El ministro de Economía, Martín Guzmán, será recibido por la titular del Fondo Monetario. Kristalina Georgieva. Aun no está definido que la titular del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, haga lo propio. Estas dos escalas están definidas como las más importantes del periplo que realizará Guzmán a Washington en diez días, entre el 23 y el 24 de marzo próximos.

La reunión Georgieva-Guzmán «es parte del compromiso y del diálogo activo y constructivo» entre las partes, dijo el portavoz del FMI, Gerry Rice, en la conferencia de prensa que mantiene jueves por medio en la sede del FMI en la capital estadounidense.

En su estilo lleno de elipsis y lugares comunes, Rice sin embargo remarcó algo que sigue siendo el centro del problema: para el FMI no hay un plan económico mientras que para el gobierno, las pautas del Presupuesto 2021 ofician de tal.

«Estamos trabajando estrechamente con la autoridades a medida que desarrollan el programa económico posiblemente apoyado por el FMI», dijo Rice, metiendo el dedo en la llaga.

Además, Rice remarcó que la agenda de la reunión será «enfocar una mayor estabilidad para la economía» argentina. Pero esa estabilidad se haría sobre la base de un factor concreto: «Apuntalado por el empuje del sector privado», subrayó el portavoz.

En la Argentina, el sector privado suele decir que su empuje está frenado por la presión estatal, sea en la forma de regulaciones o a través del sistema impositivo. Una semana atrás, el Foro de Convergencia Económica dijo que el sector privado quiere invertir y expresar su «empuje», pero que se lo impedían la inflación, las tasas de interés y la excesiva presión tributaria. El grupo de lobby destacaba, además, que para ca,biar ese cuadro hacían falta políticas que constituyen el típico reclamo de las gran empresa privada: reducción tributaria, ajuste fiscal, retroceso de la regulaciónestatal de la economía.

Las denuncias

En el FMI no aceptan al Presupuesto 2021 como un plan. El rechazo es de plano, al punto que aseguran que no pueden establecer ningún tipo de calendario de las negociaciones hacia adelante.

La agencia estatal de noticias Telam consignó que la permanencia del ministro argentino en Washington será breve. Fuentes oficiales le dijeron que Martín Guzmán retornará al país para estar presente en la Cumbre del Mercosur que conmemora los 30 años de su creación, fijada para el 26 de marzo.

Mientras tanto, no queda claro cuál será el impacto del avance de la denuncia contra los responsables de firmar el stand By de 2018. El viernes, la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Félix Crous, presentó una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos» por procedimientos aplicados para ese acuerdo, que implicó un préstamo por U$S 44.000 millones.

Además de Macri, están alcanbzados por la denuncia Nocolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Szturzenegger y Guido Sandleris.

La presentación se basa en informes suministrados por el Banco Central y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación.

Para el FMI, se trata de asuntos internos sobre los cuales no emitirá opinión. Ya el jueves, Rice había dicho que «el FMI por principio y regla inamovible no se pronuncia sobre procedimientos jurídicos de ningún tipo». No obstante recalcó que «estamos convencidos que el FMI puede ayudar a la Argentina a volver a tomar un crecimiento sostenible (…) Es un principio sagrado que hemos respetado; eso sigue así, nada ha cambiado».

La denuncia de Crous, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 que dirige María Eugenia Capuchetti, apunta a que el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado «a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación», algo que involucra al FMI.  «

MAYO SE ALEJA

El objetivo inicial del gobierno era cerrar el acuerdo con el FMI en mayo, para poder también renegociar la deuda con el Club de Paris que vence ese mes, por U$S 2400 millones. Ese plazo parece diluirse, dadas las necesidades económicas de la Argentina y el contexto internacional.