La maniobra del gobierno para privar a miles de su pensión por discapacidad

Apeló el fallo que ordenaba devolverlas pero dejando firme el decreto 432/97, que endurece requisitos removidos durante la década pasada. Sólo diez días de plazo para regularizarse.
(Foto: Mariano Martino)
Por Federico Trofelli - @fedetrofelli
30 de Septiembre de 2018
Empecinado, el gobierno insiste en recortar las pensiones no graciables. En contra de los fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a restablecer el beneficio a más de 100 mil personas, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), cuya cabeza máxima es la vicepresidenta Gabriela Michetti, aceitó el mecanismo para avanzar con el ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables de la población: las personas pobres con discapacidad.

Esta semana, el gobierno apeló el fallo de la jueza Adriana Cammarata, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, quien había ordenado –tras un amparo colectivo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad– restituir todas las pensiones suspendidas o interrumpidas por disposición de Guillermo Badino, entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley. Ese organismo fue reemplazado hace un año por la ANDis.

El fallo de Cammarata contemplaba sólo las bajas de 2017, que según calcularon los trabajadores del área nucleados en ATE son unas 170 mil pensiones, de las cuáles fueron repuestas 39.340 luego de que los afectados presentaran medidas judiciales. Afuera de esta sentencia quedaron unas 30 mil suspensiones de 2016, de las cuales fueron restituidas apenas 4258. Por ende, se cree que aún falta devolver unas 160 mil pensiones.

Cammarata consideró la quita como un acto "lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados, tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales", pero no atacó al decreto 432/97, del que se valió el gobierno para restringir el acceso a las pensiones: la norma de la década del '90 suponía que tanto el beneficiario como su cónyuge no debían percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; tampoco debía tener bienes ni ingresos que permitieran su subsistencia; acreditar el 76% de discapacidad; y, por ejemplo, no tener un auto de menos de diez años de antigüedad.

Entonces, el gobierno prefirió tomar la parte que más le convenía del fallo y avanzó con su estrategia: el 20 de septiembre, dos días después de la decisión de Cammarata, aprobó la Resolución 268/2018, que recién fue publicada en el Boletín Oficial el día 26. Convalidó así "el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades" estipuladas por el decreto 432/97 y advirtió que notificará a todos los pensionados que presenten irregularidades, a quienes les dará un plazo de diez días para ponerse en regla.

Estos requisitos habían pasado a un segundo plano durante la década pasada, al entender que contradecían la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Anteriormente, se suponía a "la incapacidad laboral desde un paradigma médico", precisan desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero "el criterio de asignación de las pensiones no contributivas se modificó después de 2001, tomando en consideración la situación de vulneración del colectivo, pues la condición de discapacidad lo es en tanto su interacción con las barreras sociales más allá de un diagnóstico". «


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“Que el esfuerzo lo hagan los que ganan con la crisis, no los que ya están castigados”

La abogada Varina Suleiman, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONG que promovió un amparo colectivo en contra del ajuste en las pensiones, dialogó con Tiempo y no fue optimista: "La apelación del gobierno al fallo de Cammarata era de esperar, porque si bien en su momento habían dicho que la baja masiva fue un error, en la práctica se demostró que el recorte de derechos, mal llamado ajuste, fue hecho de manera voluntaria".

–¿Por qué piensa eso?

–En las resoluciones en las que volvían a dar de alta una pensión, aclaraban que lo hacían por la medida cautelar de la Justicia. Caso contrario, les cabían los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, en el Presupuesto del año que viene prevén 38 mil pensiones menos.

–Ustedes representan a decenas de organismos que trabajan la problemática, ¿tienen diálogo con el gobierno?

–A fines de diciembre, luego de ser invitada a hablar en el Congreso por este tema, nos hicieron una denuncia penal argumentando que utilizábamos esto con fines políticos para desviar la atención. Documentamos todo, hicimos la denuncia, y cuando salió la sentencia en su contra, avanzaron en dos cuestiones: apelaron el fallo y se metieron con los requisitos para obtener las pensiones.

–¿Temen que ahora haya vía libre para dar de baja a las pensiones?

–Anteriormente, los beneficiarios nunca habían sido notificados y no se pudieron defender. Eso es lo que dijo la Justicia. Entonces, ahora van a dar diez días para que lo hagan. Pero ese decreto es inconstitucional. Sólo encaja en un sistema neoliberal. Una cosa es la dádiva y otra igualar en dignidad. Esta pensión es de supervivencia, cumple la función de mitigar algunas desigualdades.

–¿Cómo se revierte esta situación?

–Sin presupuestos no hay derechos. Cualquier derecho, no sólo las pensiones, debe estar contemplado en el Presupuesto. En este momento se está discutiendo la Ley de Presupuesto 2019, es ahora el momento en que los diputados y senadores tienen la responsabilidad de considerar si se tienen en cuenta o no plenamente todos los derechos.

–Pero el gobierno justifica los recortes con la crisis.

–El presidente reconoció una crisis. Solicitamos que no se pida un mayor esfuerzo a los que ya están castigados. Los esfuerzos tienen que salir de sectores que, aun en medio de esta crisis, siguieron ganando. Esa responsabilidad es del Congreso, que tiene atribuciones para establecer en un período de emergencia un impuesto extraordinario.

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