El expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, acusó en durísimos términos a su sucesor, Carlos Rosenkrantz de intentar una virtual privatización del área de comunicación del máximo tribunal –el Centro de Información Judicial (CIJ)- y de actuar, con ese objetivo, de manera “mediocre” y vulnerando derechos laborales.
A través de una carta que hizo pública, Lorenzetti advirtió que “el clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte” generaron la “paralización momentánea del cuerpo.
La misiva, que lleva fecha 9 de octubre, reveló el fuerte clima de enfrentamiento entre las dos figuras y puso al máximo tribunal en una situación escandalosa. La disputa está vinculada al cambio que Rosenkrantz pretende realizar en el área de comunicaciones de la Corte, un espacio estratégico creado el 30 de mayo de 2006 y que tuvo entre sus primeros coordinadores al propio Lorenzetti y al ex ministro Raúl Zaffaroni. La denuncia puso en evidencia no sólo el interés del nuevo titular de la Corte por administrar ese Centro, sino el de hacerlo presuntamente a través de una consultora privada.
“En el día de la fecha me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar”, comienza la carta. Lorenzetti alude a la acordada en la que su sucesor lo acusó de haber autorizado los traslados de María Bourdin, responsable del CIJ y de su segundo, Pablo Méndez, a su vocalía, provocando la virtual “acefalía” del CIJ.
Lorenzetti ofrece una versión distinta de los hechos: “Hace muy pocos días, usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial (CIJ). Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional”, expresa. Según Lorenzetti, ese trato habría motivado el pedido de traslado de Bourdin y el resto del personal : “Esto último no constituye un obstáculo ya que, si el presidente lo desea, puede pedirles que se vuelvan a la Secretaría en cualquier momento. Lo que no puede hacer es obligarlos, ya que son personas dignas con derechos laborales”, reclama.
Entre las acusaciones que le formula a Rosenkrantz, Lorenzetti formula un hecho hasta ahora desconocido: “Hubo un pedido escrito suyo para entregar toda la documentación de la Secretaría a una persona designada por locación de servicios por treinta días, que pertenece a una consultora privada”, advierte.
Y agrega: “El escrito fue dirigido a personas que no podían cumplirlo. En lugar de plantearlo en el acuerdo de ministros, usted ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios, porque se habían apartado, o trabajando en vocalías de ministro. Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea”.
Más adelante, Lorenzetti recuerda la génesis del CIJ y el procedimiento formal para designar a un nuevo secretario de comunicaciones, que requiere la aprobación de todo el cuerpo.
“La Secretaría de comunicaciones depende el pleno de ministros Hay dos aspectos centrales a considerar: La Comunicación de la Corte y del Poder judicial son áreas diferentes, pero que estuvieron unificadas porque el ministro coordinador y el presidente eran la misma persona. Desde que se creó esa área existieron muchos intentos de incorporar personas vinculadas al Poder Ejecutivo, o al sector privado, lo que siempre fue rechazado por considerar que se afecta la independencia del Poder Judicial”, recordó.
Finalmente, afirma: “El cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había, sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé”.
