El ajuste y la crisis de los pequeños agricultores no sólo no tiene fin, sino que tampoco tienen interlocutores oficiales a quienes plantearles su realidad. El gobierno se niega a recibir al sector que produce más del 60% del alimento que se consume en Argentina, es decir, el que no exporta. Pero la situación se agrava cada día y en la marcha que las organizaciones de pequeños agricultores se sumaron los medianos agrupados en la Federación Agraria.
Luego de varios verdurazos los agricultores mantienen el nivel de reclamo. La decisión del Ministerio de Agroindustria, a cargo de Miguel Etchevehere, de quitarles la obra social afecta a 100.000 personas y es un golpe al bolsillo y la salud que no pueden afrontar.
Agustín Suárez de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) explica que los reclamos que llevan hoy adelante fueron acordados entre todas las organizaciones: “El reclamo sigue siendo por la quita del Monotributo Social Agropecuario (MSA) y alguna política para el sector, porque ya no hay prácticamente nada, y líneas de financiamiento que permitan sostener esas políticas que reclamamos, y las reclamamos porque las necesitamos”. Las políticas a las que se refiere son tarifas diferenciadas de luz y gas oil, créditos blandos a tasa subsidiada y subsidios a los insumos utilizados en la producción.
Si bien estos son los tres ejes más importantes de la enorme movilización de hoy, Suárez cuenta que hay temas de mayor importancia que dejaron un poco de lado por la urgencia de estos tres, “como el apoyo del ministerio a la ley de acceso a tierra o la reglamentación de la ley de agricultura familiar”.
Para entender el reclamo en términos de dinero, el Estado desembolsaba 12 millones de dólares en pagar la obra social de 100.000 pequeños agricultores y campesinos. No resulta un número significativo si se tiene en cuenta que según la Cámara de Rosario dejan de ingresar al Estado U$S 1.000 millones al no cobrar retenciones a la agroexportaciones o los 17 millones que sí entrega el Estado por la Ley de Emergencia de los que no les toca un centavo de dólar a los pequeños agricultores.
Esta realidad llevó a Tiempo a preguntar si no es un tema económico, por qué desde el sector piensan que el gobierno toma estas medidas. Suárez responde desde su mirada personal, pero que comparte con la mayoría de los referentes del sector: “Es un tema ideológico. La excusa es económica, pero el trasfondo es ideológico”.
“La excusa en el caso del MSA en frases textuales del secretario de Agricultura Familiar es ‘La Argentina es un país pobre, no podemos gastar 30 millones de pesos por mes en un solo sector’, ‘El sector está en condiciones de pagarse su propia obra social’, etc., esta última es un grave y profundo desconocimiento de la realidad del sector”, se explaya Suárez.
La realidad del sector es que existe un lento pero sostenido abandono de los productores rurales de su trabajo debido al altísimo precio del alquiler de la tierra, el tarifazo en luz y combustible, por eso Suárez explica que “esta situación se profundiza. No es que van a quebrar todos, pero si va a haber un declive paulatino en que muchos se irán fundiendo y deberán buscar otra cosa, alguna changa en la ciudad. La mayoría de los productores del sector periurbano, que vivimos relativamente cerca de alguna gran ciudad vamos buscando alguna otra cosa. Y esto se lo que planteamos al gobierno cuando nos atendieron hace un mes después de seis meses de no recibirnos”.
La presencia de la Federación Agraria le da un mayor peso a la movilización de este jueves, ya que indica que la crisis los está afectando, de modo muy fuerte por las importaciones y el precio del alimento balanceado, además del aumento de precios y “cero políticas de contención”.
Entre otras organizaciones nacionales estuvieron presentes la Federación Nacional Campesina, que organiza productores del norte del país; el Movimiento Nacional Campesino-indígena, que aglutina productores de monte adentro; la UTT, que posee un perfil de productor intensivo de los cordones periurbanos. Además de decenas de organizaciones regionales y cooperativas.
Entre todos ellos presentaron un escrito que entre otros puntos denuncian que el sector “se extingue” y “se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros”.
