En una entrevista que brindó en la semana, el ministro de Economía dejó una serie de definiciones que vale la pena destacar. Repitió en numerosas ocasiones que el plan económico tiene su guía en el Presupuesto y que es preciso recuperar el poder adquisitivo del salario.

Sobre la evolución de la inflación y respecto de los valores más altos a futuro que tratan de instalar intencionadamente determinados sectores, Martín Guzmán señaló que es lo mismo que ocurrió cuando los mercados auguraban “que iba a haber una devaluación (…). La brecha llegó a ser entre el 130% y el 150%, entre los tipos de cambio paralelo y el oficial y nosotros decíamos: «no vamos a devaluar porque tenemos los instrumentos para revertir este problema»”. El ministro explicó que luego “la brecha cayó entre 70 y 90 puntos porcentuales en cuatro meses” y que ahora con la inflación “hay una dinámica de los primeros meses del año que nosotros esperábamos y también esperamos que este problema vaya resolviéndose de una forma gradual, persistente, consistente, en la línea de lo que establece la política macroeconómica”. Por esta razón no es correcto proyectar el mismo ritmo inflacionario hasta diciembre, como hacen algunas consultoras y analistas.

La idea de gradualidad es clave: indica que lo que se busca es que se desacelere la inflación en un proceso, no que pase a ser de un dígito en poco tiempo. De lo contrario se ahogaría la recuperación de la economía, del salario y del empleo. Es lo contrario al plan de shock del anterior gobierno, que le propinó un severo golpe a los ingresos de los hogares y, en vez de disminuir la inflación, la aumentó.

Ahora la política antiinflacionaria no parte de la lógica del ajuste, de que con la contracción monetaria o la suba de tasas de interés alcanza. La inflación no obedece a un fenómeno exclusivamente monetario sino que es multicausal y por ende el enfoque debe ser integral. Por caso, se busca que las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio no sean la locomotora que arrastra a los precios, sino un vagón que viene atrás. Y que en este marco los salarios crezcan un poco por encima de los precios.

Para convalidar esta dinámica también hay que evitar que los mayores precios internacionales se sigan trasladando a los precios internos, como ha ocurrido con los

alimentos. Tampoco es deseable que unos pocos se apropien de los frutos de la reactivación que se está observando, algo que va en línea con la reflexión que en su momento hizo el Presidente.

Sobre el enfoque integral, el ministro explicó además que hay una política macroeconómica (fiscal, monetaria, cambiaria), cuyo pilar central es la ley de Presupuesto, que “es la columna vertebral del programa macroeconómico” y también hay políticas de salarios y de precios.

En cuanto a lo primero, vale comentar que en la semana el gobierno colocó letras en el mercado y consiguió financiarse en $67.400 millones por encima de sus necesidades. Son ocho meses consecutivos en los que se verifica esta dinámica y en el año ya se acumula un saldo del orden de los $143.700 millones, lo que indica que el Tesoro está logrando financiarse en pesos y así no recaer tanto en el financiamiento del Banco Central. Es otra consecuencia de la profundización del desarrollo del mercado de capitales local, que ha posibilitado contar con nuevas fuentes de financiamiento. De esto casi no se habla en los medios.

Además, se busca coordinar expectativas y decisiones por parte de quienes influyen en la determinación de los precios y de los salarios para que todo vaya en la línea de lo que establece el Presupuesto. Guzmán señaló que “lo que viene pasando es que todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el Presupuesto”. Un detalle que no es menor, agrego, es que los convenios que se están firmando tienen cláusula de revisión, lo que indica que el criterio final es que los salarios le ganen a la inflación.

También dijo que “hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del Gobierno y en el compromiso que el Gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el poder adquisitivo del salario crezca, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico junto a las empresas (…). Bajar la inflación es un proceso que el gobierno conduce pero que conlleva una responsabilidad colectiva”.

Desde hace mucho tiempo he venido sosteniendo que no alcanza con los “pactos de caballeros” y que se necesitan compromisos, regulaciones y acciones concretas. También es indispensable saber qué es lo que ocurre en las cadenas de valor, un concepto con el que hace no mucho parecían estar de acuerdo algunas cámaras empresariales. Sin embargo, para que ese diálogo se dé de manera constructiva es preciso que se comparta la información relevante de lo que está pasando con la formación de precios.

En un paso más en estas políticas, el gobierno acaba de crear el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Se apunta a contar principalmente con información de precios, producción, ventas y stock de las más

grandes empresas que operan en el mercado interno. La información requerida tendrá carácter reservado y confidencial y servirá, como afirma la Resolución 237, para “identificar y caracterizar las diversas problemáticas de los sectores económicos implicados en la producción, distribución y comercialización de bienes finales e insumos con mayor impacto en la población y la actividad económica del país, previniendo situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales así como la continuidad de servicios asociados a la producción y el comercio, en consonancia con el interés público”. Son empresas que están en condiciones, por sus posibilidades técnicas y operativas, de brindar la información pertinente, lo que no les generará mayores costos.

Desde las grandes cámaras empresarias se apuntó contra la norma, con los argumentos de siempre: “mayores intromisiones”, “asfixia”, etc. Pero sólo se les está diciendo a las empresas más importantes que entreguen información para saber si hay motivos razonables para ciertos aumentos de los precios, dónde están las distorsiones, o qué insumos aumentaron, por ejemplo.

Si bien es de esperar que un plan de este tipo genere resistencias, no se debiera perder de vista que lo que se está tratando de hacer es solucionar el descalabro que dejó el macrismo. El gobierno está tratando de solucionar los grandes problemas —no de trasladarlos para más adelante— y apuntando a construir una economía viable. No fue el Frente de Todos quien firmó la hipoteca con el Fondo Monetario. Pero como representante de la sociedad en su conjunto, deberá hacerse cargo. Por eso es preciso arribar a un arreglo sostenible para la Argentina y no actuar bajo presión de las falsas urgencias que tratan de imponer los denominados mercados. Como ocurrió con la deuda privada, hay que generar un cronograma de cancelación de deuda compatible con un plan de crecimiento e inclusión.

También hay que transitar un sendero en el que las tarifas estén en consonancia con la capacidad contributiva de los/as usuarios/as, con recuperación de los salarios, las jubilaciones, el mercado interno y las PyMEs. Los esperables rechazos de algunos sectores no hacen más que indicar que se va en la dirección correcta.