Corte y confesión

Columna de opinión de Adrián Murano.
4 de Abril de 2018

La sesión pintaba para bochorno. Y en eso no defraudó. La última gota fue el papelito que el ministro de Finanzas Luis Caputo le hizo llegar a la diputada Gabriela Cerruti donde pedía clemencia en honor a sus hijos. No está claro si se trató de un arrebato infantil o una picardía para detonar un escándalo que derribara la audiencia, como finalmente ocurrió. Lo cierto es que por acción del ministro o torpeza de la legisladora, Caputo logró el objetivo que urdió durante semanas con sus asesores contables, legales y políticos: decir poco y nada sobre la graves denuncias que pesan en su contra y hundir la sesión en el chiquero que alimenta al país intratable.

Así y todo, el ministro algo dijo. En su descargo inicial, Caputo aceptó haber tenido a su nombre las acciones de Princess International Group, una offshore con sede en Islas Caimán que brilló por su ausencia en la declaración jurada que el funcionario presentó a la oficina anticorrupción en 2015, cuando asumió como secretario de Finanzas. La excusa de esa omisión: “No las declaré porque las tuve como tenedor fiduciario de acciones que pertenecían a terceros”. En palabras llanas, el ministro confesó haber sido testaferro.

La figura de tenedor fiduciario existe en algunos países, pero no en la legislación Argentina, donde Caputo debe tributar. Tres tributaristas consultados para este artículo coincidieron en el diagnóstico: la justicia debería investigar si el ministro formó parte de una asociación ilícita dedicada a encubrir bienes en el extranjero y evadir o eludir el pago de impuestos. El impulsor de la esa demanda, sostienen los expertos, debiera ser la AFIP. Desde esta semana, esa repartición está en manos de Leandro Cuccioli, ex Secretario de Servicios Financieros del Ministerio que dirige, precisamente, Luis Caputo.

Como su ex jefe y varios de los ministros del gabinete macrista, Cuccioli posee buena parte de su patrimonio en el extranjero. De los 7 millones de pesos que declaró poseer en 2017, más de 6 millones están en cuentas y bienes del exterior: 50% de un inmueble en el Reino Unido de 170 metros cuadrados, valuado en $3.220.549, y 100% de otro inmueble en Uruguay, por $890.145.

Sería una saludable rareza que el flamante titular de la AFIP presentara una demanda contra su antiguo jefe. La confesión de Caputo, de todos modos, ya tiene destino judicial. Desde hace un par de meses, el fiscal Carlos Rívolo lleva la denuncia por “omisión maliciosa” que derivó del hallazgo de las sociedades que el ministro no declaró. “Yo no tenía que declarar esas acciones ante la OA ni ante la AFIP porque al ser una tenencia nominal no es parte de mi patrimonio. Está declarado por su dueño. Yo declaré mis ingresos por Axis, LC y Noctua”, anticipó Caputo en el Senado, donde evitó dar detalles cruciales, como la identidad del supuesto verdadero dueño de esas acciones. Tampoco explicó por qué no dio esta versión cuando fue consultado en noviembre del año pasado por los periodistas del consorcio internacional que descubrió la offshore. En ese momento, el ministro dijo que era “apenas un asesor” de Noctua. En los documentos presentados por esa firma ante la SEC de los Estados Unidos, sin embargo, Caputo figura como uno de sus controlantes y accionista indirecto.

El ministro pudo sortear estos y otros interrogantes gracias a una trampa pergeñada por el oficialismo y sus aliados del PJ. La maniobra consistió en imponer que las preguntas se hicieran en bloque, de modo que el ministro pudiera elegir qué contestar y qué no. La queja de la oposición cayó en el saco roto de una votación donde oficialistas -sin mayoría- y sus aliados del bloque peronista que conduce Miguel Ángel Pichetto alfombraron el paso de Caputo por la comisión. Custodiado por expertos, el ministro justificó el uso de guaridas fiscales, fingió demencia sobre los negocios de sus ¿ex? empresas con la deuda pública y se fue a tiempo para el almuerzo luego de ordenarle al presidente de la bicameral que concluya la sesión. “Levantala” le dijo al senador José Mayans (Pj-Formosa) apenas comenzó el griterío por el dichoso papelito. Complaciente, el legislador acató.

Por lo que se vio en el senado, Caputo se convirtió en el primer beneficiario directo de la interna peronista entre quienes plantean que “hay 2019” y quienes proponen tirar la toalla y aguardar hasta el 2023. En el segundo grupo están los gobernadores que en la previa a la comparecencia de Caputo hicieron circular una encuesta peculiar. “¿Qué tienen que hacer los dirigentes del peronismo frente al gobierno nacional?” preguntó la consultora de Hugo Haime entre personas que reconocieron haber votado a las distintas variantes peronistas en las últimas elecciones. Según el sondeo, el 48% pidió “ser dialoguistas, pero sin bajar las banderas”, el 32% recomendó “colaborar con el gobierno nacional” y sólo el 15% se manifestó a favor de “confrontar”.

El resultado de la exótica encuesta, claro, está en línea con la “renovación” del peronismo que promueve el Gobierno junto a los senadores del Grupo Pichetto y los gobernadores “opo-oficialistas” como José Manuel Urtubey. Las escenas del senado prueban que esa entente está aceitada. Enfrente, por ahora, reina la diáspora.

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