Las recurrentes contradicciones discursivas del gobierno reflejan las dificultades que tiene para lidiar con una realidad que le resulta cada vez más esquiva y dificulta sus aspiraciones electorales.
En su gira por Asia, Macri brindó una serie de entrevistas a medios locales y dejó frases interesantes. Comenzando por la pobreza, supuestamente el principal objetivo de campaña, el presidente sostuvo que hay que entender «que el primer responsable del 30% de pobreza que tenemos es la corrupción», aunque luego alternó y dijo que «el principal causal de pobreza es la inflación. Siempre la inflación estafa al que menos tiene» (La Nación, 22/02/19). No importan las verdaderas causas que mueven a ambas variables, todo sirve para el argumento de profundizar el ajuste: «si persistimos (…), si lo podemos ratificar este año (el Presupuesto) en 2020 va a seguir bajando la inflación y en los próximos años vamos a tener un dígito». Como siempre el futuro venturoso está allá adelante, aunque cada vez más lejos.
Si bien a la hora de las explicaciones las culpas son más bien ajenas y suelen tomar la forma de herencias o tormentas, esta vez Macri desempolvó un argumento que descoloca aún más. El presidente dijo, en cuanto a la pobreza, que «hay que pensar que no sólo está el número que marca el INDEC: hay una pobreza estructural de la que en la Argentina durante años nadie se ocupó. ¿A qué me refiero? ¿No es menos pobre aquel que hoy en el barrio ve que el narco perdió el control del barrio y no tiene que estar sometido porque las fuerzas de seguridad están presentes? ¿No es menos pobre el que ahora tiene calle de pavimento y los días de lluvia puede salir en el colectivo sin enterrarse en el barro? ¿No es menos pobre el que vive en esos más de 500 barrios que hemos urbanizado, con cloacas y agua potable?» (Clarín, 21/02/19). Suena parecido a cuando se trató de instalar la idea del crecimiento invisible, pero ahora con la pobreza. O cuando comentó, en la radio de Buena Esperanza, «entendimos que no podemos vivir de lo prestado». Justo este gobierno, que fue líder en endeudamiento entre los países emergentes. Distintos capítulos del Seminario de Posverdad que presenciamos desde fines de 2015, y que queda más en evidencia a medida que los datos empeoran.
Una de las estadísticas conocidas en estos días fue la de las canastas que determinan los niveles de pobreza e indigencia: en enero de 2019 arrojaron un incremento interanual de casi el 56 por ciento. Es decir que para aquellas familias en situación económica más vulnerable que destinan la mayor parte de su ingreso a alimentos y servicios básicos, la inflación es aún mayor que la del índice general que fue del 49,3% en enero. Si bien este sesgo en contra del poder adquisitivo de los más pobres es un rasgo que estuvo presente a lo largo de la gestión de Cambiemos, a partir de mediados de 2018 y luego de la fuerte devaluación, la brecha se vuelve cada vez más amplia. Un ejemplo más de que nos encontramos con que las promesas de campaña del actual presidente están en las antípodas de las crudas consecuencias de sus políticas.
En este marco, acaba de retornar a Washington la misión del FMI, encabezada por Roberto Cardarelli, que mantuvo varias reuniones. Tras un encuentro con dirigentes sindicales, el funcionario del Fondo afirmó «todos estamos preocupados por la situación económica (…). Nosotros creemos que va a ser mejor en 2019, pero claro que hay riesgos, como siempre». A pesar de las incoherencias discursivas y los impactos sociales, el plan sigue su curso. Según comenta Marcelo Bonelli (Clarín, 22/0219): «El burócrata va a dar vía libre al giro de fondos para Argentina. Cardarelli admite en la intimidad que el apoyo del FMI es una contribución de Washington para lograr la reelección de Macri»·. El apoyo no es gratuito y deja una economía profundamente condicionada de cara al futuro.
Siguiendo con las contradicciones, al ser consultado sobre la necesidad de renegociar con el FMI, Macri señaló (La Nación, 22/02/19): «nos hace no creíbles, no confiables. Lo más importante en la vida es la confianza. Por eso les pido a los argentinos que, más allá de lo que hemos vivido, tengan confianza en lo que estamos haciendo». La profundización del modelo está cantada. Pero hay que decir que fue este gobierno el que ya renegoció una vez el acuerdo, aunque en ese caso la salida elegida no fue cuestionada por los mercados ni el FMI, al implicar un mayor endeudamiento y concesiones aún más duras, entre ellas el déficit fiscal primario cero y el congelamiento de la base monetaria. La única credibilidad que se persigue es la de los inversores externos especulativos.
Mientras tanto, los problemas se siguen acumulando. La caída en la actividad continúa haciendo mella en las empresas argentinas. Paradójicamente, ocurre luego de que la semana pasada el presidente Macri anunciara un «alivio impositivo» para las pymes de economías regionales (que terminó siendo más generalizado de lo que expresó el mandatario, ya que también alcanza a las grandes empresas).
Ahora se conoció el dato de cantidad de pedidos de «Procedimientos Preventivos de Crisis» (PPC) en 2018. Según lo informado por el Ministerio de Producción, el año pasado 108 firmas solicitaron un PPC, 30% más que 2017 y el triple de las registradas en 2015. Dentro de las afectadas en 2018 se encuentran Longvie, Editorial Atlántida, Alpargatas, Supermercados Toledo y Musimundo, entre otros.
¿Pero qué es en los hechos un PPC? El mecanismo se instauró en 1991 (Ley 24.013). Es una alternativa al Concurso Preventivo o Quiebra, que ofrece una instancia de diálogo entre el empleador y los sindicatos con intervención del Ministerio de Trabajo, previa a la «comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas». ¿Será esta resolución otro punto en el cual sigue apretando el zapato, según los dichos de Prat-Gay? ¿En estas compañías, qué trabajador intentará, si logra evitar el despido, pedir recomposición de salarios? ¿Y qué poder de negociación tendrán los trabajadores del sector? Con estas prácticas, todo el peso de la crisis recae en los trabajadores.
El miércoles pasado la filial argentina de Coca-Cola Femsa confirmó que presentó un PPC. Se trata de una de las cuatro embotelladoras que trabajan para Coca-Cola Company en el país. No obstante, el gobierno no aceptó el procedimiento, lo que significará despedir a 32 trabajadores, a costa de no querer reconocer que hasta Coca- Cola padece la crisis.
Lo verdaderamente preocupante es que haya crecido exponencialmente la cantidad de empresas que estén evaluando reducir la plantilla de trabajadores. Como siempre el problema es que el modelo no apuesta al mercado interno. De hecho, los datos recientes del sector muestran que las ventas de gaseosas cayeron interanualmente, medidas en cantidades, un 21% en enero de 2019. El presente y la tendencia alarman y son una consecuencia directa del modelo.
Finalmente, los datos de comercio exterior, al menos durante el primer mes del año, no parecen ir en línea con el título de «Año de la exportación» con el que Macri bautizó a 2019. En efecto, el saldo comercial, aunque positivo, fue menor que el de meses anteriores, debido a una reducción de las ventas al exterior (-4,7% interanual) y a una baja aún mayor de las importaciones (-26,5%). Un claro ejemplo de «victoria pírrica». Las actuales políticas, mientras tratan de mejorar los números fiscales y externos (principales pedidos del FMI), no hacen otra cosa que afectar sensiblemente la actividad interna, el empleo y la calidad de vida de la población.
