Cuando este lunes los casi 8000 centros médicos de primer nivel de atención comiencen a recibir el botiquín mensual de medicamentos correspondientes al programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), se encontrarán con una caja «casi vacía». No tendrán aspirinas, ibuprofeno, antiinflamatorios, antibióticos de primera elección, antiparasitarios, anticonvulsivos, diuréticos y otros remedios indispensables para atender a los 16 millones beneficiarios que dependen del sistema público de salud.

En las provincias también se denuncia la falta de reactivos para diagnosticar el VIH y tratar la tuberculosis. La crisis ya había sido anunciada al ministro Jorge Lemus en octubre pero la cartera nacional tampoco cumplió con el pedido de provisión de emergencia.

«La proyección actualizada de stock para el 20 de febrero arroja que el Programa no cuenta con veintisiete (27) de los sesenta y ocho (68) medicamentos que componen el vademécum», señala la carta fechada el 20 de enero y enviada al ministro Lemus por Claudio Gabriel Calviño, coordinador técnico administrativo de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio. La nota a la que tuvo acceso Tiempo adjunta otras comunicaciones previas de la coordinación del programa en las que se advierte que no se hicieron entrega de los medicamentos solicitados con carácter de emergencia y que hay al menos ocho remedios que tampoco fueron adjudicados en la licitación de diciembre último (la primera en los casi 15 meses de gestión macrista).

Esta situación generó incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del Ministerio. Hasta el jueves aún no sabían cómo iban a responder a los compromisos asumidos para este mes. A cinco días del inicio de la distribución del botiquín, el stock de remedios dejaba a las cajas «casi vacías», aseguraron a Tiempo.

«Nosotros hemos tenido faltantes todo el 2016 de todo el listado de medicamentos que se venían sosteniendo con el programa Remediar (actual CUS). Ahora tenemos porque en marzo pasado vimos cómo venía la situación y la decisión del gobernador Sergio Casas fue remplazarlos utilizando nuestro presupuesto», cuenta Judit Díaz Bazan, ministra de Salud Pública de La Rioja. «Tuvimos faltantes en continuidad y en el numero comprometido, pero no solo medicamentos de primer nivel de atención, también reactivos de VIH y hasta anticonceptivos», agrega.

«El programa es una ayuda importante para la provincia. Representa casi un 50% de los medicamentos que provee el sistema de salud. Y lo que estamos recibiendo ahora llega apenas a un 20%», especifica Valeria Rubano, responsable riojana del CUS. «Además, a fines de año se solía mandar una planificación a la provincia con los medicamentos que íbamos a recibir por mes, pero en 2016 no pasó y me complica para trabajar con droguerías locales para remplazar», añade.

En La Rioja, la situación afecta a 250 centros de salud en los que se atiende la población más vulnerable que no posee obra social. Pero a nivel nacional la situación se repite, con distintas proporciones, en los 7934 establecimientos en los que se atienden 16 millones de personas, según consigna la página web del Programa. Los datos del déficit a lo largo de estos meses son confirmados desde Tucumán, Córdoba, Catamarca, Santa Fe y otras provincias en las que prefieren mantener el anonimato para no poner en riesgo su trabajo ni la provisión de remedios.

No es por falta de dinero

En el Ministerio de Salud recuerdan que cuando Jorge Lemus asumió le aseguró a quien quisiera oírlo que iba a terminar con el programa Remediar, creado por Ginés González García en 2002 para garantizar el acceso a medicamentos en un contexto de profunda crisis económica. El anuncio generó preocupación y rechazo, por lo que tuvo que barajar y dar de nuevo.

Remediar se había transformado en un programa emblema de la cartera que mantuvieron los sucesores de González García y las provincias se apoyaron allí para garantizar la salud de sus habitantes. Ante esa situación la decisión de Lemus fue cambiar su denominación por CUS, lo que implicó una serie de gastos administrativos y de capacitación.

Esa inversión, sin embargo, no es la que dejó a las provincias sin medicamentos. El Programa de «Reforma del Sector Salud», que incluye el CUS, subejecutó 400 millones de pesos en 2016, el equivalente a casi el 30% del presupuesto del área. Además, en agosto pasado, Macri firmó el Decreto 908 que creaba una partida especial «por única vez» de ocho mil millones de pesos provenientes del Fondo Solidario de Distribución (que se descuenta de los salarios de los trabajadores en blanco) para relanzar el programa rebautizado como CUS, que Lemus incluso promociona como una de las «doce políticas sustantivas» de su gestión.

