Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales denuncian la persecución de líderes y activistas populares en Colombia, en el contexto de cotidianas masacres que para la ONU exigen medidas concretas de las autoridades para ponerle fin al horror en el país sudamericano.
Desde Buenos Aires, Joice Barbosa, integrante del movimiento Congreso de los Pueblos, alerta sobre la profundización de la violencia desde la llegada de Iván Duque al poder, en agosto de 2018. “Este año en particular no da respiro, llevamos más de 80 masacres, con mas de 570 muertes, además de los asesinatos selectivos de personas que hacen tareas sociales”, dice Barbosa a Tiempo. La joven es una de los casi 125.000 colombianos que se exiliaron en Argentina a raíz de la dramática situación que se vive en su país.
Barbosa denuncia la detención arbitraria de Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, que militan en la Coordinación Nacional Agraria y la Asociación Nacional Campesina de Colombia, organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos y para ser más exactos, del derecho a la vida en ese territorio. “Muchas de las persecuciones se relacionan con ambientalistas que se enfrentan a las multinacionales, petroleras, mineras. Algo sobre lo que alertó el relator de las Naciones Unidas”, agrega.
De hecho, este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, presentó un informe donde registra las matanzas en ese país mediante “la intensificación de la violencia perpetrada por grupos no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, que tienen como objetivo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos”.
Este Informe Bachelet -que por cierto no tuvo la misma repercusión que los que involucran al gobierno de Venezuela- computa 66 masacres y 255 muertes este año, a los que suma 120 defensores de los DDHH y 244 combatientes de las FARC que firmaron los acuerdos de paz con el ex mandatario Juan Manuel Santos en 2016. Para el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) durante este año hubo en cambio 86 masacres. La última fue el mismo martes, con cuatro víctimas fatales y dos menores heridos en el municipio de Armenia.
“La violencia se ha trivializado en Colombia -señala la dirigente chilena- después de décadas de conflicto armado, pero nadie debería aceptarlo”.Es tal en nivel de violencia que a raíz del asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito, el 3 de diciembre, un millar de integrantes de esa comunidad optaron por huir a un pueblo cercano en busca de protección de las autoridades.
Adelso Gallo, uno de los líderes detenidos el mismo martes, coordina una organización campesina en la Orinoquia colombiana y fue apresado en la ciudad de Villavicencio, Meta. Teófilo Acuña, por su parte, es de la región de Magdalena Mario, fue presidente de la Federación Agro minera del sur de Bolívar y fue vocero del Coordinador Nacional Agrario (CNA), del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y fue detenido en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Robert Daza, en tanto, forma parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, una organización del Norte de Nariño y Sur del Cauca, y fue detenido en Pasto, Nariño.
La Asociación Nacional Campesina José Galán Corzo denunció a través de un comunicado que «la detención de líderes sociales hace parte del recrudecimiento de la estigmatización y persecución al movimiento popular», y acusa directamente al Estado colombiano. Pero no se quedan en eso y también aseguran que existe un esquema armado junto con “las empresas nacionales y trasnacionales de explotación minero-energética” que son responsables de “los montajes judiciales contra los líderes sociales y por las afectaciones causadas a las familias y al movimiento social».
“La estrategia que es de capturas masivas en distintos puntos del país -detalla Barbosa- luego se los judicializa con un delito que es el de rebelión. Era la figura con que se acusaba a los integrantes de las guerrillas. De ese modo se los vincula con grupos armados con lo que deslegitiman su labor territorial, y se los estigmatiza a través de juicios mediáticos. El gobierno muestra que hace un trabajo contra el crimen, pero en realidad desarticulan la tarea territorial de los líderes populares, a los que trasladan a penales alejados de sus familiares. Como no hay pruebas los procesos se dilatan muchísimo y provocan el desgaste en las defensas. Al mismo tiempo, como son detenciones masivas, la gente se dispersa porque los movimientos no dan abasto para cubrir todos esos frentes”.
