Lejos de dar marcha atrás, la ministra Soledad Acuña profundiza las medidas contra varias de las escuelas nocturnas que pretende cerrar en 2019. Durante la semana intentó avanzar con la realización de actos públicos ilegales para la designación de cargos y horas docentes. La comunidad educativa se concentró en las puertas de los colegios e impidió la realización de los mismos, pues, como denunciaron, estos actos violan los pasos legales para su desarrollo.
Fueron 27 las escuelas secundarias en las que Acuña intentó llevar adelante estos actos públicos durante la semana pasada, entre ellas: la N° 11 Antonio J. Bucich, la de Comercio N° 1 Joaquín V. González, el comercial N° 2 Dr. Antonio Bermejo y el Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón. Entre los liceos se encuentran el N° 7 Domingo Faustino Sarmiento y el N° 8 Esteban Echeverría, entre otros.
Estos actos públicos fueron convocados por fuera de toda normativa, ya que en algunos casos se notificó a las y los docentes vía correo electrónico sin la necesaria antelación.Desde la comunidad educativa denuncian que el objetivo del gobierno es dejar sin tareas al grupo de profesores de las escuelas que quieren cerrar, hasta que se concrete definitivamente la clausura de los primeros años de esos establecimientos y comience la reubicación de los docentes titulares. En simples palabras: el Ejecutivo porteño encara un proceso de vaciamiento de personal en las escuelas, previo al inicio del ciclo lectivo, incluso antes de que se judicialice la decisión de Soledad Acuña mediante amparos legales.
Formalmente, los actos públicos deben ser convocados mediante listas confeccionadas por la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP). En este caso se utilizaron listados que violan el procedimiento administrativo. Además, cada docente debe contar con un tiempo determinado para tener la posibilidad de notificarse y de rectificar si considera que no es correcto el puntaje que le otorgaron. En situaciones normales, entre la publicación de los listados para llamar a concurso y la realización del acto público, no pasan menos de 15 días. Nada de esto se tuvo en cuenta para realizar estos actos, y el gobierno intentó llevarlos a cabo en menos de 24 horas.
En diálogo con Tiempo, Sebastián Hereñú Legna, abogado y docente de la Escuela de Comercio N° 1, de Barracas, señaló que para que los actos públicos sean legales, los listados, además, «tienen que hacerse por orden de mérito: hay un puntaje por antigüedad, uno por título docente y otro por antecedentes, y todo eso se suma. Ellos querían reducir estos listados sólo por antigüedad y título docente». Con estos actos «truchos», además, quieren «delegar la responsabilidad de los despidos en los rectores de cada escuela y de manera irregular intentar que sea el propio docente quien firme en ‘conformidad’ su cese», explica el secretario general de Ademys, Jorge Adaro.
El PRO comenzó a disputar su poder en el manejo de estos «actos públicos» desde 2011, cuando Macri era jefe de Gobierno. En aquel entonces se aprobó un polémico proyecto de ley de «Democratización, Transparencia, y Modernización de la Clasificación y Designación Docente», presentado por el legislador Sergio Abrevaya. Eliminó ocho Juntas de Clasificación y las siete restantes quedaron a cargo del Ministerio de Educación y de la COREAP.
La victoria de la comunidad educativa al impedir la realización de casi 20 actos públicos ilegales provocó que este viernes renuncie la responsable de la COREAP, María Bacigalupo, quien además era la mano derecha de Acuña. De inmediato hubo una reunión en el Ministerio con los supervisores, donde acordaron extender los actos públicos hasta febrero de 2019. En medio de la crisis interna por la que atraviesa la cartera educativa, en la COREAP asumirá Federico Ponelli, un histórico de la Anses –de muy buena relación con Diego Bossio–, y delfín de Javier Tarulla, actual subsecretario de Carrera Docente. «
