El gobierno gastó en diciembre $ 14.600 millones en bonos extra para evitar desbordes sociales. Sin embargo, esa ayuda no llegó a todos los sectores y de hecho tampoco alcanzó para evitar que un amplio sector de la sociedad cayera en la pobreza.
Según el informe del Ministerio de Hacienda, el grueso se destinó a fortalecer el programa de Asignación Universal para Protección Social. Allí se incluyeron $ 6100 millones para titulares de la AUH (por hijo) y AUE (embarazadas), que percibieron un plus de $ 1500. También hubo otros $ 5200 millones en otros rubros de la emergencia social, entre ellos los $ 3000 extra que percibieron los beneficiarios de otros planes. Además, el bono a empleados estatales insumió $ 3300 millones.
Pero el desglose de gastos de la administración pública durante 2018 muestra disparidades que reflejan que las buenas intenciones oficiales tuvieron alcance limitado. Así como los rubros dentro del ítem Protección Social crecieron durante el año un 45,2%, a tono con la inflación, el total de jubilaciones y pensiones subió en términos nominales apenas un 26,7%, unos 20 puntos por debajo del índice de precios. Todavía menos subieron las asignaciones familiares: apenas un 19,9% más que en 2017. Los desembolsos en pensiones no contributivas, en tanto, subieron un 23,2%. El agregado de todos los ítems nucleados bajo el rubro prestaciones sociales subió un 27,6%, con la consecuente licuación en términos reales.
También entre los empleados públicos la reglamentación de la ayuda fue despareja. Los que dependen directamente del Estado cobraron $ 5000, pero otros trabajadores de empresas y organismos descentralizados no lo percibieron. Algunos, como los que pertenecen al Sistema Federal de Medios Públicos, ni siquiera tuvieron actualizaciones de sueldo durante 2018.
En todo está el Fondo
Como en casi todos los sectores de la economía, las resoluciones del gobierno en este tema fueron tuteladas por el Fondo Monetario Internacional. La decisión de destinar hasta un 0,2% del PBI para ayuda social directa fue plasmada por escrito en la carta de intención que el organismo aprobó en junio.
«Las reformas fiscales implementadas en Argentina en el pasado fracasaron porque se prestó insuficiente atención tanto a la construcción del consenso social necesario para implementar las reformas, como a la protección de los más vulnerables de los efectos de las mismas. No repetiremos este error. Esto es particularmente apremiante dado el intolerable nivel de pobreza que hemos heredado de la administración anterior», rezaba el texto elevado a Washington.
En ese sentido, el gobierno reivindicó lo actuado. Señaló que el gasto en protección social trepó en 2018 a $ 86.891 millones, un 16% por encima de lo previsto. El margen extra de $ 12.055 millones fue acorde con la salvaguarda planteada (de hasta $ 13.500 millones) para aplicar en programas «altamente focalizados y bien localizados». El FMI, preocupado por «responder mejor a las necesidades emergentes de hogares de bajos ingresos», aprobó ese gasto adicional siempre y cuando no supere el 0,2% del PBI (unos $ 28 mil millones). A juzgar por los resultados, esa ayuda para los sectores más vulnerables no evitó que subiera la pobreza. «
