El Consejo del Salario es el organismo encargado de actualizar el monto del salario mínimo, vital y móvil. Se trata de una mesa de negociación presidida por el ministro de Trabajo, de la que participan los dirigentes de las centrales sindicales y los de las cámaras empresarias, y que, en general, se reúne a mediados del mes de julio para negociar su actualización anual para el período que expira cada año al final de ese mes.

La última actualización fue el 14 de agosto de 2019 y se produjo en tres cuotas consecutivas que llevaron el monto desde los $ 12.500 hasta los $ 16.875 en los que está fijado desde octubre de 2019. Se trató de un incremento del 35% que, a la luz de los datos conocidos esta semana, quedó 7,4 puntos detrás de la inflación.

Si se tomara como referencia el mes de octubre, cuando se sustanció la última actualización, se registra un retroceso del salario mínimo del 20,12% por una inflación del 25,2%, en un período de apenas diez meses. Ello derivó en que la relación entre el SMVM y la canasta básica alimentaria (CBA, que mide la indigencia) esté en su nivel más bajo desde que se reanudaron los registros del Indec en abril de 2016. Por eso un salario mínimo cubre apenas el 94% de la CBA cuando, en enero de 2017 equivalía a 1,46 veces la CBA. Fue el punto más alto desde los registros recientes. En octubre de 2019 la relación llegó a 1,18.

Los actuales $ 16.875, además, equivalen a apenas al 38,5% del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo, que establece el umbral de pobreza y que, en junio, alcanzó 43.811 pesos.

El dato es relevante no sólo porque indica que una familia tipo con dos salarios mínimos no logra salir de una situación de pobreza sino también porque el valor de la CBT es el que las centrales sindicales toman como referencia a la hora de reclamar la recomposición del salario mínimo. Durante el macrismo, tanto las patronales como el gobierno rechazaron esa pretensión, de allí que el valor del SMVM se ha determinado a través de un laudo del Ministerio de Trabajo en los últimos años.

El salario mínimo vital y móvil, durante muchos años, operó únicamente como referencia simbólica para el sector no registrado de la economía en la medida en que la totalidad de las categorías iniciales de los convenios colectivos se ubican por encima de ese valor. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la negociación tiene implicancias concretas ya que, por ejemplo, las jubilaciones mínimas no pueden ser inferiores al 82% a ese valor. Lo mismo ocurre con el salario mínimo inicial docente que, desde el decreto 52/2018 debe ubicarse un 20% por encima. Además, los programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social están fijados en un 50% de ese monto.

Ahora también opera como referencia para el programa de ATP ya que el auxilio que el Estado otorga a las empresas con fondos de Anses para pagar la mitad del salario de los trabajadores establece un umbral equivalente a dos salarios mínimos.

Qué pasa ahora

La convocatoria es potestad del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que podría haberla realizado incluso durante mayo, tal como ocurrió en 2016 cuando, en forma excepcional, se fijó la primera cuota del aumento para el mes siguiente.

Fuentes de la cartera laboral reconocieron que «no hay fecha» pero aseguraron que «hay intención de hacerlo aunque, para eso, todos los involucrados deben tener intención de participar».

El dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que «no tenemos ninguna novedad. Le planteamos al ministro la convocatoria y nos dijo que sería al final de agosto». Por su parte, fuentes de la CGT ratificaron que no existe tal cita aunque consideraron, que «en las actuales circunstancias no está en la agenda de prioridades».

Para el gobierno, la actualización del SMVM resulta onerosa en la medida en que impactaría de manera directa sobre el gasto en programas de desarrollo social y en el programa ATP, que implicó una erogación de entre $ 40 y $ 50 mil millones mensuales.

Pero, además, una convocatoria de esa naturaleza pondría el debate salarial en el escenario en momentos en que, entrado el octavo mes del año, apenas se selló una veintena de actas paritarias del total de alrededor de 600 que se firman cada año.