Las mujeres presas por drogas, una problemática silenciada

Dos expertas visitaron Argentina y explicaron que la mayoría de la población carcelaria femenina está ligada al narcotráfico o al consumo de estupefacientes. "Es necesario que separen estos casos del derecho penal y comiencen a ser tratados como un problema de salud pública", afirman porque no sólo afecta a las presas sino también a las familias que sostienen.

6 de Noviembre de 2018

Con el objetivo de comunicar la situación de mujeres encarceladas por drogas en toda la región, Coletta Youngers y Andrea James, dos expertas internacionales en políticas de Derechos Humanos, visitaron la Argentina y realizaron una conferencia de prensa en la Fundación Friedrich Ebert además de un seminario en la Universidad Torcuato Di Tella.

“Tienen que despenalizar los delitos de drogas y poner el foco en otros que resultan más graves. La solución a esta problemática no está en el encarcelamiento de las mujeres que consumen o comercializan estupefacientes: sino en programas estatales que les brinden un combo de oportunidades para proyectar sus vidas”, asegura la experta Youngers. Y continúa: "Ellas necesitan estudiar, trabajar y tener una vivienda digna. Metiendo presas a las mujeres con adicciones o delitos relacionados a esto, no reparan nada, porque en los penales también hay drogas, por lo cual siguen inmersas en ese mundo. Para que algo mejore, es necesario que separen estos casos del derecho penal y comiencen a ser tratados como un problema de salud pública”.

Está comprobado que la mayor parte de la población carcelaria femenina en toda América Latina y el Caribe está por delitos de drogas y de muy bajo nivel comercial. Las expertas hacen foco en que las mujeres se involucran en estos delitos porque allí encuentran la posibilidad de mantener a su familia. Sin embargo, los estados las encarcelan, de este modo quedan con sus hijos en una situación de mayor vulnerabilidad.

Según los datos publicados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en Brasil la población encarcelada por drogas es de un 27% del total, y en el caso de mujeres asciende a un 60 %. Mientras que en Costa Rica representa el 26% del total, y un 75% son mujeres. Es una tendencia regional que se extiende y que afecta a todos los países del continente. Esto muestra el impacto nefasto de las políticas de drogas sobre las mujeres, niñas y niños que quedan a la deriva tras las detenciones de sus madres.

Por su parte, el Institute for Criminal Policy Research sostiene que la población carcelaria femenina total en América Latina creció un 516% entre 2000 y 2015, en comparación con un 20% de los hombres. En Argentina, el incremento fue del 271% entre 1989 y 2008: más del 50% de las presas están privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas. Detrás de estas tasas de encarcelamiento están las leyes de drogas punitivas y la imposición de penas desproporcionadas a mujeres que, en muchos casos, actúan, pese a los riesgos, por una cuestión de supervivencia.

“Las mujeres cautivas en los sistemas penitenciarios tienen muchas ideas buenas para cambiar sus vidas, lo que necesitan es que los Estados les brinden la posibilidad de poder concretarlas. Para eso hace falta implementar dispositivos. Lo real es que estamos muy lejos de nuestro objetivo, porque no hay una voluntad manifiesta para que esto suceda. De todos modos, no bajaremos los brazos y seguiremos luchando para generar un cambio”, asevera la experta Andrea James. Y agrega: "En Estados Unidos tenemos algunos proyectos pilotos para tratar de revertir ante esta situación. Somos conscientes de que es muy difícil, porque todos los días salen nuevas drogas a la venta. Hay gente que piensa que sólo fuma marihuana, pero en realidad les ponen otros químicos que son adictivos y tóxicos”.

Al parecer, las mujeres y trans son las elegidas por el sistema penal punitivo que a diario las manda a prisión. En Argentina más del 60 % del total de las travestis presas están por drogas. Esto también sucede en los Estados Unidos donde la población carcelaria está compuesta –en su gran mayoría- por afrodescendientes. Por lo cual las expertas lo analizan como un claro acto de racismo y criminalización.

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