El presidente electo, Alberto Fernández, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, polemizaron sobre el protocolo de uso de armas de fuego, que implementó el gobierno de Mauricio Macri, y que la nueva gestión busca derogar a partir del 10 de diciembre, ya que «sólo sirvió para lamentar víctimas de violencia institucional».

«Les va a salir el tiro por la culata, yo les diría que lo piensen, que no actúen impulsivamente, que analicen con más tiempo y no tomen decisiones contrarias sólo porque las hicimos nosotros», dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a radio La Red.

Minutos después, por El Destape radio, llegó la contestación de Fernández: «Y yo le pediría a Bullrich que reflexione sobre lo que hizo. Esos protocolos no sirvieron para nada, sólo sirvieron para lamentar víctimas de violencia abusiva institucional».

«Cambiar un protocolo que legitima que un policía dispare por la espalda no habla bien del Estado que lo permite. Lo dije en aquel momento: el protocolo fue solo para que los policías puedan aducir una causa de justificación que se llama cumplimiento de un deber. Les dieron una norma para legitimar esa conducta», agregó el mandatario electo.

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Según trascendió, Fernández no solo derogará el protocolo de uso del arma de fuego que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto, sino también la norma que permite a los efectivos exigir el DNI en las estaciones de trenes y subte.

«Si desprotegen a la policía y a las fuerzas de seguridad bajando el protocolo de uso de armas de fuego va a pasar lo que ocurría con el garantismo o el ‘zaffaronismo’, que cada vez que usaban un arma de fuego terminaban presos. La policía no sabe cómo actuar», había dicho Bullrich más temprano.

Para graficarlo, expuso cifras: en 2015 hubo 96 policías muertos, mientras que el año pasado sólo 24. «Cuando se sienten más seguros actúan mejor», indicó la ministra.

Las cifras que sí aumentaron en estos cuatro años fueron las de víctimas de las fuerzas de seguridad. Desde 2015 hubo más de 1300 personas asesinadas por gatillo fácil, según los registros de la Correpi, lo que convirtió a la gestión de Bullrich en la que más víctimas del accionar represivo hubo desde la vuelta de la democracia.  

«Lo que va a lograr Fernández, si lo deroga, es que la policía y las fuerzas de seguridad sientan que el Estado no valora su tarea, los deslegitima, no van a saber cuándo usar la fuerza y cuándo no», advirtió la ministra.