El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, presentó una medida cautelar ante el Estado argentino para que suspenda la extradición de Facundo Jones Huala a Chile. Luego de la autorización de la Corte Suprema, a la extradición sólo se le faltaba la firma del presidente Mauricio Macri y la resolución de procesos pendientes que existen en la Argentina, pero su abogada Sonia Ivanoff le dijo a Tiempo sobre esto último: “No vemos un ambiente político que respete la cláusula de que sea juzgado aquí en la Argentina”.

La extradición del lonko mapuche, que es para iniciarle un juicio, no para que cumpla una sentencia, debería quedar suspendida hasta que el Comité integrado por 18 expertos independientes examine el caso. “Nosotros hicimos un pedido de acción urgente, entre ellas una cautelar, que dictaron ahora, y que le pide al Estado argentino que suspenda el procedimiento de extradición que está en su última parte a raíz de la sentencia de la Corte”, explica Ivanoff.

El dictamen de la Corte avalando la extradición fue lo que gatilló el planteo urgente al Comité de Derechos Humanos de la ONU. No sólo lo hizo la doctora Ivanoff como representante legal, también “lo hizo él (Jones Huala) de puño y letra, denunciando en particular tres artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde la Argentina es Estado parte”.

Los miembros del Comité no se han expedido sobre el fondo de la causa,sino que han considerado que hay elementos suficientes para examinar en profundidad el tema. Para eso pedirán al gobierno todos los documentos que consideren pertinentes para evaluar el caso. Entonces, el Comité de DD HH también le presentará el caso a la defensa de Jones Huala para que puedan tener voz en el trámite que se cursa en la ONU. Una vez cumplidos estos pasos, el Comité emitirá un dictamen.

Los pactos y convenciones internacionales ratificados por el Estado argentino exigen haber sido votos por el Congreso, así obtienen el nivel vinculante, es decir, obligatorio para las autoridades nacionales. La representante de Jones Huala explica que “la decisión es vinculante porque este pacto ha sido ratificado por mayoría del Congreso y fue incorporado en la Constitución. Sería una irresponsabilidad no cumplir un tratado internacional que es vinculante en todo el territorio argentino”.

El juicio de extradición tiene tres partes, la primera es administrativa, cuando se pide a la Argentina la extradición del dirigente mapuche, la segunda es la etapa judicial que ya concluyó con la sentencia de la Corte, y seguía la etapa administrativa con lapsos muy pequeños, de diez días a partir de que toma conocimiento Cancillería para que el presidente concediera o no el pedido chileno. Facundo Jones Huala es argentino y le cabe la opción de ser juzgado por los delitos que se le imputan en el país. Él tiene causas pendientes en la justicia federal, como la de Benetton, en las que está procesado. Pero no vemos un ambiente político que respetará la cláusula de que sea juzgado aquí en la Argentina. La velocidad del trámite era y es importante por el tratamiento que viene teniendo el pueblo mapuche en general, por el acceso a la justicia y la vulneración del principio de inocencia. Facundo no sólo es argentino, también pertenece a una minoría étnica dentro del país, y es requerido para ser sometido a juicio, no para cumplir una condena, concluye la letrada.