Feminización de la pobreza, la deuda pendiente de una demografía sustentable

El último informe anual del Fondo de Población de Naciones Unidas pone el dedo en la llaga de género que lacera al mundo: la falta de acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos.
28 de Diciembre de 2017

Alejada de los centros de poder de decisión mundial pero ejemplo mundial en su tradición feminista, la Argentina acuñó en 2004 un lema superador de cualquier eslogan del oenegísmo global: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Poder decidir sobre nuestros cuerpos al momento de ejercer nuestra sexualidad puede marcar para siempre nuestros destinos, y es la clave para combatir ese fenómeno que crece como un monstruo, sobre todo en los países más pobres, que es la feminización de la pobreza. El último informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) da cuenta de que “la disponibilidad de servicios de planificación familiar es un elemento fundamental, no sólo para la salud reproductiva, sino también para la igualdad económica y social, ya que los embarazos no planeados limitan las oportunidades de las mujeres de cursar estudios, su participación cívica y su progreso económico”. El estudio global agrega: “Las mujeres que carecen de control sobre su fecundidad pueden verse imposibilitadas para incorporarse a la fuerza de trabajo remunerada porque tienen más hijos de los que deseaban. O es posible que les resulte demasiado complicado permanecer en un puesto de trabajo porque el servicio de guardería es excesivamente caro. Y, una vez en el mercado laboral, cabe la posibilidad de que no se las considere para un ascenso porque su empleador da por sentado que dejarán el puesto cuando queden embarazadas. Las mujeres más pobres tienen un acceso más reducido a la salud sexual y reproductiva, enfrentan más dificultades para ejercer sus derechos reproductivos, y presentan mayor probabilidad de estar desempleadas o subempleadas y ganar menos que los hombres”.

Con el descenso de la fecundidad en todo el mundo, la participación de las mujeres de 25 a 54 años en la fuerza de trabajo ha aumentado en prácticamente todas las regiones a lo largo de los últimos 20 años. Allí donde se registran tasas elevadas de participación de las mujeres en la población ocupada, las tendencias han dado pie a la reducción de la fecundidad, debido en parte a las dificultades de equilibrar las aspiraciones educativas y profesionales con la maternidad y el cuidado de los hijos. En los países con tasas de fecundidad elevadas, en especial los menos desarrollados, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo en empleos remunerados sigue siendo baja: el 20% en Asia Meridional y el 22% en el África Subsahariana.

Las que carecen de los medios necesarios para decidir si desean quedar embarazadas, cuándo o con qué frecuencia, hacen frente a desafíos aún mayores. En general, las mujeres más pobres, con menos estudios y que residen en zonas rurales tienen menor acceso a los anticonceptivos. Según un estudio del Instituto Guttmacher, las tasas de embarazos no planeados son más elevadas entre las mujeres sin acceso a los servicios de control natal o al método anticonceptivo de su elección. Se calcula que en el mundo en desarrollo se producen cerca de 89 millones de embarazos no planeados al año.

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El lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, nacido de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, al calor de los históricos Encuentros de Mujeres, es exhaustivo, no deja tramo sin recorrer del proceso decisorio al momento de vivir nuestras sexualidades. Sin embargo, luego del grito colectivo, su traducción en políticas públicas es en la Argentina un camino accidentado. Las dos primeras partes del lema se corporizaron en una ley y en un programa de aplicación nacional.

En 2006 se promulgó la ley de Educación Sexual Integral  (ESI) y se empezó a implementar en todos los tramos de la educación formal en el país, desde jardín hasta el secundario, con resultados dispares. La ley no sólo contempla la formación en prevención de embarazos no deseados, sino también la prevención de enfermedades de transmisión sexual, identidad de género, orientación sexual y la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres.

Si bien la implementación de la ley es gradual y defectuosa, ya que su cumplimiento es escaso en muchos distritos, el escenario se complica aún más. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad detectó que el gobierno nacional invirtió en ESI 12 millones menos que en 2015. La partida que ejecutó el Ministerio de Educación desde su sanción creció sistemáticamente hasta 2015, cuando se gastaron $ 55.755.738. Sin embargo, desde el primer año de la administración Cambiemos, la inversión se redujo en un 50,3% y pasó a $ 27.662.623 en 2016. Este año, la cartera ejecutó $ 43.211.136 pesos, un 22,5% menos que el último año de gobierno anterior.

En tanto, el reclamo por “anticonceptivos para no abortar” dio a luz la ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente del Ministerio de Salud, por la cual “a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, se debe prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos”. También prescribe controles periódicos y la inclusión de esta prestación en el Programa Médico Obligatorio para los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social y prepagas.

Flor Maffeo, integrante de la Campaña, da cuenta de que desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se percibe un retroceso en el acceso a estos métodos. “Durante 2016 faltaron preservativos y anticonceptivos. Recién este año se volvió a comprar implantes subdérmicos, que liberan hormonas. Se había empezado la compra desde el Estado nacional, con prioridad para la población adolescente, pero este año disminuyó, y hay escasez de preservativos. Tampoco están disponibles en varios centros de salud los anticonceptivos inyectables trimestrales y mensuales, lo que genera dificultades en el uso concreto”. 

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