Con las leyes de convocatoria a elecciones y de designación de los miembros del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), Bolivia avanza hacia una definición política crucial tras el golpe de Estado contra Evo Morales. El proceso contó con el voto unánime de ambas cámaras y la participación clave de diputados y senadores del MAS-IPSP, la fuerza política del presidente exiliado en México. De este modo, el gobierno interino de facto de Jeanine Áñez seguirá hasta que se fije la fecha de los comicios, a lo sumo en 120 días. En tanto, denunciará a Evo ante La Haya por «crímenes de lesa humanidad». Excluido por el gobierno de facto, Evo anunció de todas formas que no piensa ser candidato a presidente ni a vice, aunque manifestó interés en «estar en mi país para participar del proceso de las elecciones», según dijo en la entrevista que difundió ayer TN.

También el vice renunciante, Álvaro García Linera, está impedido de participar y dentro del MAS hay incertidumbre sobre quién podrá encarar la sucesión política del mandatario indígena. Con varios de sus dirigentes perseguidos y otros sin la trayectoria suficiente, se augura un debate encarnizado al seno de la fuerza política que responde a Evo (ver aparte).

En cambio, las fuerzas antes opositoras ya comenzaron a mover sus piezas. El líder «cívico» de la región de Santa Cruz y fundamentalista cristiano, Luis Fernando Camacho, confirmó ayer que participará con el propósito de que Evo, García Linera «y su cúpula de secuaces no vuelva a gobernar nunca más» y «que el pueblo deje de estar relegado de las decisiones públicas». Camacho lideró las protestas antigubernamentales tras las elecciones de octubre y quien, sin ser funcionario ni legislador, ingresó al Palacio Quemado, sede de gobierno, y puso una Biblia en el suelo en una suerte de señal redentora.

Por su parte, el candidato presidencial coreano-boliviano y pastor evangélico, Chi Hyung Chung, anunció que volverá a postularse por el Partido Demócrata Cristiano.

Camacho y Chi se suman al anuncio que hizo la semana pasada Carlos Mesa de volver a postularse, tras sacar un segundo lugar a 10 puntos detrás de Morales en las elecciones donde la OEA afirmó haber detectado «irregularidades».

En ese sentido Evo pidió que haya «elecciones libres y transparentes» para lo cual «no puede haber perseguidos políticos o asilados». El mensaje va directo al gobierno de facto, que continúa su campaña de criminalización contra los principales dirigentes del evismo. Tras la causa iniciada contra el presidente depuesto por «sedición y terrorismo» por un supuesto audio en que se oye su voz convocando a disturbios, que el propio Evo niega y califica de «montaje», el ministro de Gobierno Arturo Murillo, informó que «en los próximos días se presentará otra demanda, por crímenes de lesa humanidad en La Haya».

Días atrás, la canciller Karen Longaric afirmaba que hay un «grupo más o menos de 20 asilados diplomáticos» en la Embajada de México en La Paz, de los cuales «cinco de ellos tienen orden de detención y no pueden beneficiarse de protección diplomática». La fiscalía a su vez aseguró que Interpol abrió una alerta azul contra Evo, lo que significa que «está siendo investigado» y pidió al gobierno mexicano que permita tomarle declaración.

Pasado el momento de mayor convulsión, que produjo cerca de 34 muertes, el gobierno de Áñez levantó la cláusula de eximición de responsabilidad penal a los militares que intervienen en la represión, en clara muestra de que el proceso golpista se valió de las FF AA. «