Venezuela encara hoy unas elecciones parlamentarias claves en el país gobernado por Nicolás Maduro. Tan cruciales, posiblemente, como las presidenciales de 2018 que le dieron la reelección al sucesor de Hugo Chávez. Igual que en aquella oportunidad, la oposición mayoritaria de derecha, reunida en la llamada Mesa de Unidad Nacional (MUD), apuesta a deslegitimar el proceso no participando y convocando a una consulta popular no vinculante con la intención de que una mayoría se expida contra los comicios y a favor de la «continuidad» de la conformación legislativa actual.

Lo que preocupa a esa oposición es que la renovación (y en este caso ampliación de 167 a 277 asientos) de la Asamblea Nacional en el período que empezará el próximo 5 de enero, significará el final del mandato de Juan Guaidó como diputado y con ello también el fin de su “presidencia interina”. Es decir, su fracaso, más allá de importantes apoyos internacionales, en su objetivo de desplazar a Maduro del poder, ni siquiera con un par de intentos de golpes de Estado y sin haber podido gestionar alguna política pública, a pesar de recibir miles de millones de dólares de los EE UU de la mano de Donald Trump y Mike Pompeo.

Las elecciones corresponden este año por ley y era un reclamo permanente de los sectores opositores. Incluso se había especulado con hacerlas antes de tiempo, cosa que no ocurrió. Finalmente, fueron convocadas por la autoridad electoral, nombrada por la corte suprema cercana al oficialismo. Entonces Guaidó y aliados denunciaron falta de condiciones para unos comicios «libres, verificables y transparentes». Lo llaman “el fraude del 6D”.

«El objetivo de Maduro ni siquiera es ganar legitimidad» sino «aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela», dice Guaidó, cuyo objetivo es lograr más sanciones económicas contra el Estado de su país y ganarse el beneplácito del próximo presidente de los EE UU, Joe Biden.

Alineados con las críticas y suspicacias de EE UU y la Unión Europea, mayoritariamente, y la OEA, que presentó el miércoles un in-forme sobre crímenes de lesa humanidad en el país, los principales dirigentes y  partidos de la MUD se autoexcluyeron. Entre ellos, el propio Guaidó, y Freddy Guevara (Voluntad Popular), Henrique Capriles (Primero Justicia), que primero consideró presentarse y optó finalmento por acompañar a sus aliados; y otros como Henry Ramos Allup (Acción Democrática) y Un Nuevo Tiempo.

En cambio participarán varias fuerzas opositoras, aunque con representación minoritaria, entre ellas la Alianza Democrática, que lleva como principal candidato al pastor evangélico, Javier Bertucci, beneficiado por el retiro de la oposición mayoritaria y con chan-ces de conformar un bloque en la nueva cámara. Otras como Venezuela Unida, formada por escindidos de Primero Justicia y Volun-tad Popular y devenidos dialguistas con el gobierno. Uno de sus principales promotores es el diputado Luis Parra (ex PJ), quien dispu-ta la presidencia de la Asamblea Nacional a Guaidó, debido a que las últimas elecciones de autoridades en enero pasado se desarrolla-ron en forma desdoblada y con acusaciones cruzadas de irregularidades desde los sectores que alzaron a Parra como los que eligieron a Guaidó. Desde entonces la AN vive una dualidad presidencial.

Dentro del chavismo también hubo una escisión, que no es nueva pero quizá cobrará mayor relevancia en este proceso. Son los sectores que han venido criticado al gobierno de Maduro por la falta de participación popular en las decisiones y la reproducción, en su mirada, de viejos “vicios” de una política centralista y cerrada. Se presentan dentro de la alianza Alternativa Popular Revolucio-naria. El Movimiento Al Socialismo es otra fuerza de izquierda que buscará representación. La coalición oficialista se denomina, como en la elección pasada, Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

«¡Si ustedes ganan, yo me voy!», dijo un confiado Maduro en un acto de cierre de campaña dirigiéndose a sus adversarios.

Como en 2018, el retiro de la principal oposición le deja allanado el camino para ganar, lo que además significará tener una mayoría parlamentaria que le otorgue el control de la AN rompiendo por primera vez con la hegemonía ostentada por la oposición desde 2015. Para el gobierno esto es central porque permitiría dar mayor institucionalidad a su gestión, con un parlamento sancionando leyes que la apuntalen, como la promovida ley antibloqueo.

También como en 2018, la legitimidad de los resultados estará dada por la participación del electorado, en un país en que el voto no es obligatorio. En 2018 fue de casi el 50 por ciento. En esta oportunidad, algunas consultoras prevén un nivel bastante más bajo: entre el 30% y el 35 por ciento. Ese número, cuanto más bajo, constituye la principal apuesta de la oposición abstencionista, además de la consulta que se desarrollará entre el 7 y el 12 de diciembre. La consulta tampoco tiene buenos augurios de una participación masiva, teniendo en cuenta que una encuesta de Datanálisis de julio reflejaba que el 63% del electorado consideraba que la oposición debía participar en los comicios.

Dos datos finales sobre esa consulta. Se realizará en forma digital, mediante una aplicación de celular o un sitio web que se habilita-rá el mismo día del inicio. Para quienes no tengan acceso a esos recursos, los organizadores anuncian que habrá centros habilitados para participar, también en forma digital. El otro tema es que la consulta fue aprobada por la AN y desde allí se lanzó y se promociona. No es la primera vez que la AN actúa institucionalmente como si fuera un partido opositor. «

OPOSITOR

Javier Bertucci. Empresario y pastor evangélico de 51 años. Se hizo conocido en 2018 por su candidatura presidencial. Crítico de Maduro como de la oposición.

EL HIJO

Nicolás Maduro Guerra (30). Hijo del presidente. Músico y licenciado en Economía. Se presenta por el oficialismo en el estado de La Guaira.

277

bancas va a tener de ahora en más la Asamblea Nacional. De tal modo que es muy probable que el oficialismo logre las 139 necesarias para la  mayoría absoluta.