Más allá del contenido político que pudiera subyacer detrás de las movilizaciones de la Policía Bonaerense, lo cierto es que los métodos extorsivos adoptados les resultaron efectivos al menos para sus propósitos reivindicativos.
El uso de patrulleros y armas reglamentarias en la protesta de una fuerza que se encuentra en el centro del escenario político por el caso de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro y que carece de derechos de sindicalización, generaron un clima de zozobra que llevó al gobierno bonaerense a conceder gran parte de sus reclamos.
Así, en apenas un día y medio de conflicto el Ejecutivo provincial dispuso un incremento del salario inicial del 19,6% llevándolo desde los $ 36.785 vigentes hasta $ 44 mil. Pero la mejora en los haberes llega hasta el 44% si se toma en cuenta el incremento del plus por equipamiento, que escaló de $ 1130 a $ 5000, así como las horas extra que, según indicó el gobernador Axel Kicillof, llevarían el salario por encima de los $ 60 mil. Tomando en cuenta que la resolución implica una triplicación del valor de la hora extra, un oficial que a partir de noviembre alcanzará a ese nivel de ingreso, a la fecha estaría percibiendo 41.581 pesos.
En líneas generales, los gremios bonaerenses coincidieron en reconocer la legitimidad del reclamo salarial pero repudiaron la metodología que calificaron de «extorsiva». Con matices, creen que el incremento resulta una oportunidad o, al menos, una confirmación de la legitimidad de su propio reclamo salarial que se encuentra congelado.
Según explicó a Tiempo María Laura Torres, secretaria adjunta del Suteba, el salario inicial de una maestra sin antigüedad en la Provincia alcanza hoy los $ 31.058 mientras que, según el dirigente de ATE Hugo Cachorro Godoy, «el salario inicial de una auxiliar de escuela es de $ 23 mil y el de un trabajador de la administración central provincial es de $ 27 mil. El de los profesionales de la salud ronda los $ 35 mil».
De hecho, el viernes se conoció un comunicado suscripto por una quincena de sindicatos provinciales que ante la asonada policial manifestaron su «preocupación y rechazo por el método empleado para llevar a cabo un legítimo reclamo salarial». La metodología adoptada, agregaron, «excede las formas aceptadas por nuestra sociedad para resolver los conflictos en un estado de derecho y ponen en riesgo las instituciones democráticas».
Pero en ese comunicado, además, manifestaron que «el deterioro de los salarios denunciado en ese reclamo afecta al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras estatales de la Provincia, por lo que resulta urgente la convocatoria para dar continuidad a las negociaciones salariales en todos los sectores del Estado en las que se garantice una recomposición inmediata de los haberes».
El secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, Pablo Abramovich, aclaró a Tiempo que «no salimos a pedir salarios cuando salió la policía sino que lo venimos haciendo hace varios meses, incluso con medidas de fuerza en julio y otras que tenemos resueltas en caso de no tener respuestas».
Si bien aclaró que «la metodología es ilegítima y repudiable», señaló que «el gobierno decía que no había plata para nadie. Pero ahora esa ecuación se reformuló y ya no hay margen para no discutir nuestros salarios, que son mucho peores que los que tenía la policía». Como referencia, continuó, «un ingresante al Poder Judicial en la Provincia cobra $ 29.800 pesos, necesitan una suba del 50% para llegar a la línea de la pobreza».
En esa línea, Marta Márquez, presidenta del gremio de los profesionales de la salud (CICOP), dejó de manifiesto su malestar: «Venimos reclamando hace meses ser convocados a paritarias. Se nos dijo que no había dinero para mejorar los salarios y nos encontramos con que, ante la actitud de la policía, que no es la de una movilización de trabajadores sino de una extorsión que puso en jaque la institucionalidad, se responde con la decisión política de sacar fondos de donde sea para pagarles. Entonces, nos preguntamos por qué no hay una decisión política de mejorar los salarios de los profesionales de la salud que tenga que ver con la responsabilidad de la tarea que llevamos adelante en la pandemia, poniendo en riesgo nuestra vida».
María Laura Torres, de Suteba, se distanció del reclamo policial: «Los docentes no estuvimos callados durante cuatro años», dijo, y explicó que, ahora, «el último aumento fue en julio y quedaron en convocarnos pero no lo hicieron. No creo que este gobernador postergue la discusión en nombre de este gasto extraordinario, si lo hiciera, estaremos parados en este mismo lugar».
El líder de los estatales nacionales confió en que esta situación «va a acelerar las discusiones» mientras que, Abramovich bregó por una «señal política» que, desde su visión, debería ser que «a partir del mismo lunes el gobierno anuncie la apertura del diálogo para recomponer salarios que, en nuestro caso, están congelados desde marzo y arrastramos una pérdida salarial desde diciembre de 2017 del 28,9%». Es que, consideró, «es clave que el gobierno ponga en claro cuáles son las prioridades».
