El gobierno busca revertir la política represiva de Bullrich hacia las comunidades originarias

Funcionarios del Ministerio de Seguridad estuvieron en Bariloche para participar de una mesa de negociaciones con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con la Administración de Parques Nacionales, el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan y representantes del Parlamento Mapuche.
17 de mayo de 2020

El gobierno nacional busca desandar el camino recorrido por el macrismo que emparentó a los pueblos originarios y sus reclamos territoriales con el terrorismo internacional. Tras los ataques en Bariloche y la intervención de Nación hubo un acuerdo para que la provincia de Río Negro custodie a la comunidad mapuche que habita en el Cerro Ventana.

En los últimos meses los pueblos originarios sufrieron agresiones a lo largo del país. La comunidad wichí en Chaco fue agredida por la policía provincial, lo mismo sucedió en El Mollar con una comunidad diaguita y en Bariloche con los mapuches de Buenuleo.

En todos los casos se mezcla la presión inmobiliaria para desalojar a los habitantes originarios con una justicia de componentes clasistas. En Villa Mascardi, uno de los lugares de mayor conflictividad, los terratenientes incluirían a un socio del empresario inglés Joe Lewis, célebre por bloquear el acceso a Lago Escondido.

El año 2017 fue particularmente cruento para las comunidades de Chubut y Río Negro. La muerte de Santiago Maldonado en medio de un operativo de represión de la Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura pusieron la cuestión indígena sobre la mesa. Sin embargo, las gestiones de Patricia Bullrich apuntaron contra los mapuches, a quienes vinculó con el terrorismo internacional.

“Buscamos revertir la estrategia que impulsó Bullrich de crear un enemigo ‘subversivo’ con, entre otros, los mapuches. La cuestión mapuche es antigua y compleja y tiene que ver con incumplimientos del Estado”, le dijo a Tiempo el secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks.

Fuks, enviado por Sabina Frederic, estuvo en Bariloche, donde participó de una mesa de negociaciones con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que conduce Magdalena Odarda y con la Administración de Parques Nacionales, el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan y con representantes del Parlamento Mapuche.

El gobierno nacional había suscrito en febrero un acuerdo para abordar las problemáticas de los pueblos originarios con el objetivo de pacificar los conflictos y realizar un relevamiento de las situaciones territoriales.

“Los mapuches son un símbolo de los pueblos que más sufrieron la violencia estatal durante el macrismo. Las fuerzas de seguridad no están para ejercer violencia sino para para cuidar las fronteras y proteger el territorio”, explicó Fuks. “Tampoco para velar por los que podrían ser los intereses de terratenientes extranjeros o del sector inmobiliario”, agregó.

“Aquellos actores que provocan violencia tienen que ser individualizados, pero en ningún lado queda claro que los únicos generadores de violencia sean los Mapuches”, comentó Fuks

El pasado viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar en favor de la comunidad Buenuleo y desde el organismo aseguraron que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”. Por eso la CIDH solicitó al Estado nacional que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad”.

Tiempo Audiovisual

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