Las 300 organizaciones que desde 1996 integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) y, en aquel vigésimo aniversario del golpe militar, organizaron la primera movilización de repudio al gobierno de facto, por primera vez, y ante el desarrollo de la pandemia del Coronavirus, optaron por no movilizarse a la Plaza de Mayo.
La suspensión de la marcha callejera, sin embargo, no impidió que la organización en la que desde siempre se referencian dirigentes de derechos humanos como Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres Línea Fundadora, el fallecido Enrique “Cachito” Fukman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y Adolfo Pérez Esquivel, fundador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), elaborara su documento que difundieron a través de un video documental.
La declaración tomó estado público a las 11 de la mañana de este martes 24 de marzo, y pone el foco en el reclamo de justicia para los 30 mil detenidos desaparecidos y la cárcel a los genocidas. Pero, como es tradición, también se refiere a la represión estatal ejercida contra militantes populares bajo los gobiernos democráticos y al mismo tiempo, asume como propias las consignas por las que lucharon y fueron asesinados por el terrorismo de Estado los militantes desaparecidos y que, consideran, sigue en plena vigencia.
El documento se propone “reivindicar a una generación que dio su vida por cambiar el mundo, y lograr una Argentina sin explotación, sin opresión y sin miseria”. Al mismo tiempo ratifican la lucha «para que se reconozca con su verdadero nombre: Genocidio” que “tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina”.
El texto, está dicho, también denuncia las políticas de los gobiernos que, en democracia, actuaron en favor de una reconcilación con las fuerzas armadas: “somos parte de un movimiento que lucha contra las políticas de olvido, de perdón, y de reconciliación con los asesinos, con los torturadores, con los violadores, con los apropiadores, con quienes fueron sus cómplices civiles, empresariales, religiosos y políticos”. Por eso, aseguran, “no nos olvidamos de los decretos alfonsinistas que juzgaron a las cúpulas militares y a integrantes de las organizaciones armadas en base a la teoría de los dos demonios; los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final, la designación de Milani en el kirchnerismo, el negacionismo del macrismo y su intento de implantar el 2×1 para liberar a los genocidas condenados”.
Con todo, destacan que entre 2003 y 2017 “se dictaron 1354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones” pero, critican, “casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad”.
Por eso, aseguran, “la lucha no termina siquiera cuando los genocidas son condenados, porque los socios de la impunidad en el poder judicial otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a torturadores, asesinos y apropiadores”. En este punto, el documento insiste en un reclamo que ninguno de los gobierno posteriores a la llegada de la democracia concedió y que es el de la “apertura de los archivos secretos de la dictadura, para conocer el destino de cada uno de nuestras y nuestros compañeras y compañeros y para conocer el paradero de sus bebés que fueron apropiados.”
Del mismo modo, insisten en la lucha por la garantía de los derechos humanos y democráticos de los militantes populares en la actualidad: “exigimos la libertad de las presas y presos políticos o por luchar, como Milagro Sala y Luis D’Elía; el fin de las persecuciones, como a Sebastián Romero, y el cierre de las causas contra Daniel Ruiz, César Arakaki y demás activistas”. En la misma línea critican la política oficial de “transparentar” los fondos de la AFI y exigen “disolverla, como a todos los servicios secretos” así como “desmantelar el aparato represivo” y “poner fin al gatillo fácil, que cobra la vida de un joven pobre por día”.
Sobre el final, el documento cita al periodista desparecido Rodolfo Walsh para señalar el vínculo existente entre la represión y la política económica: “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, por eso el EMVyJ destaca que la deuda externa «antes del golpe era de 7 mil millones de dólares y al caer la dictadura trepó a 49 mil millones. Después, todos los gobiernos pagaron y pidieron más. Nunca nos “desendeudamos”. Con Macri se dio el mayor endeudamiento, que hoy supera los 310 mil millones de dólares”.
El documento no se priva de opinar sobre el contexto actual signado por la pandemia del coronavirus que, aseguran, “agravó la crisis sanitaria que ya existía”. En ese punto, aseguran que “la cuarentena es necesaria, pero no suficiente” y señalan que “lo que sirve es concientizar y tomar medidas eficaces como el testeo masivo para la detección precoz del virus”. Al mismo tiempo, repudian “la presión militarista” y, se adelantan, “cualquier intento de declaración de estado de sitio”.
Por último, ponen el foco en el actual gobierno de Alberto Fernández a quien le exigen el aumento general de los salarios, planes sociales y jubilaciones, critican la suspensión de la movilidad jubilatoria y reclaman el 82% móvil y el aborto legal así como el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI.
En el cierre, y como es tradición, se refieren a la orientación del gobierno con relación a la geopolítica global. Exigen “el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. e Israel”, rechazan “las bases extranjeras en el país y los ejercicios militares con el imperialismo” y reclaman que la Argentina salga “del Grupo de Lima y retire sus tropas de Haití y Chipre”.
