Horacio “Pechi” Quiroga es intendente de la ciudad patagónica del Neuquén. Allí, en 2018, promovió una reforma jubilatoria en la ciudad que afectaba senisblemente los ingresos de los trabajadores municipales. Al igual que ocurriera en diciembre de 2017 a escala nacional, en la provincia petrolera se produjo una oleada de protestas de empleados municipales que llegaron a poner en jaque la aprobación del proyecto. La entonces concejala municipal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la docente Patricia Jure, se transformó en la voz de rechazo a ese proyecto dentro del recinto municipal.
El día en el que finalmente el polémico proyecto habría de ser aprobado, el Concejo Deliberante amaneció vallado para impedir el avance de la movilización. Jure, que participó de la protesta, intentó ingresar para ocupar su banca lo que fue impedido por las fuerzas de seguridad obligándola a saltar un vallado para ejercer su derecho (y el de sus electores) a emitir un voto de rechazo.
Por esos hechos, el propio “Pechi” Quiroga, junto con el presidente del Conejo Deliberante Guillermo Monzani, decidieron abrir un proceso penal contra Jure y los trabajadores municipales Marisol Vásquez y Juan Carlos González, por “perturbar el orden de la sesión legislativa”.
Patricia Jure, en marzo de este año, sería electa diputada provincial por la misma fuerza y con el voto de los ciudadanos de la provincia del Neuquén.
El viernes 6 de septiembre por la tarde se realizarán una audiencia pública en el Congreso Nacional para difundir el caso y un proyecto de declaración presentado por la diputada nacional Romina Del Plá que rechaza el “intento de criminalización” y reclama “el cierre de la causa”. El texto ya cuenta con las firmas de la propia Del Plá así como de los legisladores nacionales Victoria Donda, Nicolas Del Caño, Roberto Salvarezza, Carlos Castagnetto y Monica Schlotthauer.
Allí se propone repudiar “la feroz represión que sufrieron los trabajadores municipales de Neuquén en las distintas ocasiones en que se movilizaron al Concejo, incluido el día de la sesión en la que, con vallas y un fuerte despliegue represivo, se votó la reforma previsional que establece el aumento de los aportes obreros al Instituto Municipal de Previsión Social y la confiscación del primer mes de cada aumento recibido”.
Además sostienen la “denuncia a la represión y las acciones penales contra los dirigentes políticos y sindicales que se opusieron a la reforma contra los jubilados municipales, como una herramienta de extorsión, amedrentamiento y aleccionamiento de los luchadores sociales, en defensa de una ofensiva contra los trabajadores y jubilados”.
Con todo no se trata de un hecho aislado. El jueves por la mañana en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se realizó una conferencia para reclamar la libertad de Daniel Ruiz congresal petrolero del Chubut encarcelado hace un año por participar en diciembre de 2017 de las protestas en el Congreso de la Nación contra la aprobación de la reforma previsional. Ruiz es militante del PSTU y candidato a diputado en las listas del Frente de Izquierda de la Provincia de Chubut.
Al mismo tiempo, se conoció que la justicia mendocina dio lugar al pedido de imputación al Senador provincial del FIT Victor da Vila junto con nueves dirigentes sindicales y piqueteros provinciales presentado por el propio gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.
