Cuando todavía no se cumplió una semana de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a Milagro Sala en la Unidad Penal N° 3 de Mujeres de Alto Comedero, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le dio un espaldarazo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En un fallo de 90 páginas ratificó la condena a tres años de prisión en suspenso que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal jujeño le impuso a la líder de la Tupac Amaru el 28 de diciembre pasado por el delito de instigación al daño agravado por un escrache realizado en 2009 en el que no estuvo ni ella ni miembros de la organización barrial. También ratificaron la condena para la presa política Graciela López.
Las abogadas defensoras de las dirigentes sociales Elizabeth Gómez Alcorta y Paula Álvarez Carrera adelantaron que recurrirán el fallo, al que calificaron como vergonzoso y arbitrario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país ahora deberá decidir tres planteos sobre la Parlamentaria del Mercosur arbitrariamente detenida desde el 16 de enero de 2016.
El fallo de la Sala IV fue a la medida de Morales: no solo confirmó las condenas, sino que además revocó la decisión de los jueces de sobreseer por prescripción de la acción penal a Sala y López por la acusación de amenazas. En el primer punto de su resolución la Cámara ordenó al tribunal que dicte un fallo ajustado a derecho. Ese reclamo de casación había sido realizado por los abogados del gobernador, único querellante de la causa.
La resolución lleva las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani quienes, como el tribunal jujeño, creyeron a pies juntillas los dichos del empleado de la administración de Morales, René Cochinillo Arellano y su esposa Cristina Chauque, quienes fueron beneficiados antes del juicio con al menos un millón de pesos, según reveló el periodista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, poco antes de la sentencia de diciembre pasado.
Gómez Alcorta y Álvarez Carrera señalaron que en el fallo los jueces de Casación omitieron de forma absolutamente deliberada y arbitraria contestar los principales planteos de la defensa que realizaron durante más de tres horas en la audiencia previa que aseguraron que fueron contundentes. También remarcaron la omisión del pedido de absolución realizado por el fiscal Javier De Luca, quien además acusó por falso testimonio a Cochinillo.
La condena a Milagro Sala está sustentada en la delación de Cochinillo. Y los jueces no solo le creen, sino que desmerecen el hecho de que con esa imputación se haya beneficiado con un puesto de trabajo en la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales del gobierno de Morales, cosa que ocultó durante el juicio oral realizado en diciembre del año pasado.
Tan impúdica es la connivencia que el viernes, cuando el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren, y la vice Esmeralda Arosemena de Troitiño se reunían con el gobernador, Arellano se pavoneaba en el primer piso de la casa de gobierno, a metros los periodistas. Solo se ruborizó cuando lo fotografiaron y se ocultó en la oficina del Secretario General de la Gobernación, Fredy Morales. Y en cuanto pudo, puso los pies en polvorosa.
Con este fallo, la Sala IV rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas Milagro Sala y María Graciela López y confirmó la sentencia que condenó a Sala y López a las penas de tres años de prisión cuya ejecución se dejó en suspenso, por considerarlas instigadora y coautora, respectivamente, del delito de daño agravado. El otro condenado, Gustavo Ramón Salvatierra no recurrió la sentencia.
Hornos, Borinski y Germiniani consideraron que a partir de las declaraciones de Chauque y Arellano, a quien las defensas de Milagro Sala acusaron de falso testimonio al advertir que mintieron en al menos ocho oportunidades, el tribunal oral tuvo por acreditada la existencia de reuniones previas al hecho en la casa de Milagro Amelia Ángela Sala.
El razonamiento es el mismo que planteó la acusación de Gerardo Morales desde el principio de la causa y que únicamente se sostiene con la declaración de su empleado, René Cochinillo Arellano: que en esa reunión la referente de la Tupac ordenó realizar un escrache violento contra el entonces Senador Nacional Gerardo Morales y otros funcionarios públicos que incluyó violencia en las cosas que culminaron con los daños verificados.
El escrache fue realizado el 16 de octubre de 2009 en el Consejo de Ciencias Económicas cuando Morales realizaría una disertación sobre el control de los fondos públicos junto al entonces presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy y el auditor General de la Nación, Alejandro Nieva. De la protesta no participó ni Milagro Sala ni integrantes de la Tupac.
Después de leer las 90 páginas de esta sentencia de Casación seguimos sin saber aun exactamente de qué hecho participó cada una de las personas que fueron condenadas. Qué se le reprocha a cada uno, de qué se los acusa a cada uno, concluyeron las abogadas defensoras de Sala y López.
