Entre los diputados de origen sindical se impone la legalización del aborto

Siete de los diez representantes que vienen de los gremios votarán a favor. La excepción más resonante es la de Carla Pitiot del Frente Renovador que desde la secretaría de género de APOC, apoya los proyectos más regresivos.

11 de Junio de 2018

La muerte por abortos clandestinos es un flagelo que afecta en particular a los sectores más relegados. Los defensores de la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo destacan que, si bien es una práctica que atraviesa a todas las clases sociales, es entre las clases trabajadoras donde se verifican los índices más elevados de mortalidad.

Los “aranceles” que impone el carácter ilegal de la práctica condenan a las trabajadoras a recurrir a intervenciones degradantes que exponen su integridad física mientras que aquellas que pertenecen a los sectores medios y altos de la sociedad recurren a clínicas privadas que, en general, garantizan las condiciones elementales de sanidad.

Por eso, es de esperar que, más allá de sus creencias personales de índole moral o religiosa, los y las representantes que han llegado al Congreso de la mano de las organizaciones obreras y populares apoyen la legalización del aborto que de garantía de seguridad y gratuidad a las mujeres gestantes que, por el motivo que fuera, deseen interrumpir su embarazo.

Sin embargo, entre los diez representantes que, perteneciendo a distintos espacios políticos, comparten un origen sindical en sus trayectorias, hay tres que se oponen al proyecto de la Campaña Nacional.

Entre los que ya se posicionaron a favor se enlistan Romina del Plá siendo secretaria general del Suteba La Matanza y diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero se encuentra entre las cuatro diputadas firmantes del proyecto. A favor votará también su compañera  de lista en el FIT y de sindicato Natalia González.

Además, con la reciente definición de Abel Furlán de la UOM de Campana, que se mantuvo indeciso hasta el día de hoy, se completa la nómina de referentes gremiales del bloque del FPV que votarán a favor y que integran también el docente Hugo Yasky (titular de la CTA de los Trabajadores), Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores  de la Justicia (SITRAJU) y Walter Correa dirigente del sindicato de Curtidores y referentes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT).

Por el lado del Frente Renovador, el dirigente del Sindicato de Peajes Facundo Moyano, finalmente, decidió posicionarse de manera favorable luego de declarar que su posición personal era contraria al aborto.

La posición contrasta con la de su padre, Hugo Moyano, que viene de firmar junto con decenas de dirigentes un documento titulado “Los peronistas decimos sí a la vida y no al aborto”. Allí comparte posición con uno de los miembros del triunvirato y titular del gremio de la Sanidad, Héctor Daer, así como con Julio Piumato de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Antonio Caló titular de la UOM y Juan Pablo Brey del sindicato de Aeronavegantes. Juan Carlos Schmid fue el único de los tres miembros del triunvirato que conduce la CGT que se posicionó a favor del proyecto de ley. Carlos Acuña evitó hacer pública su posición al igual que la CGT como organización.

La nómina de diputados de origen sindical se completa con el titular del gremio Camionero de Chubut y diputado por el Frente Chubut Somos Todos, Jorge Taboada que se mantiene en una posición contraria al igual que el dirigente de la UATRE Pablo Ansaloni que llegó a la cámara baja de la mano del acuerdo entre el difunto Gerónimo “Momo” Venegas y el gobierno nacional que lo llevó en las listas de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires.

Por último y el caso más paradójico es el de la diputada por el Frente Renovador Carla Pitiot. Es que, más allá de su condición de mujer, Pitiot obtuvo ese escaño mientras desarrollaba su labor como Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) el sindicato de los y las trabajadoras de la Auditoría General de la Nación.

Su posicionamiento contrario al derecho al aborto y a favor del proyecto de “protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer” le valió una carta firmada por más de un centenar de trabajadoras y trabajadores del organismo encargado de auditar las políticas públicas exigiéndole, cuando menos, la apertura de un debate democrático entre sus representados a nivel gremial para que su voto exprese cabalmente el mandato de sus representados y no su posición personal.

En el texto al que pudo acceder Tiempo Argentino los y las trabajadoras destacan que los más de 500 mil abortos clandestinos “evidencian que la penalización no resulta un medio de disuasión efectivo”. Al mismo tiempo, cuestionan los fundamentos del proyecto al que suscribe la diputada y en el que se cuestiona incluso el derecho a acceder a un aborto en caso de violación destacando que “entra en total conflicto” con “el Código penal” y que de aprobarse equipararía la legislación nacional a la de “los cinco países _ El Salvador, Nicaragua, república Dominicana, Malta y el Vaticano_ que prohíben totalmente el aborto, en pleno auge de la lucha mundial de la mujer.”

La nota señala que “en nuestro carácter de afiliadas, afiliados y trabajadores solicitamos que desde la Secretaría a su cargo se llame a una instancia de debate transparente y democrática con el propósito de que la APOC represente la decisión mayoritaria respecto al Aborto legal Seguro y Gratuito.”.

Por último señalan que “los sindicatos constituyen actores fundamentales en el sistema de derecho argentino, representando a la clase obrera. Las condiciones de salud y de vida de las trabajadoras constituyen parte de los intereses que, desde el ámbito gremial, deben tutelarse” y destacan que “la coyuntura actual obliga a saldar deudas históricas que, en cuestiones de participación y representación, tiene el sindicalismo argentino para con las mujeres.”.

En apenas 48 horas se pondrá de manifiesto, explícitamente, el lugar en el que ante este postergado derecho de las mujeres, decidan ubicarse los representantes legislativos en general y los que, al mismo tiempo, debieran expresar en forma directa la voz de los trabajadores en el Congreso. 

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