Pozo de Vargas, la prueba irrefutable del terrorismo de Estado

El Colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad de Tucumán lleva 105 identificaciones de víctimas de la última dictadura cívico-militar. En junio se reconocieron 19 casos de desaparecidos, que sacudieron a la sociedad tucumana.
15 de Julio de 2017

Donde antes había un frondoso cañaveral hoy hay una larga avenida que parecen dirigirse a los cerros tucumanos. Pero no. En el final, la extensa calle se encuentra con una construcción pequeña con techo de chapa en el medio de un terreno inmenso rodeado de varios árboles en crecimiento, todos con una foto al lado. "Pozo de Vargas" dice el cartel de entrada, pero es más que eso. Es la herida abierta, profunda y dolorosa que dejó a los tucumanos la última dictadura militar. 

Desde mediados de los '80 la zona, por ese entonces inaccesible, suponía un espacio prohibido que guardaba, según los vecinos, alguna vinculación con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. "Dicen que en la finca de Vargas tiraban los cuerpos de los desaparecidos", se escuchaba en el barrio de Villa Muñecas y Los Pocitos (ubicados en ese límite entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo) y donde está el pozo de agua donde hoy ya se reconocieron restos óseos de 105 víctimas. El Pozo de Vargas no era un mito barrial, era un espacio de inhumación clandestina.  La pelea de organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos, junto con abogados ocupados en crímenes de lesa humanidad, finalmente tuvo respuesta a finales de la década del '90 cuando a través de la Universidad Nacional de Tucumán se convocó a la Facultad de Ciencias Naturales y Arqueología para que formara un equipo que pudiera investigar en ese lugar. Así surgió el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) que este año cumple 15 de formación y cuyos integrantes hace apenas unas semanas declararon durante más de una hora frente al tribunal que lleva adelante el juicio por la megacausa del Operativo Independencia

"Recién en 2002 pudimos empezar a cavar", explica Ruy Zurita perito y miembro del CAMIT desde sus inicios. "Tardamos apenas dos semanas para encontrarnos con el pozo. Y a mediados de ese año hallamos las napas de agua de donde pudimos extraer la primera prueba física. En ese diámetro de tres metros metimos un caño de hierro para tomar muestras de sedimentos y comprobar la  profundidad del pozo. En ese entonces ya extrajimos restos óseos de  tres personas”, explica. 

Los primeros fragmentos extraídos, una vez que se comprobó que eran restos humanos, permitieron que la Justicia libere el dinero suficiente para seguir con las excavaciones que hoy se frenan nuevamente por falta de dinero. 

–¿Qué cambió desde la llegada del equipo, hace 15 años, a la actualidad?

–Cuando llegamos era una zona rural. Ahora parece una ciudad, pero no había asfalto ni luz, la trajimos nosotros porque la necesitábamos para realizar algunas tareas. La dinámica cambió muchísimo, gente que había antes y ya no está más, que fue erradicada  y gente nueva que se acercó y se sintieron parte del trabajo en el pozo. Vinieron con los años también los comentarios y testimonios. Recién ahora hay gente que empieza a contar, entre el año pasado y estos días me enteré de un montón de cosas. Cuando llegamos, en ese momento, salimos a recorrer la zona y entrevistar a los vecinos pero no sacamos muchas cosas. Cuando se empezó a conocer que efectivamente era así, se acercaron a contar lo que sabían. Esto sucedió porque no hubo un trabajo de difusión de este lugar o lo que significa este lugar para la población común, solo los familiares dimensionaron la importancia de esto. Una vez que el equipo de CAMIT encuentra los restos óseos, se envía el material al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que cotejen los datos. Todo esto se remite vía judicial con una cadena de custodia y una vez que se realizan las investigaciones, se informa a los familiares.

–Además de los restos óseos, ¿qué otro material hay en el pozo?.

–La gente fue arrojada al interior del pozo vestida, con objetos personales, pero también con elementos de tortura: vendas, esposas, frazadas... Todo ese material que fue utilizado para maniatar los cuerpos aparece en el fondo del pozo. El pozo tuvo un alto grado de conservación del material asociado a una persona. Entre esas cosas también aparece material cultural de consumo, por ejemplo, bolsas de arroz, un tarro de dulce de leche... Todas esas cosas tienen fecha, entonces, su estudio permite saber en qué año fue usado el pozo. Ese material nos dio como dato el uso entre 1975 y 1979. De las 105 personas, hay 19 que forman parte del período del Operativo Independencia que empezó antes de la dictadura.

–¿Qué significaron como equipo estos hallazgos?

–Es la confirmación de una hipótesis. Como grupo, fue la confirmación de que no estábamos equivocados en nuestro trabajo, en algún punto hay cierta satisfacción de poder aportar a la Justicia este tipo de evidencias, de mostrar lo que fue el terrorismo de Estado. Estos aportes también los hacemos a la sociedad, desde el punto de vista científico y usando un método que en forma tradicional usa la ciencia para hacer arqueología tradicional, nosotros lo convertimos en arqueología forense. Buscamos la mejor forma de descubrir más, de estudiar mejor los materiales y sobre todo hacerles más preguntas; para nosotros, obtener respuestas que a su vez se las damos a los familiares. Tratamos de armar el contexto y la estructura social que se perdió. A su vez, le sirve a la Justicia a la hora de determinar la condena. Estos hallazgos comienzan a aportar pruebas físicas reales e indubitables a las causas que se están armando y que se van a armar.

–¿Cómo llevan adelante el trabajo con los familiares?

–Los familiares han convertido al pozo en un lugar que es un espacio de memoria. Vienen el Día del Padre o los domingos a visitar ese arbolito que está plantado y que es un poco la imagen del pariente que perdieron. Este lugar ha trascendido y se convirtió en un espacio de uso social de los familiares.

