En uno de sus últimos actos de servicio como procurador general interino, Eduardo Casal desplazó del cargo de fiscal federal a Juan Pedro Zoni, quien tenía a su cargo la investigación penal por presunta defraudación contra el Estado en el manejo de la causa Correo Argentino (que afecta directamente a la familia Macri) y, antes, había promovido la investigación por presunto “lavado de activos” contra Sara Garfunkel, la madre del difunto fiscal Alberto Nisman, por la propiedad de terrenos en Punta del Este y otras inversiones sobre las cuales existían dudas sobre su origen.

 El argumento fue formal: Zoni fue designado por concurso para una fiscalía en Santiago del Estero que nunca fue creada. Era un fiscal sin fiscalía, y Alejandra Gils Carbó lo designó –primero interinamente, luego de manera definitiva- en la fiscalía federal número ocho de la Capital Federal. Según Casal, el traslado fue nulo porque “el magistrado debe estar cumpliendo funciones en un cargo para que pueda ser trasladado a otro lo cual, según ha quedado expuesto, no ha ocurrido en el caso. Es que, al no haberse habilitado la dependencia de origen, mal podía invocarse la existencia o disponerse un traslado desde ella hacia otra”.

 Lo curioso es que al anular la designación como fiscal federal porteño, la situación se retrotrajo al estado anterior. Es decir Zoni volvía a ser fiscal sin fiscalía, porque la de Santiago del Estero sigue sin crearse. Sin embargo, en la misma resolución, el procurador Casal lo designó en una fiscalía de instrucción, donde se investigan delitos comunes y no casos de corrupción de funcionarios públicos.

 Sobre la designación como fiscal federal, Casal dijo: “En tales circunstancias, al no tratarse aquí de un auténtico traslado, la decisión en examen carece del sustento normativo que se invocó en su apoyo, e importó así una verdadera designación directa en otra fiscalía distinta de aquélla para la que el doctor Zoni había sido efectivamente nombrado, lo que no se encuentra entre las atribuciones conferidas a esta Sede”. La fiscalía en lo Criminal y Correccional número 34, para la que fue designado ahora Zoni por Casal, tampoco es la que le corresponde. Pero en este caso, la “verdadera designación directa” vale.

 El procurador interino (dejará de serlo próximamente, pues ya se publicaron en el Boletín Oficial de la candidata de Macri, Inés Weinberg de Roca, para suceder definitivamente  a Gils Carbó), avaló tácitamente en la misma resolución otros traslados. “Tampoco sirve para sustentar la decisión bajo análisis la referencia a los dictámenes de la Asesoría Jurídica, a la que no se dio intervención en este caso, pues ellos fueron emitidos en relación con supuestos que se dicen análogos pero que no lo son. En efecto, a diferencia del presente, los antecedentes que se citaron se refieren, precisamente, a ‘magistrados que se encontraban prestando funciones en una fiscalía y fueron trasladados a otra”.

 ¿Quién está en esa situación? Por ejemplo, Ignacio Mahiques, fiscal del fuero penal ordinario designado para colaborar con Gerardo Pollicita en las acusaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mahiques es hijo de un juez de Casación que fue antes ministro de Seguridad de la gobernadora María Eugenia Vidal, y hermano del viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

 “Considerando las necesidades funcionales que pesan actualmente sobre este Ministerio Público Fiscal debido a las numerosas vacantes existentes, entre otras jurisdicciones, en el fuero en lo criminal y correccional de esta Capital, resulta conveniente por razones de mejor servicio asignar transitoriamente al doctor Zoni en una de ellas, atento que los cargos en la sección para la que fue designado se encuentran cubiertos”, resume la decisión del procurador interino que sacó de la cancha al fiscal Zoni.