Los fondos de la AFI, protegidos por un decreto, objeto de un amparo

Lo presentaron los organismos de derechos humanos que forman parte de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).
23 de Septiembre de 2017

Los tres inmuebles de la ex SIDE que fueron subastados por la AABE, son una “ínfima parte” de los 87 inmuebles que el estado puso a la venta, dentro de un banco de bienes en todo el país que varía entre las 60.000 y 80.000 propiedades. Las tres cuevas que fueron subastadas, significaron una venta de 2 millones de dólares. De ese total, 1,4 millones de billetes verdes irán a parar a las finanzas de la AFI, actualmente controladas por Juan José Gallea, ex gerente del Grupo 23, y mano derecha del vaciador Sergio Szpolski, denunciado penalmente por los trabajadores de este diario.

Gallea tuvo la misma función bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando la SIDE estaba en manos del banquero Fernando De Santibañes y Darío Richarte. Ahora, de nuevo en el cargo, será el encargado de “invertir en bienes de capital”, el 1,4 millòn de dólares que surgió de esa subasta ordenada por Macri e implementada por la AABE, que conduce Ramón Lanús. Gracias a un decreto dictado por Macri el año pasado, la AFI no tiene que rendir sus gastos a nadie. Ese tema está desde esta semana en manos del juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, Secretaría 19, a partir de un amparo que presentaron los organismos de derechos humanos que forman parte de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) que reclamaron que el Poder Judicial le ordene a la AFI “que brinde la información que solicitamos en junio y que su director, Gustavo Arribas, se negó a hacer pública”. La ICCSI está integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre (FVL), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), y el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de la UMET (NEGyS-UMET). 

Según un comunicado difundido esta semana, reclamaron a la justicia saber “la existencia de acuerdos de intercambio de información de inteligencia entre la Argentina y otros países, el régimen de administración de fondos reservados de la AFI, en cumplimiento con la obligación de transparentar el uso de esos fondos establecido por la ley de Inteligencia, cómo están reguladas las categorías de desclasificación de seguridad de la información y sus plazos, y el uso de interceptaciones telefónicas de inteligencia, es decir, qué interceptaciones se realizan, en qué cantidad, cuál es el mecanismo de resguardo de la información y en qué medida se informa a la bicameral del Congreso responsable por la fiscalización de estas medidas”. 

El decreto presidencial 656/16, del 6 de mayo del año pasado, le permitió a la AFI mantener en secreto todos sus fondos, que el año pasado fueron de 1.450 millones y ahora pasaron a 1.804 millones, con un incremento del 24,5 por ciento. El 28 de agosto, la AFI se negó a brindar la información requerida por la ICCSI alegando que toda información relativa a la AFI está “clasificada” sin brindar ningún fundamento legal más que un genérico “porque así lo dice la ley”.

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