Detrás de la protección judicial a Macri se asoma una resistencia a la reforma

Los últimos movimientos en torno a la revisión de los nombramientos por decreto revelan el intento de un sector del Poder Judicial de retener su cuota de poder en defensa propia.
(Foto: Télam)
16 de agosto de 2020

Una serie de presentaciones y fallos, incluidos algunos de la Corte Suprema, parecen marcarle el territorio a la intentona del gobierno de forzar cambios en un deteriorado y desprestigiado Poder Judicial.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia resolvieron resistir una eventual reprobación en el Senado de la designación irregular de sus traslados de un tribunal otro decidida por decreto por el gobierno de Cambiemos.

Es curioso: para pasar de un tribunal oral a la Cámara Federal porteña (lo que, en los hechos, significa un virtual descenso, aunque –claro está– no en la percepción salarial), no hubo objeciones judiciales. En cambio, cuando se cuestiona el procedimiento porque acaso –nada menos– no respete el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la designación de magistrados, es decir el mismo camino pero de regreso, les piden a sus pares (otros jueces) que los defiendan de un supuesto atropello institucional.

El Poder Judicial, fiel a su concepción endogámica, resolvió armarse –judicial y corporativamente– en defensa propia. Lo que aparenta ser el cuidado de las espaldas del expresidente Mauricio Macri es, en rigor, una preservación de su propio poder, que sienten amenazado por la iniciativa de reforma judicial.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti asumió el cargo el 2 de junio de 2015. Fue una de las últimas designaciones del kirchnerismo en la Justicia. Es una funcionaria de carrera, como la mayoría en ese fuero, históricamente.

Fue ella quien produjo el fallo que les regaló sendos artículos a los principales diarios del país acusando al gobierno (en su faceta kirchnerista) una desobediencia judicial que no parece tal.

¿Otra vez opera la mesa judicial del macrismo, conformando un trípode mediático y político?

La investigación sobre las tropelías de la mesa judicial quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. Tiempo documentó días atrás que mientras se definía el envío de su pliego al Senado y su designación como magistrada visitó en seis oportunidades la sede central de la AFI: cinco veces para reunirse con Silvia Majdalani y una con Gustavo Arribas.

¿Eso significa que Capuchetti favorecerá a los exfuncionarios? Claramente no; no hay razones para dudar de su honestidad. Pero por mucho menos, decenas de jueces se excusan o son recusados para intervenir en expedientes.

Capuchetti quedó al frente de la causa tras un conflicto de competencia que dirimió el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. El autor de la doctrina que lleva su apellido (dudoso palmarés) fue espiado por el aparato ilegal del macrismo, según consta en un expediente judicial. ¿En qué circunstancia? Cuando estaba reunido con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los integrantes de la mesa judicial. Según Irurzun, eso no afecta su imparcialidad.

Durante el período 2003-2015, los años de gobierno del kirchnerismo, fueron designados 546 jueces, a razón de 42 por año. Entre 2016 y 2019, en los cuatro años de Cambiemos, el Ejecutivo designó a 191 jueces, casi 48 por año. Pero quedaron truncos más de 120 pliegos que Macri envió al Senado entre 2017 y el 2 de diciembre de 2019. Si hubieran recibido el acuerdo de la Cámara Alta, Macri habría designado a 78 jueces por año, el promedio más alto desde el regreso de la democracia. ¿Un blindaje?

En los tribunales federales de Lomas de Zamora y Dolores se investigan causas por espionaje ilegal, una herramienta para el armado estructural de una lógica de eliminación política del adversario. ¿Convirtieron a inocentes en culpables sobre la base de pruebas falsas? ¿O utilizaron un atajo ilegal para encontrar mediante la comisión de delitos las pruebas y los quiebres de voluntad que no habrían conseguido con la Constitución en la mano?

Entre el viernes y el sábado, el juez Juan Pablo Augé ordenó nuevos allanamientos en la “causa grande” de espionaje ilegal. Se trata de tres responsables de lo que pasa adentro de las cárceles federales, entre ellos el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco, quien intentó permanecer en el cargo en el actual gobierno y, de hecho, lo consiguió hasta fines de mayo pasado, cuando el escándalo ya había estallado.

Además de Blanco (cuya requisa al domicilio en el country Highland fue requerida a la Policía de Seguridad Aeroportuaria), el juez ordenó procedimientos en los domicilios de María Fernanda Koser y Carlos Mario Marchese, sospechados de haber ocultado información sobre el espionaje cuando María Laura Garrigós fue nombrada interventora de SPF.

La pata penitenciaria del espionaje canalizado a través de la AFI pero presuntamente diseñado por la mesa judicial de Cambiemos tenía objetivos con nombre y apellido: Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, José María Olazagasti, Fabián De Sousa, Rafael Llorens, Daniel Pérez Gadín, Carlos Santiago Kirchner, Gerardo Ferreyra, Claudio Minichelli, Atanasio Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, Cesar Milani, Nelson Lazarte, Enrique Omar Suárez, Rafael Resnik Brenner. Lo dice el propio expediente.

Macri necesita un Poder Judicial amable para evitar un colapso. Y los jueces precisan que alguien les prometa que nada va a amenazar sus afanes de emperadores.

En ese contexto debe leerse hoy, tras el paso del tiempo, el apartamiento del juez Federico Villena resuelto por la Cámara Federal de La Plata. Es cierto que los abogados Fernando Sicilia y Alfredo Oliván, defensores de los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez, tenían razones para objetar su continuidad en la investigación. Tan cierto como que si Villena estuviera hoy al frente de la causa, difícilmente Macri estaría disfrutando del verano europeo. «



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