La investigación que el próximo 7 de marzo debería sentar al fiscal en el banquillo de los indagados destapó la ciénaga de Comodoro Py. Uso ilegal de escuchas, encubrimiento mediático, detenciones a la carta y nuevas escenas explícitas de promiscuidad entre servicios de inteligencia y funcionarios judiciales empezaron a quedar al descubierto con la potencia de las imágenes obscenas. El encargado de compaginar esa pieza triple X es el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, una excepción a la regla que parece regir en el fuero federal: en menos de un mes, a paso firme pero veloz, dictó procesamientos –el del falso abogado Marcelo D’Alessio–, indagó a dos exjefes policiales vinculados al submundo del espionaje, obtuvo y peritó miles de documentos sensibles y dispuso la indagatoria de Stornelli.
A contramano de lo que ocurre con sus colegas del fuero porteño, el accionar de Ramos Padilla rinde tributo a un viejo principio del derecho: la justicia lenta no es justicia. Su contracara es, precisamente, Comodoro Py, donde los expedientes se mueven al ritmo de las operaciones políticas, los intereses corporativos y, también, los deseos patrimoniales de algunos magistrados.
La novedad del caso son las evidencias, pero no la trama. Hace años que el poder argentino chapotea en ese chiquero. Y este año electoral no será la excepción. Lo expresó a los gritos el propio presidente en el discurso inaugural del año legislativo: la estrategia de campaña de Cambiemos se reduce a machacar sobre las causas de corrupción que involucran a Cristina Fernández y a una parte del elenco K.
Es evidente que la familia Kirchner cometió desprolijidades en el manejo de su patrimonio, como la cesión de propiedades en alquiler a contratistas del Estado. También que hubo funcionarios que se enriquecieron de manera inexplicable, como el fallecido exsecretario Daniel Muñoz. La expresidenta argumenta que eso ocurrió a sus espaldas, mientras ella se encargaba de gobernar el país. La explicación puede resultar verosímil o no, según quién la escuche. Esa es una de las consecuencias de la justicia cloacal: las decisiones judiciales se interpretan como una cuestión de fe.
Otro daño colateral es la persistencia del estado de sospecha que mantiene a los políticos en el cadalso, restringiendo el debate a un intercambio de acusaciones que contribuye al descrédito de la actividad política y la dirigencia en general. A los dueños del poder y del dinero les gusta eso: muchas fortunas, como las del clan Macri, se fraguaron al amparo de los tribunales. Pero el monstruo que crearon es voraz, y siempre aparece un mejor postor.
Es lo que creen varios de los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos quemados: que detrás de esa operación hay poderosos intereses extranjeros buscando quedarse con activos argentinos a precio de ganga.
Una de las empresas más golpeadas es Techint, la mayor firma industrial de la Argentina. Los papeles bursátiles de la compañía llevan un año de persistente caída por los procesos judiciales, en el país y en el exterior. El CEO Paolo Rocca cree que detrás de sus desgracias no está el gobierno de Macri –cuyo poder en materia de economía y negocios es cada vez más exiguo– sino conglomerados que apetecen sus activos. Aun así considera que el presidente no hace todo lo que debería para protegerlo. De modo que decidió patrocinar la candidatura de Roberto Lavagna, a modo de represalia.
El exministro de Duhalde es un viejo protegido de Rocca. Su hijo mayor, de hecho, es gerente en Tenaris, la petrolera del grupo Techint. La postulación del exministro es la nueva «esperanza blanca» del establishment, principal interesado en sostener un statu quo donde conviven los negocios para-estatales, la corrupción que alimenta las cloacas y la desigualdad como herramienta de control social. Es evidente que de ese pozo ciego no se sale con prudencia y moderación. «
