La Corte Suprema ratificó una vez más el sobreseimiento del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, quien fue denunciado por su presunta participación en una maniobra que hace siete años escandalizó al fuero federal porteño: un nunca probado manejo irregular de la asignación durante la feria judicial del expediente por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra, con la supuesta intención de excarcelar a los acusados de haber disparado las balas asesinas y, de esa manera, evitar la detención del histórico titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza.

La jueza de instrucción Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño estaban en plena investigación de la muerte de Ferreyra, ocurrida el 20 de octubre de 2010. El ex presidente Néstor Kirchner ya había muerto una semana más tarde de aquel episodio, y varios de los integrantes de la patota ferroviaria que fue dirigida al barrio porteño de Barracas para disolver una manifestación de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca en reclamo por sus derechos laborales (apoyados por el PO) ya estaban presos.

El círculo comenzaba a cerrarse sobre Pedraza, quien a finales de 2010 estaba aún en libertad pero temía que en algún momento fueran a detenerlo, tal como efectivamente terminó ocurriendo en febrero de 2011.

Escuchas telefónicas ordenadas por la jueza López permitieron detectar una supuesta maniobra para digitar el sorteo de la sala de Casación que durante la feria judicial de enero de 2011 debía resolver si excarcelaba o no a los acusados de matar a Ferreyra. Las grabaciones sugerían pagos ilegales a cambio de esos manejos espurios. Había, primero, que manipular el sorteo del tribunal; luego, “convencer” a los jueces de ese tribunal, entre los cuales estaba Riggi. El giro copernicano en la causa dejaría virtualmente a salvo a Pedraza de cualquier imputación en su contra.

Pero la jueza López y la fiscal Caamaño denunciaron lo que estaba ocurriendo y el plan, si efectivamente existía, fue desbaratado. En la causa, que llevó adelante el ex juez federal Norberto Oyarbide, fueron procesados el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, un empleado de sorteos de Casación, Luis Ameghino Escobar, hijo de un ex camarista penal e identificado en las escuchas como “el señor de las teclas”. El eufemismo aludía a que supuestamente él era el encargado de amañar la elección del tribunal. También fueron procesados el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme y el ex contador de la Unión Ferroviaria Ángel Stafforini. Pero Riggi fue sobreseído.

En cada instancia de apelación, la medida fue confirmada: Cámara Federal, Cámara de Casación y Corte Suprema. Beatriz Rial, quien resultó gravemente herida en el mismo episodio en que fue asesinado Mariano Ferreyra, insistió con la reapertura de la investigación, pero nunca lo logró.

El 26 de setiembre de 2017, la Corte, con las firmas de sus cinco jueces, desestimó el último planteo. Rial no se conformó y formuló un nuevo planteo de revisión, pero el máximo tribunal, en su último acuerdo y con las mismas voluntades de sus integrantes, respondió: “las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina”.

Riggi quedó, así, completamente desvinculado de cualquier sospecha sobre su eventual intervención en una maniobra espuria para beneficiar a los condenados por el crimen de Mariano Ferreyra.