La crisis humanitaria también causa estragos en Colombia

Casi 250 mil de personas están "en riesgo", según un informe que además menciona "asesinatos de líderes, amenazas a comunidades y el uso de minas antipersonas por parte del Estado".
(Foto: AFP)
25 de agosto de 2019

La crisis humanitaria en la región no es privativa de Venezuela, como el Grupo de Lima, EE UU y otras naciones sostienen, sino que está causando estragos en Colombia, uno de los países cuyo gobierno esgrime este argumento en contra del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Un informe difundido por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), casi un cuarto de millón de personas está "en riesgo" y con "necesidades humanitarias" que no pueden ser satisfechas "como consecuencia de las acciones armadas que limitan el acceso a la asistencia y a la labor humanitaria en el Cauca". Este drama de cientos de miles de colombianos se complementa con "el asesinato de líderes, las amenazas a las comunidades, el uso de minas antipersona, el desplazamiento y el confinamiento". El organismo no gubernamental pide la activa participación del Estado para desmontar esta tragedia, profundizada a partir de la asunción de Iván Duque.

"Estamos siendo testigos del incremento del sufrimiento humano como consecuencia de las acciones armadas que limitan el acceso a la asistencia y a la labor humanitaria en el Cauca. Es urgente que estas acciones paren y que los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario", dijo Christian Visnes, director de país del NRC. Se trata, explica la ONG, de "cerca de 242 mil personas" que habitan la región de Cauca, en la costa occidental del país, una zona muy castigada por asesinatos a líderes campesinos, cuyos dirigentes sociales reclamaron hace apenas un mes a la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General, protección ante el incremento de amenazas por parte de grupos ilegales para que abandonen sus territorios.

La crisis se debe a principalmente a la falta de implementación de programas de relocalización y emprendimientos productivos en los territorios antes ocupados por las FARC, desmovilizadas tras el acuerdo de 2016, que  dejó enormes extensiones libradas al narcotráfico y a las fuerzas paramilitares, establecidas en las zonas liberadas por la ex guerrilla marxista. El crecimiento de los ejércitos ilegales es tal que se volvió a hablar de las Águilas Negras, un grupo paramilitar extremo que llegó a contar con 30 milcombatientes y que se creía extinguido.

Desde el 1° de enero de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz en La Habana, fueron asesinadas 837 personas, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo en cambio computa una cifra inferior aunque igual de crítica, de 462 muertes.

Colombia además es el país con mayor número de desplazados internos por causa del conflicto: más de 7 millones de personas (entre 1964 y 2018), más incluso que en Siria. A eso se agregan migrantes y refugiados por la violencia, que según Indepaz son "al menos 5.600.000, equivalente a 11,62% de un total de población de 48,2 millones. Si se suman los desplazados internos, el 14% de la población actual, se llega a la cifra espeluznante de 26,14% del total de la población, que muy pocos países pueden mostrar".

Preocupación por el paradero de Jesús Santrich

Interpol publicó el jueves una circular roja en busca del exjefe de las FARC Jesús Santrich, requerido por la Justicia en Colombia, y cuyo arresto pidió hace un mes y medio la Corte Suprema. Se trata del exlíder guerrillero de las FARC, que asumió como diputado según lo establecía el acuerdo de paz de 2016, y que desapareció en junio pasado sin que se conozca hasta ahora su paradero cierto. Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte, es buscado por una acusación de narcotráfico, por cuya causa debía presentarse –y no lo hizo– el pasado 9 de julio.
Según las autoridades estadounidenses y la Fiscalía colombiana, Santrich habría coordinado envíos de cocaína hacia EE UU, y por eso en abril había sido capturado en Bogotá para responder por una orden de extradición en su contra.
Su captura generó polémica porque, como estaba en la lista de personas acogidas a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), hubo quienes consideraban que no era la justicia ordinaria la encargada de llevar el proceso, y mucho menos de capturarlo.
Hubo varias especulaciones sobre su destino, que había sido secuestrado o asesinado por fuerzas de extrema derecha, o se había fugado por temor a padecer ese final; o bien por no confiar en la ecuanimidad en la forma en que se llevaría adelante su proceso en una causa que él niega responsabilidad.

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