Correo Argentino: la justicia determinó su virtual intervención ante las sospechas de vaciamiento

La medida tomada sobre la empresa familiar de los Macri va en línea con lo que viene denunciando la fiscal Gabriela Boquín desde hace dos años. Al mismo tiempo, la Corte Suprema deberá decidir si prorroga o no los plazos para la firma del polémico acuerdo sobre la deuda que la empresa tiene con el Estado.

(Foto: AFP)
11 de Septiembre de 2019

Una jueza en lo comercial de primera instancia dispuso una virtual intervención de la empresa Correo Argentino, al mismo tiempo que otro tribunal le trasladó a la Corte Suprema la decisión de prorrogar plazos procesales para que el Estado Argentino, representado por el actual gobierno, disponga de más tiempo para establecer si la quita de más del 98 por ciento de la deuda de 70 mil millones de pesos es conveniente o no para el erario.

La jueza Marta Cirulli concretó la designación de una suerte de interventor judicial en la empresa de la familia Macri, una medida que  había sido pedida por la fiscal Gabriela Boquín hace dos años. Según determinó la jueza, Correo Argentino ocultó información sobre su real estado patrimonial, especialmente en lo referente a deuda po- concursal. Desde hace tiempo la fiscal impulsa una investigación que parece apuntar al vaciamiento de la empresa, de modo tal que ante una eventual resolución de la causa (que ya lleva más de tres lustros de tramitación) no haya a quién cobrarle.

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La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo dispuso un peritaje sobre la situación del Correo para determinar si la gestión para la condonación casi total de la deuda fue un ejercicio abusivo por parte de las autoridades nacionales. En esa denuncia, que formuló un abogado hace más de un año y que prácticamente no había tenido movimientos, aparecen imputados la propia jueza Cirulli y los síndicos designados para velar por los intereses de los acreedores.

En simultáneo, la Cámara en lo Comercial le envió a la Corte Suprema el expediente principal, en el que el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, un hombre de estrechísima relación con Mauricio Macri, pidió un nuevo plazo de 180 días para decidir si el Estado acepta o rechaza una nueva propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso.

La acción de la Procuración luce difícil de entender en el actual contexto político.  Si la decisión pasara al futuro gobierno, difícilmente el acuerdo tal como está sea aceptado. Pero fuentes cercanas a la investigación explicaron que el planteo es anterior a las PASO y se basaba en un manejo de tiempos diferente al que se impone en el nuevo escenario.

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