«LA ARGENTINA TIENE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE PRENSA DE SU HISTORIA». Así, con mayúsculas –lo que en las redes sociales equivale a gritar-, Mauricio Macri comunicó el pasado 31 de marzo en su cuenta de Twiter que «la Sociedad Interamericana de Prensa destacó a la Argentina por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país».

Lógico: la SIP reúne a los dueños de los medios tradicionales, la mayoría de ellos beneficiados por el Estado en la era Cambiemos. Y es común que en esos foros se confunda la libertad de empresa con la libertad de prensa, dos conceptos que sólo se emparentan en la fonética.

Lejos del clima festivo, el periodismo argentino sufre una calamidad. Con Macri en la Rosada se registraron más de 3000 periodistas despedidos, pauperización salarial, precarización laboral, vaciamiento de medios públicos, persecución judicial y económica contra emisoras críticas.

La contracara de esa devastación son las principales empresas de medios, que con Macri en el gobierno experimentaron una vertiginosa expansión. El Grupo Clarín –el principal oligopolio de prensa de la Argentina– se convirtió en una «telco» con la adquisición de Telecom y obtuvo una ley a medida para aumentar el precio de Papel Prensa a discreción. En lo que va del año, de hecho, el papel para diarios ya aumentó dos veces, acumulando un alza de 17,6%.

Clarín comparte los beneficios de Papel Prensa con La Nación, que consolidó su oferta multimedia y avanzó en el mercado del real estate. El Grupo América fue el mayor receptor de pauta publicitaria en términos relativos y Editorial Perfil se hizo con licencias de radio y televisión.

Los medios mencionados integran el minucioso informe elaborado por Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras, una prestigiosa organización internacional que escogió a este diario para realizar su tradicional Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM, por sus siglas en inglés).

El informe ya fue realizado en 20 países, y es la primera vez que se materializa en la Argentina. La elaboración demandó seis meses de trabajo de un equipo integrado por periodistas de este diario, colegas internacionales y académicos expertos en comunicación. El esfuerzo se verá plasmado desde esta semana en las web del diario y de RSF.

«Los medios de comunicación son un pilar para el sistema democrático, el Estado de derecho y la protección y difusión de los derechos de las personas, entre ellas las libertades de información y expresión», prologa el informe, que el próximo miércoles 10 será presentado en el Congreso de la Nación. Del evento –que es de acceso público y gratuito– participarán reporteros, legisladores y académicos de distintas latitudes.

El trabajo contiene revelaciones y hallazgos sobre los dueños de las empresas de medios, información que suele permanecer oculta para las audiencias que los consumen. Y en el prólogo se anticipa una primera conclusión: «El Monitoreo de la Propiedad de los Medios encontró que la crisis económica local y la ausencia del Estado para atenuarla, junto a una legislación que favorece la concentración de medios de comunicación y beneficia a los grandes conglomerados, asfixia económicamente el periodismo crítico y limita el derecho de la sociedad argentina a tener acceso a voces plurales».

Los datos recabados en el informe indican que la realidad es bien distinta al panorama que el presidente presentó a los gritos. Otra vez.  «