El 26 de septiembre, el director ejecutivo del PAMI, Sergio Casinotti, emitió la resolución 0956 mediante la cual crea la Fundación PAMI-INSSJP. La misma será financiada con fondos dispuestos en el presupuesto 2017. 

Según la propia resolución se trata de una entidad que promoverá un nuevo modelo de gestión para los afiliados del organismo. El objetivo explícito de la entidad es que el PAMI, que la crea, le delegue prestaciones. 

La nueva Fundación tendrá una administración compuesta por las mismas personas que integran el actual directorio del PAMI. Además, tendrá el mismo objeto social y el mismo ámbito territorial de actuación. 

Si bien no se trata de la transformación del PAMI en una Fundación, la entidad crea un instrumento paralelo que, por su forma jurídica quedará exenta de los controles propios de una dependencia estatal. 

En rigor, según informaron las autoridades de PAMI, la Fundación se habría creado con único el propósito de administrar el Hospital Houssay de la ciudad de Mar del Plata  que fue absorbido por el Instituto tal como lo hiciera con otros sanatorios privados en quiebra como el Hospital Francés, el Español y parte de las prestaciones del Centro Gallego. 

Bajo este nuevo formato, los sanatorios y prestaciones que la fundación vaya absorbiendo tendrán la facultad de realizar contrataciones en forma directa sin atravesar las licitaciones correspondientes. Además, en caso de que la Fundación cesara su actividad por una quiebra u otro motivo, el Gobierno no tendría responsabilidad directa frente a los incumplimientos en que la misma pudiera incurrir con relación a sus afiliados o prestadores.

Eduardo Terráneo, secretario adjunto del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) de la CTA de los Trabajadores, explicó a Tiempo que “la resolución le da funciones de PAMI paralelo y privado. Por más que la Fundación sea ‘sin fines de lucro’ es formalmente una institución privada. Puede haber un vaciamiento del PAMI a favor de la fundación transfiriendole la plata del PAMI para que sea ella la que brinde los servicios.”. 

Según la propia resolución, las cuentas de la Fundación serán auditadas por el directorio del PAMI que será su organismo contralor. Pero, como se dijo, se trata de las mismas personas.

Terraneo explicó que “la responsabilidad de la fundación sería nula ante la gente. El PAMI está sujeto a los controles de SIGEN, AGN y una auditoría interna que, si bien siempre han sido deficientes, existen. Al funcionario público le caben muchas más responsabilidades legales y otras figuras penales que las que le corresponden a un funcionario privado. Para comprar insumos en PAMI necesitas hacer concursos de precios, licitación privada o pública dependiendo el monto. Una fundación va y compra lo que quiera, así sea por diez millones de dólares”. 

Consultado sobre el alcance de la resolución, Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, explicó que “la respuesta que han dado no formalmente es que la fundación es para el Hospital Houssay de Mar del Plata. Si hay otro fin lo veremos. Ya hay una denuncia que se radicó en la fiscalía del Dr. De Vedia que exige saber si hay delito en la conformación de la fundación. No es nuestra pero estamos pendientes.”. 

Eduardo Terráneo consideró que “van a avanzar sobre las prestaciones que ya tiene el PAMI. La resolución habla de los efectores propios. Son los servicios que se otorgan a partir de recursos que son propiedad de PAMI y no de contratos. Están los policlínicos de Rosario y el Hospital Cesar Milstein (ex Francés), así como las ambulancias de PAMI entre otros”. 

Semino señaló que “No estamos de acuerdo con nada que tenga que ver con la privatización del PAMI. Logramos parar la privatización de Alderete en 1998 con una medida cautelar ante la jueza García. Nuestra postura sigue siendo rechazar toda forma de privatización. Para que el Instituto tenga legitimidad y legalidad hace falta su normalización según lo dictamina la ley 19.032, es decir la conformación del directorio del sindicato que no se viene haciendo a través del tiempo.”. 

Consultado sobre las acciones gremiales que han dispuesto, Eduardo Terráneo de SUTEPA explicó que “por ahora pedimos una vista de las actuaciones. No nos las han concedido. Eso indica que algo están ocultando.”.