Sobre el final del año y con varias diferencias respecto de 2018, comienza una nueva oportunidad para que el proyecto que propone legalizar y despenalizar la práctica del aborto en la Argentina se convierta en ley.  Esta vez, con respaldo del gobierno nacional. 

El martes se abrirá el debate con una reunión informativa plenaria convocada por las comisiones de Legislación General (cabecera), Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud. A partir de una resolución firmada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones intervinientes, donde participan diputados oficialistas y opositores a favor y en contra de la iniciativa, y que fue presentada  la semana pasada al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, se planteará un tratamiento de cuatro días con posibilidad de llevar el proyecto al recinto de diputados el 10 de diciembre.

El acuerdo que fue firmado por Cecilia Moreau (FdT) y Carla Carrizo (JxC) de Legislación General, Carolina Gaillard (FDT) y Marcela Campagnoli (JxC) de Legislación Penal, Mónica Macha (FDT) y Silvia Lospennato (JxC), cabezas de Mujeres y Diversidad, y Pablo Yedlin (FDT) y Carmen Polledo (JxC), titulares de Acción Social y Salud Pública. En el papel se establece que el primer día de diciembre y el miércoles 2, en jornadas dobles que comenzarán a las 10 para cortar a las 13 y retomar de 14 a 19 pasarán 50 expositores en total (25 a favor y 25 en contra) que no podrán excederse de los siete minutos en el uso de la palabra. La cantidad de participantes podrá incrementarse a diez siempre y cuando eso no dilate el tratamiento del proyecto.

Según pudo conocer Tiempo, el sábado se estaba terminando de confeccionar el listado con los nombres de quienes participarán del debate propuestos por las autoridades de las cuatro comisiones. Se espera que la inauguración la realicen los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El jueves y viernes los diputados integrantes de la comisión tendrán su momento de debatir el proyecto, intercambiar ideas y emitir el dictamen con el fin de que quede listo para ser tratado la semana que le sigue, todavía sin conocerse si será en una extensión de trabajo ordinario del Parlamento o en un llamado a sesiones extraordinarias por parte del presidente Alberto Fernández.

Como viene contando este diario, el tratamiento de la iniciativa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo previsto por el oficialismo buscará correr del foco la postura moral y teológica que hay en un sector de la sociedad para priorizar la urgencia de responder desde el Estado a una problemática de salud pública. Frente al objetivo del gobierno de Alberto Fernández de que el proyecto se convierta en ley este año en Diputados el poroteo es ajustado, pero favorable. Además, para avanzar en un tratamiento equilibrado, el lunes se debatirá la otra iniciativa enviada al Congreso por la Casa Rosada, el «Plan de los 1000 días» que propone una asistencia sanitaria a la persona gestante y sus hijos durante los primeros años de vida y que tiene amplio respaldo de los legisladores que se oponen al aborto legal y no presenta objeciones entre los que impulsan la IVE.

También es cierto que hay legisladores que no quisieron dar a conocer su voto antes de llegar al recinto por temor a escraches en sus provincias. Desde lo institucional, la presidencia de la Cámara pretende darle un marco de máxima responsabilidad al debate, sin lugar para distorsiones, ni confusiones de ningún tipo que originen un bloqueo de las deliberaciones. Además, se asumió el compromiso de tomar como medida la denuncia penal ante cualquier escrache a domicilios de diputados o acoso en sus teléfonos celulares.

Sin embargo, el Senado sigue siendo una cámara resistente a la idea de legalizar la práctica en el país y podría ser la contracara al debate exprés que se pretende dar en Diputados. Con buena voluntad, el proyecto debería pasar por comisiones una semana de debates para tratarse en el recinto entre Navidad y Año Nuevo, algo que no parece convencer a los representantes de las provincias, por lo que por estas horas se especula que se podría pasar para febrero. «