El fiscal federal Franco Picardi dispuso medidas para averiguar si la designación por decreto del juez Pablo Bertuzzi como camarista federal durante el gobierno de Cambiemos fue parte de una maniobra para perjudicar judicialmente a ex funcionarios del período 2003-2015.

Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou, a fines de agosto pasado.

Picardi pidió al Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Justicia “copias digitalizadas de todas aquellas actuaciones y/o expedientes sustanciados en el marco del traslado del magistrado Dr. Pablo D. Bertuzzi, del Tribunal Oral en lo Federal 4 de esta ciudad, a la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, aprobado con fecha 13 de septiembre de 2018”.

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En el mismo sentido, requirió al Tribunal Oral en lo Federal 4 “una copia digitalizada del fallo y fundamentos emitidos tras la sustanciación del juicio que se produjo en el marco de la causa caratulada ‘Boudou, Amado y otros s/cohecho y negociaciones incompatibles’  el 3 de octubre de 2018”.

El fiscal puso la mirada en la secuencia temporal del desembarco de Bertuzzi en la Cámara Federal (inmediatamente después de condenar a Boudou) y en las circunstancias en que se produjo (pese al rechazo mayoritario de los jueces indiscutiblemente titulares de la Cámara Federal).

La denuncia de Boudou, a través de su abogado Alejandro Rúa, mencionaba “interferencias generadas desde el núcleo político llamado ‘mesa judicial’, destinadas a disciplinar el funcionamiento del Poder Judicial” entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, “bajo la órbita de actuación de la gestión que encabezó el Ing. Mauricio Macri, al frente del Poder Ejecutivo Nacional”.

Bertuzzi “solicitó al Consejo de la Magistratura su traslado definitivo a la Cámara Federal, en el marco de un procedimiento reglamentariamente previsto, que le permite al organismo cubrir vacantes disponibles, pero que omite toda instancia de concurso como mecanismo de selección”, describió el fiscal.

En ese contexto resaltó que “frente a la presentación de Bertuzzi, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo, dio traslado a los Dres. Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, en su calidad de miembros de dicha Cámara, para que se expidan sobre la viabilidad del traslado”.

Los consultados –futuros compañeros de trabajo según la aspiración de Bertuzzi- votaron dos a uno en contra del traslado de Bertuzzi. “El 6 de julio de 2018, los Dres. Irurzun y Llorens opinaron en contra de la solicitud del Dr. Bertuzzi, y el Dr. Bruglia a favor”.

Según Rúa, “Bertuzzi habría establecido negociaciones prácticamente públicas con miembros del Poder Ejecutivo Nacional en miras a conseguir su traslado a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y que ellas habrían sido concomitantes al desarrollo del juicio que culminó con la condena de Amado Boudou”.

Boudou denunció que el comienzo del juicio oral en el que terminó condenado con Bertuzzi en el tribunal “coincidió sospechosamente con las elecciones legislativas que tuvieron lugar en octubre de 2017, y ello habría sido así, merced a la habilitación de feria que dispusieron los magistrados, ese mismo año, para fijar fecha del juicio”.

“Tras el veredicto de culpabilidad de Amado Boudou –subraya la denuncia-, y pese a la opinión mayoritaria desfavorable de los magistrados camaristas, el 13 de septiembre de 2018, se aprobó el traslado del Dr. Bertuzzi a la Cámara Federal”.

El expediente, cuya investigación está delegada en el fiscal Picardi, quedó radicado ante el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.