Referentes de la Unión Argentina de Trabajadores Civiles Policiales, Penitenciarios, Fuerzas de Seguridad y Organismos de Seguridad, encabezados por su secretaria General, Magalí Perillo, pidieron formalmente el viernes que el gobierno les otorgue la personería gremial. Solicitaron una reunión tripartita que incluya al Ministerio de Producción y de Trabajo y el de Seguridad. Buscan la representación gremial de más de 50.000 posibles afiliados.
En el petitorio, la agrupación sindical hizo hincapié en la creación y actualización constante de un registro sobre violencia laboral, maltrato y discriminación de género. La idea es que se implementes encuestas laborales anónimas de manera periódica para advertir este tipo de situaciones y no naturalizarlas. En este sentido, se impulsa sobre todo que se genere un registro de jefes violentos o maltratadores.
Para llevar a cabo estas medidas, consideran fundamental la apertura de una mesa de diálogo entre las carteras que conducen Dante Sica y Patricia Bullrich con el fin de prevenir la “violencia institucional” y la “vulnerabilidad laboral” que padecen los empleados civiles que son contratados por las diferentes fuerzas de seguridad.
Desde la agrupación pretenden la “equidad e igualdad de trato” entre el personal civil y el de las fuerzas de seguridad. Un dato no menor es que los trabajadores que no pertenecen a estas policías están jerárquicamente por debajo del último efectivo con estado policial ingresado. La intención es poder “evitar abusos de autoridad e inequidades en los tratos del personal más novel hacia el más antiguo”.
La Unión Argentina de Trabajadores Civiles Policiales, Penitenciarios, Fuerzas de Seguridad y Organismos de Seguridad comenzó sus trámites el 29 de septiembre de 2015 ante el Ministerio de Trabajo pero con pretensiones más amplias ya que incluía la agremiación del personal policial. En abril del año siguiente, la cartera que conducía el entonces ministro Jorge Triaca, indicó que el encuadre gremial no podía incluir al personal policial pero sí a los civiles que son contratados por las fuerzas.
“Rectificamos los estatutos y es por ello que ahora queremos el reconocimiento gremial, para que se deje de discriminar a estos trabajadores que están desamparados mientras que el personal civil de las fuerzas armadas, por ejemplo, sí tienen representación ante las diferentes autoridades”, explicaron fuentes de la agrupación quienes el año pasado presentaron un amparo judicial por mora administrativa debido a que el ministerio que dirige Sica, no se había expedido. De todas formas, reconocieron ciertos avances con el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio Fernández, con quien se reunieron dos veces.
Los voceros de la asociación adelantaron que en los próximos días presentarán un nuevo recurso de amparo para que se les otorgue la personería gremial provisoria y una medida cautelar para que puedan comenzar a afiliar al personal civil sin que pudieran ser pasibles de sanción.
Una agrupación civil, pro policía
Fuentes internas de la agrupación recordaron a Tiempo cuáles fueron sus orígenes. “Todo se inició por la lucha de los derechos humanos del personal policial caído o herido en servicio por los albores del año 2008”, señalaron. Para que no haya dudas de dónde están posicionados indicaron que una de las banderas de su lucha es el denominado Caso Duffau, en el que cinco policías de la comisaría de Ramos Mejía fueron a juicio por la muerte del joven. Los investigadores habían establecido que Damián Gastón Duffau había sido echado de un local de comidas de la zona aquel 23 de febrero de 2008. El muchacho de 34 años llegó muerto al hospital. Estaba semidesnudo, con los pies atados y un doble juego de esposas en la caja de una camioneta de la policía.
En un principio, los agentes fueron detenidos y en dos debates orales -llevados adelante por los TOC N°4 y TOC N°5 de La Matanza- resultaron absueltos, pero la Sala VI de Casación finalmente dio vuelta estos fallos y condenó a los sospechosos a perpetua por “torturas seguidas de muerte”. Dos de los policías sentenciados apelaron el fallo a la Corte Suprema de Justicia y el protagonista de esa medida judicial fue Rubén Adrián Fernández, un abogado que suele representar a policías acusados de los más graves delitos como el crimen de Fabián Gorosito, donde ninguno de los 12 policías imputados resultó condenado por el secuestro las torturas y el asesinato del joven en 2010. Sin embargo, 11 de ellos fueron condenados por diferentes tormentos que le proporcionaron a otros dos jóvenes.
Los referentes de esta agrupación también participaron en el conflicto de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en octubre de 2012. “El perfil del gremio no es extorsivo ni mafioso. Pregona la equidad laboral y la igualdad de género en instituciones policiales. Con el norte de prevenir los abusos funcionales en el trato laboral y los acosos sexuales que terminan no denunciados”, concluyeron las fuentes.
