Los créditos a tasa 0 se usarán para pagar deudas y sostener el gasto familiar

Se considera que alrededor de un millón de personas podrá acceder a los préstamos y que demandarán unos 70 mil millones de pesos. No podrán comprar dólares bursátiles.

(Foto: AFP)
3 de mayo de 2020

Alrededor de un millón de personas podría pedir los créditos a tasa cero. Son los cálculos que circulan en las dependencias oficiales que siguen el tema –AFIP, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo y el Banco Central-. La magnitud del esfuerzo fiscal, en tanto, es calculada en unos 70 mil millones de pesos.

Según los informes del Ministerio de Trabajo, a enero último, en la Argentina había registrados 1,6 millones de monotributistas de todas las categorías, a los que se suman casi 400 mil autónomos. También están registrados 365 mil monotributistas sociales.

No todos los integrantes de este universo de 2,4 millones de personas podrán acceder a los créditos a tasa cero. El gobierno consideró que como los monotributistas sociales y los monotributistas de las categorías A y B podrán recibir asistencia estatal vía el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por ello no deberían aplicar para este préstamo.

Esto deja a unos 600 mil monotributistas y a los 400 mil autónomos en carrera para pedir el crédito.

La pregunta que se hacen los analistas es: ¿cómo impactará esta masa de dinero en la economía? Una parte de la respuesta está en cuál será el uso que se le dé.

Según estudios recientes publicados por Tiempo, hasta el 80 por ciento de los hogares argentinos ha tomado deudas drante la cuarentena. Al mismo tiempo, un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo indica: “La mayoría de los trabajadores independientes formales ha sufrido una caída notoria en su actividad. El 75% de los monotributistas y el 71% de los autónomos han visto recortada sus ventas y sus compras. Si bien esta población es ciertamente menos vulnerable que los trabajadores independientes informales, lejos está de estar ‘blindada’ ante la pandemia”.

De allí que los dos primeros usos de los créditos serán para sostener el gasto de los hogares y pagar las deudas, especialmente las de tarjeta de crédito. Según los datos del Banco Central, as familias deben a las tarjetas de crédito $ 536 mil millones. Por su parte, la consultora Cerx estimó que 1,5 millón de hogares deben a prestamistas y financieras unos $93.000 millones, con un monto promedio de $62.539 por cada familia.

El mecanismo de otorgamiento del crédito facilita que se paguen las deudas con las tarjetas por dos motivos: el primero es que el dinero se depositará como crédito a favor del beneficiado en su cuenta de tarjeta de crédito. El segundo, y más importante, es que si ese beneficiario posee una deuda con la tarjeta, se usará el dinero en forma automática para saldarla.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que quien tenga deudas en las tarjetas de crédito sufrirá el descuento del monto adeudado al momento de calcular el préstamo, y el resto es el que quedará disponible para su uso.

En algunos círculos se especulaba con que cierto grupo de los beneficiarios de los préstamos podría dirigir el préstamo hacia la compra de dólares bursátiles. Sin embargo, la normativa que se conoció el jueves último descarta esa posibilidad; es decir, el beneficiario del crédito no podrá operar con bonos para comprar o vender dólares. En caso contrario, perderá el beneficio y deberá pagar al Estado los intereses bancarios que éste desembolsó.

Aseguran que el IFE sigue en mayo

El gobierno se prepara para lanzar un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) correspondiente a mayo. El beneficio de $ 10 mil aun se está otorgando por primera vez a quienes no eligieron la forma de cobro. En fuentes del gobierno circuló la versión de que en este segundo pago se sumarían a 1,1 millón de personas que no ingresaron en el primer desembolso. Las versiones crecieron a partir de un informe de Jefatura de Gabinete que planteaba que la extensión de todos los programas de asistencia hasta junio implicaría un esfuerzo estatal total de 1,7 billones de pesos, o 5,6 puntos porcentuales de PBI.

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