Después de nueve horas de tensión y arduas negociaciones, el gobierno provincial y los trabajadores de Astilleros Río Santiago llegaron a un acuerdo y se levantó la toma realizada en reclamo de insumos para trabajar y el cese de descuentos salariales, que impedía que el interventor Daniel Capdevila, directivos y empleados administrativos pudieran salir de la planta.
El acuerdo llegó por la noche tras la intervención de la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, quien ingresó a la planta en el marco de una denuncia por supuesta “privación ilegal de la libertad”. En ese marco, el interventor y los trabajadores firmaron un acta acuerdo para destrabar la compra de oxígeno y gas, entre otros insumos para reanudar la producción. Además, las autoridades gestionaron una reunión para el lunes con los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) para revisar los descuentos salariales que vienen sufriendo los trabajadores debido a la quita del plus por productividad.
La toma había comenzado ayer por la tarde después de una reunión que mantuvieron los dirigentes sindicales con Capdevila pasado el mediodía. Entonces los trabajadores definieron en asamblea realizar una «permanencia pacífica» en la puerta del despacho del interventor hasta que consiga los insumos o presente la renuncia.
Carolina Antognini, delegada gremial de la Mesa del Cuerpo de Delegados del Astillero, aseguró que “para los trabajadores y trabajadoras del Astillero esto es un triunfo, pudimos doblegar la intención del gobierno nacional, el gobierno provincial y las autoridades de la empresa que quieren cerrar la empresa”. Y aseguró que en la reunión del lunes “se va a tratar un tema muy importante para los trabajadores que son los descuentos ilegales que aplicó el gobierno provincial a nuestros salarios”. La tensión entre el gobierno provincial y los trabajadores de Astilleros viene desde hace meses por las versiones de posible privatización de esa planta, que el Ejecutivo desmintió sistemáticamente.
La relación empeoró cuando el interventor Capdevila presentó una denuncia contra los dirigentes de ATE Ensenada por presunto fraude a la administración pública, y llegó a su pico máximo de tensión el 21 de agosto pasado cuando la policía bonaerense reprimió a los trabajadores durante una marcha que realizaban a la Gobernación para reclamar que no haya despidos.
El acuerdo llegó por la noche tras la intervención de la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, quien ingresó a la planta en el marco de una denuncia por supuesta “privación ilegal de la libertad”. En ese marco, el interventor y los trabajadores firmaron un acta acuerdo para destrabar la compra de oxígeno y gas, entre otros insumos para reanudar la producción. Además, las autoridades gestionaron una reunión para el lunes con los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) para revisar los descuentos salariales que vienen sufriendo los trabajadores debido a la quita del plus por productividad.
La toma había comenzado ayer por la tarde después de una reunión que mantuvieron los dirigentes sindicales con Capdevila pasado el mediodía. Entonces los trabajadores definieron en asamblea realizar una «permanencia pacífica» en la puerta del despacho del interventor hasta que consiga los insumos o presente la renuncia.
Carolina Antognini, delegada gremial de la Mesa del Cuerpo de Delegados del Astillero, aseguró que “para los trabajadores y trabajadoras del Astillero esto es un triunfo, pudimos doblegar la intención del gobierno nacional, el gobierno provincial y las autoridades de la empresa que quieren cerrar la empresa”. Y aseguró que en la reunión del lunes “se va a tratar un tema muy importante para los trabajadores que son los descuentos ilegales que aplicó el gobierno provincial a nuestros salarios”. La tensión entre el gobierno provincial y los trabajadores de Astilleros viene desde hace meses por las versiones de posible privatización de esa planta, que el Ejecutivo desmintió sistemáticamente.
La relación empeoró cuando el interventor Capdevila presentó una denuncia contra los dirigentes de ATE Ensenada por presunto fraude a la administración pública, y llegó a su pico máximo de tensión el 21 de agosto pasado cuando la policía bonaerense reprimió a los trabajadores durante una marcha que realizaban a la Gobernación para reclamar que no haya despidos.
