mala madre, mira donde está tu hijo por tu culpa, te lo vamos a sacar´. En vez de que las instituciones pongan en marcha los resortes sociales, se fomenta el carácter represivo a través del hostigamiento y la amenaza. En esas circunstancias es difícil que la mujer sea escuchada y fácil enfocarse en las faltas. Por eso el desvinculo ocurre muy rápido. Un montón de chicos terminaron con medidas de abrigo, en un hogar o en adopción. Para conservar a sus hijos, a las presas se les exigen ciertos estándares que evidentemente no pueden afrontar por falta de recursos. El sistema penal llegó antes que todo lo demás”.

La otra manera de desvinculación es a través del abandono de sus parejas. Se ve en Devoto, en Ezeiza o en cualquier penal del país: los días de visita hay largas filas de mujeres cargando bolsas con alimentos y productos de primera necesidad para abastecer a los hombres. También les llevan a sus hijos. En una cárcel de mujeres la escena es distinta. Cuando ellas “caen” en prisión los hombres dejan de visitarlas, obligando a los chicos a lo mismo.

Guerra contra las mujeres. 

Desde la década de los 90, la población femenina en las cárceles no cesó de aumentar. La sanción de la Ley 23.737 y, más contemporáneamente, la ley 26.052 (el Estado se desprende de su competencia para investigar y juzgar algunos hechos descriptos en la ley de estupefacientes), impactó fuertemente en la población penal femenina, en detrimento de sus condiciones materiales de alojamiento. Por ejemplo, la real implementación del arresto domiciliario atravesó algunas resistencias por parte del poder judicial, así como del propio SPF, limitando su efectivo cumplimiento. Otra de las hipótesis hace referencia a la influencia de las leyes de desfederalización llevadas adelante por algunas provincias. En este sentido, recientes investigaciones indican que en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense la población penal femenina aumentó significativamente producto de la transferencia de competencias a la órbita de la provincia en lo que hace a la persecución de delitos de drogas.

“Cuando se habla de la guerra contra las drogas nosotros decimos que en realidad se trata de una guerra contra las mujeres porque ellas son las primeras en ir a la cárcel. En lugar de desbaratar a las grandes organizaciones, la cadena se corta por el eslabón más débil. Por eso las cárceles están llenas de mulas”, concluye Lauro.

Extranjeras

Dentro de la población femenina detenida por delitos vinculados a las drogas, el 48 % son de nacionalidad extranjera. De este total, la gran mayoría proviene de la región latinoamericana (93.3 %).

Población trans

En los últimos años, se ha verificado un aumento en las detenciones de mujeres trans por causas vinculadas a delitos de drogas. Sin embargo, a través de datos recogidos por el Equipo de Género y Diversidad Sexual se pudo relevar que hasta diciembre del 2015 solo había 27 mujeres trans alojadas en la Unidad Residencia VI del Complejo Penitenciario Federal I.

La situación en la provincia de Buenos Aires

En las cárceles de la provincia se concentra el 70 % de la población de mujeres privadas de la libertad del país. La mayor parte de se encuentra detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes (el 31%). Le siguen en importancia las detenciones por robo (26%); y los homicidios (21%). Al igual que en el ámbito federal, en las cárceles bonaerenses no se impulsa la desnaturalización y prevención de la violencia de género.

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