Los 80 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio que lleva la Argentina sirvieron para confirmar algunas cuestiones sobre el funcionamiento del sistema mediático. Si bien las audiencias aumentaron en (casi) todas las plataformas, el mercado publicitario fue en línea con la actividad económica y registró caídas cercanas al 50% según las agencias y empresas de medios. Paradójicamente, mientras más personas había frente a la televisión, la radio o los portales informativos, menos ingresos hubo para esas producciones. Cuando más importante son la información y el entretenimiento, menos rentable resultan para el mercado. Mientras subían los números de rating y visitantes únicos, los empresarios, como en otro rubros, pidieron el socorro estatal.

Durante la pandemia, el sistema de medios privado comercial fue asistido por distintas vías. La publicidad oficial fue la primera de ellas. En su exposición ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados del 22 de abril, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, informó que el Estado nacional llevaba invertidos $ 600 millones en publicidad oficial en el primer mes de cuarentena. Cincuenta días después, los anuncios de los gobiernos nacional, provinciales, de la Ciudad y hasta municipales componen la mayor parte de las flacas tandas publicitarias de los medios.

La ayuda no quedó ahí. Con el lanzamiento del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de sueldos en mayo, el gobierno tendió una ayuda a las empresas afectadas por la cuarentena. El lobby empresario transformó ese plan en una ayuda para todes, dañados o no sus números por el aislamiento. El listado de medios que abonaron los sueldos con asistencia estatal cierra toda grieta. Desde La Nación hasta Página/12 pasando por Perfil. De C5N a Pol-ka pasando por Telefe. De Radio Mitre a Radio 10 pasando por Rivadavia. Pero también fue federal, porque en Córdoba fue asistida Cadena 3, en Santa Fe el Grupo Televisión Litoral y en Mendoza recibieron el ATP absolutamente todas las empresas privadas del sistema (Grupo Alonso, América, Clarín, Cooperativa, Terranova y Medios Andinos). No hubo diferencias.

El salvataje al sistema se produce sin obligaciones ni pedidos a cambio. Las radios y los canales privados no destinaron ni un minuto de su programación a los contenidos educativos realizados por el Estado. El gobierno no exigió ninguna protección para los trabajadores de esas empresas ni el cumplimiento de regulaciones violadas como las cuotas de producción local o los convenios laborales. En pandemia, y con un objetivo noble como puede ser el sostenimiento de los puestos de trabajo, el Estado desaprovecha la oportunidad de mejorar las condiciones estructurales y de funcionamiento habitual de un mercado que precariza y estira los límites de lo legal.

No hay ni existe hasta ahora este tipo de asistencia estatal para los medios cooperativos o sin fines de lucro. Ni acceso al pago de salarios ni, salvo contadas excepciones, a la publicidad oficial. Distintos productores y gestores de medios comunitarios calculan que en lo que va de 2020 solo recibieron (todos juntos) la magra suma de dos millones de pesos.

Mientras la discusión por la redirección del impuesto a Netflix para fomentar la producción audiovisual local toma cuerpo, el periodismo y sus trabajadores la ven pasar. ¿Es esta la oportunidad para redirigir parte del IVA que pagan plataformas como Google y Facebook a la producción de noticias? Y más allá: ¿qué tienen los proveedores del servicio de conectividad para aportar al financiamiento de este sistema de producción que tanto los hizo crecer?

Este Día del Periodista es una oportunidad para, ante la necesidad de la intervención estatal para sostener la producción de noticias y entretenimiento, poner sobre la mesa la posibilidad de equilibrar la cancha y mejorar las condiciones estructurales. De otra forma, el virus (¿o son parásitos?) que corroe hace años al periodismo local seguirá haciendo su trabajo más allá de la pandemia.