–¿Desde lo económico, ¿qué se perdió en el último año?

–Se perdió la disponibilidad de recursos. Hay una disminución de recursos en las causas, hay más empleos judiciales pero no hay recursos para las investigaciones y sobre todo para este tipo de causas. Pasa en todo el país. En este sentido, Argentina está más atrás que el resto de Latinoamérica, acá el Estado no invierte en tecnología. Es paradójico, dado que ya tiene el capital humano formado y que dio más de una respuesta desde lo profesional.

–¿Cuál es el valor simbólico del Pozo de Vargas?

–El pozo es la evidencia física y material de algo que pasó y la gente lo niega. Hoy hay gente que sigue diciendo que esto era mentira o era irreal, pero yo creo que esa negación pasa por lo brutal de lo que refleja el pozo. Han sido años, en lo que fue del Operativo Independencia hasta el gobierno del kirchnerismo, en los que en el léxico de la política tucumana –como un reflejo de la población a la que representa– estaban los términos "guerrillero", "subversivo", "extremista". Bussi en su gobierno invirtió dinero en los medios para que se use ese léxico y eso fue una construcción social. Se inculcó ese pensamiento; por eso, al común del tucumano le cuesta procesar ese tipo de cosas. Se vendió una teoría que la sociedad creyó. Por otro lado están las personas que fueron víctimas. Dentro de la familia se crea esa dualidad en muchos casos: tenés adentro la víctima pero te genera rechazo la misma víctima. Eso tiene que ver con una construcción, lo podés chequear en los diarios. Eso viene de una práctica social implementada por un sistema represivo. «

Un duelo que no termina

Josefina Molina es la hija del ex vicegobernador Dardo Molina, que fue secuestrado en diciembre de 1976 luego de que en marzo de ese año fuera destituido del cargo que ejercía durante el gobierno de Amado Juri. En 2014, el equipo del Colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad de Tucumán encontró algunos restos que fueron enviados  para el análisis posterior del Equipo Argentino de Antropología Forense.

"En 2014 me notifican por un cotejo de ADN de un molar un canino y un fragmento de cúbito que fue hallado en el Pozo de Vargas. Un año después me notificaron del coxal derecho e izquierdo, pero yo como querellante pude pedir la ampliación que se hace por asociación teniendo en cuenta el lugar donde lo encontraron y los restos que están alrededor, y ahí se reconocen los omóplatos, las vértebras y las costillas. En julio de 2016 se reconocieron ambos fémures y cúbito; en esa época también empezamos a encontrar sus prendas, el pantalón de mi papá y la camisa que tenía manchas de sangre que no eran de él, mientras que el pantalón tenía orificios de bala impactados desde afuera. Yo insisto: todo esto pasa porque creo que hay que recuperar lo que más se pueda de nuestros desaparecidos", expresa Molina. "Fijate lo que generó el golpe cívico-militar, no sólo que lo secuestran a mi papá, sino que lo arrojan en un lugar y tenés que esperar que aparezca huesito por huesito. Cuando apareció ese primer diente de mi papá planté un árbol, no sabía qué hacer, luego encontraron los coxales dos metros más en profundidad que los primeros hallazgos. Es muy terrible, vas haciendo un velorio con un fragmento y después cuando te encontrás con los otros, ¿qué pasa? ¿Cómo hacés para explicarte siete duelos?", agrega.

Molina hizo un seguimiento del paso de su padre por los diferentes centros clandestinos y supo a través de una declaración que su papá fue llevado con otros dos secuestrados del galpón de Arsenales. Esa misma declarante dijo que escuchó tres disparos y que esas personas no volvieron al galpón. En 1993, se acercó un amigo a comentarme que un conocido suyo se había emborrachado y confesó que él, que era conscripto en esa época, lo llevó en el baúl a mi papá junto a otros cuerpos y que lo había tirado detrás de unos cañaverales yendo a Tafí Viejo. Nunca logré que esa persona testifique, él dijo que jamás iba a abrir la boca. Hay gente que no habla por miedo o trauma, pero yo hoy puedo cruzarme con él en la calle y de hecho me lo cruzo todos los días, mirarlo a los ojos y decirle que encontré en ese lugar a mi papá".

La evidencia del horror

Romualdo Ricardo Abad, Leopoldo Navarro, María del Carmen Clodomira, Roberto Vega, David Costilla, Marcos Antonio Pérez, Samuel Gerónimo Romero, Santiago Vicente, Francisco Díaz, Segundo Bonifacio Arias, Nilda Zelarayan, Miguel Ángel González, Gustavo Focchi, Justina Carrizo, Esther Moreti, Miguel Antonio Ibarra y Luis Alejandro Lezcano fueron víctimas del Operativo Independencia y se encontraron en el Pozo de Vargas. Por eso, Ruy Zurita declaró como responsable del CAMIT en el juicio que se está llevando a cabo en Tucumán desde el año pasado: "Desde el punto de vista de la Justicia estos procesos judiciales tenían una gran complejidad porque no estaban las pruebas. Ahora pasa que las pruebas están. Para una persona común es un horror. 

Nosotros lo mostramos, decimos 'acá está en este resto óseo que fue el ADN de este material, y que fue encontrado en esta profundidad, y que tenía alambres alrededor y tenía huecos de proyectiles. Esta persona, que estaba quebrada y en este estado, era fulano de tal y lo sacamos de tal profundidad, en tal lugar. Esto es indubitable. Llevar eso a los distintos juicios va a cambiar la mente de los jueces a la hora de decidir una prisión domiciliaria, una pena baja, una eximición".

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