Cómo es la nueva ley de Inteligencia que prepara un grupo de expertos a pedido de Alberto Fernández

El gobierno quiere ampliar con una norma las reformas que aplicó por decreto. Escuchas, gastos reservados y relación con la Justicia, entre los temas centrales. La Corte sigue sin definir la adaptación al DNU que impide a los espías ser auxiliares de la Justicia.

31 de mayo de 2020

El presidente Alberto Fernández buscará transformar en ley las reformas al aparato de espionaje estatal que aplicó desde diciembre mediante decretos de necesidad y urgencia. La reforma será más amplia, pero tiene como disparadores dos cambios que, en algunos casos, pasaron prácticamente inadvertidos y conmovieron a la eterna autonomía de los aparatos de inteligencia del Estado desde la recuperación de la democracia.

En diciembre, junto a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la designación de la fiscal federal Cristina Caamaño como titular, el presidente dispuso el fin de los gastos reservados de ese organismo y revirtió la decisión de su antecesor, Mauricio Macri, de extender el secreto a todas sus multimillonarias erogaciones. El segundo, mucho menos advertido, es el DNU 214/2020 que prohibió "en forma taxativa y sin excepciones" que desarrollen tareas de investigación criminal a pedido de jueces y que "desarrollen tareas represivas, tener facultades compulsivas o realizar funciones policiales".

El decreto impide esas tareas "auxiliares" desde marzo, pero hasta ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación no definió ningún mecanismo para articular sus alcances en los expedientes abiertos en los tribunales federales antes de esa decisión. Esos casos siguen contando con la intervención del aparato de espionaje por requerimiento de distintos magistrados. El máximo tribunal no se pronunció y no hay señales de que lo haga en el futuro inmediato. Además, cuenta con el control total del aparato de escuchas telefónicas desde que Macri decidió quitarle ese control a la Procuración General de la Nación para entregárselo al máximo tribunal con el rimbombante nombre de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo).

El traspaso fue ordenado por el DNU 256/2015 y luego fue sofisticado con el DNU 102/2017 que les dio mayor poder de intervención a los camaristas federales. Esos dos textos fueron analizados esta semana por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La sesión terminó a los gritos y con un portazo de los diputados de Juntos por el Cambio, que se negaron a darle tratamiento porque sostienen que ambos tenían dictamen previo. Aun así, ambos decretos no contaron con el aval de la comisión, pero su vigencia sigue en pie gracias a una laguna reglamentaria del Congreso que desde la recuperación democrática nunca anuló un decreto presidencial en ambos recintos. Para hacerlo, ambas Cámaras deberían sesionar para terminar de desactivarlos, un escenario que por ahora aparece remoto.

Para ordenar parte de ese río revuelto, Caamaño firmó esta semana una resolución que creó la Comisión para la Reforma de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Ese panel deberá "realizar una revisión integral de las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional". El punto es parte del mandato que estableció el DNU 52/19, con el que Fernández intervino la AFI y le asignó la misión de elaborar "un proyecto de ley de reforma del sistema". La intervención de Caamaño tiene una duración de seis meses. Su mandato está por culminar, pero según informó La Nación, Fernández le ofreció continuar como próxima titular de la AFI.

El consejo para la reforma que fue convocado esta semana es la extensión de otro, de carácter consultivo, que comenzó a funcionar en febrero. Está compuesto a título personal por una serie de investigadores y especialistas que forman parte de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), un espacio impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), la Fundación Vía Libre y el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad (NEGyS) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Aunque su creación es previa, durante los últimos cinco años la ICCSI ha sido la única voz de la sociedad civil que alertó sin miedo sobre el desarrollo de una nueva y vertiginosa crisis del aparato de inteligencia nacional. Advirtió de la gravedad institucional que implicaba el traspaso del aparato de escuchas a la Corte, también se pronunció sobre la falta de idoneidad del escribano Gustavo Arribas como titular de la AFI durante el mandato de Macri y también reclamó el urgente final de los gastos reservados que reinstauró la administración de Cambiemos.

El diseño de la nueva norma tendrá como eje la serie de planteos que hizo la ICCSI en marzo del año pasado. Además de cortar el nexo pernicioso entre el Poder Judicial y la AFI, también plantearon el fin de los gastos reservados y sugirieron avanzar en una reforma que no sea tan integral, sino que permita construir consensos multipartidarios. Uno de esos ejes buscará regular el control de las escuchas, pero también impulsar una ley de protección de las comunicaciones, para que la AFI se dedique a analizar información de alta calidad estratégica para el país y abandone las tareas de investigación criminal. Ese giro abre otro desafío, porque esas tareas son desarrolladas por las fuerzas de seguridad federales, que siguen utilizando esa calificación para hacer espionaje interior, una sospecha que también apunta a las delegaciones que tiene la AFI en las provincias. "Si ya no tienen misiones de auxilio para la Justicia, su misión se hace aun más vidriosa que antes", confió a este diario una alta fuente vinculada al nuevo diseño.

El tema de los gastos reservados requerirá una nueva definición del alcance del secreto y del manejo de la información calificada, "porque si no, todo lo que ocurre y está vinculado a la inteligencia se interpreta como secreto, un error que ha propiciado los desmanejos de la actualidad", detalló la fuente.

Los cambios de la nueva ley tienen limitaciones, ya que implicará nuevos mecanismos para ordenar el papel de las fuerzas de seguridad federal y las policías provinciales, porque todas cuentan con áreas de espionaje tan vidriosas como las que funcionan en la AFI o en el Ministerio de Seguridad.

La otra clave tendrá que ver con los organismos de control. Hasta ahora la Comisión Bicameral tuvo poca o nula participación y la idea es impulsar controles cruzados y compartimentados que incluyan al Congreso, pero que también al Poder Judicial y otras instancias ciudadanas para limitar el poder que hasta ahora tiene la AFI y la decena de organismos de espionaje del Estado argentino más dedicados a controlar a políticos, periodistas y organizaciones sociales que a identificar amenazas estratégicas para la Nación.

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