Lo extraño es que aún luego de anunciar esa transferencia extraordinaria de dinero y a pesar de las denuncias por falta de medicamentos, la plata siguió sin dirigirse a la compra de remedios. En 2017 el programa de «Reforma del Sector Salud» tiene presupuestados 1523 millones de pesos. Pero cumplidos casi dos meses, apenas se ejecutaron 33,9 millones, es decir el 3,19% de lo disponible.

Tiempo intentó hablar con el ministro para conocer su versión, pero desde el área de prensa de la Unidad Ministro respondieron que «elevarían el pedido de nota» y contestarían. La respuesta nunca llegó.

Falta de stock y preocupación

A fines de año pasado la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) hizo pública una carta en la que alertaba por la falta de medicamentos para tratar la tuberculosis. El caso se hizo conocido junto con las denuncias por falta de reactivos para diagnosticar VIH y para tratar casos de enfermos de hepatitis C. El gobierno respondió con reuniones con los distintos sectores y promesas de regularización. Ninguna de ellas se cumplió hasta el momento, según confirman desde SADI y la fundación HCV Sin Fronteras que representa a los enfermos de hepatitis.

El mensaje del Ministerio es que la gestión anterior no hizo licitaciones en los últimos meses de 2015 y que ellos tuvieron que empezar de cero. Pero fuentes ministeriales añaden que a mediados de año la cartera preparó una licitación con severas fallas que tuvo que ser realizada de nuevo, perdiendo más de seis meses. El «error» consistía en que entre los requisitos de los pliegos no estaba que los laboratorios ni los medicamentos se ajustaran a las regulaciones y controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Los empleados atribuyen las culpas a María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que entonces ejercía como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS), y que a pesar de ello fue premiada con el cargo de Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio por medio del decreto 1197 publicado el 29 noviembre pasado (ver aparte). Parece ser que en este gobierno todo queda en familia y las consecuencias las sufren los más vulnerables. «

El rol de la esposa de Triaca y su ascenso ruidoso

Una semana después de que Claudio Calviño firmara la nota advirtiendo que no había stock de casi la mitad de los remedios que debían distribuirse a las provincias, él y toda la coordinación del CUS fueron despedidos.

El desplazamiento de Calviño (responsable administrativo), Norma Riva (responsable farmacéutica) y Ricardo Teijeiro (responsable médico), se sumó al desplazamiento de Ernesto Antunez, jefe de Gabinete del Ministerio, que había trabajado bajo la gestión PRO en la capital. Este equipo técnico había sido puesto con el objeto de reorganizar el programa de medicamentos, pero se toparon con la falta de respuesta ante sus pedidos de compra de remedios. Quien debía dar curso a los expedientes era María Cecilia Loccisano, esposa de Jorge Triaca (ministro de Trabajo de la Nación), designada como Coordinadora General de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS), ya que la plata provenía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Loccisano no solo tuvo a cargo el armado de la licitación para la compra anual de medicamentos que demoró hasta diciembre, sino también de la gestión final del abastecimiento de emergencia que reclaman las notas. Curiosamente esto le valió un ascenso a la subsecretaria de Coordinación Administrativa y, desde allí, promovió en remplazo de la cúpula profesional del CUS a su amiga Claudia Díaz Villalba, una psicóloga social uruguaya, y al licenciado en Ciencias Políticas Leandro Mota, que trabajaban junto a ella en la UFIS. Ninguno de los dos tiene aún la designación oficial.

Desfinancian el programa Incluir Salud

Desde principios de año el Programa Incluir Salud del Ministerio a cargo de Lemus dejó de cubrir la leche de los niños con parálisis cerebral. Se trata del programa federal (ex Profe), que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años ticon Pensiones No Contributivas (PNC). En Mar del Plata, el colectivo «Mamás en Lucha» realizó una manifestación y luego un acampe. Mandaron cartas documento y preparan un amparo para que el Estado reactive el programa.

En los últimos meses de 2016 el servicio comenzó a ser deficiente y el 27 de diciembre la empresa que suministraba los alimentos (Nutrihome SA) les envió una comunicación a las familias notificándolas de que por falta de pago suspendería el servicio gratuito de leche para los chicos. «Nuestros hijos sólo se alimentan por un botón gástrico. No pueden comer por boca ya que no saben masticar, no pueden deglutir. Si nuestros hijos no comen, se mueren», denunció Victoria Torres, madre de Abril (14 años). La diputada nacional Carolina Gaillard (FpV), presidenta de la Comisión de Salud, afirmó que la «insensibilidad de este gobierno no tiene límites», y adelantó que «será el primer tema a tratar en Comisión».