Tal como lo adelantó el ministro de Trabajo Claudio Moroni cuando detalló en conferencia de prensa los términos del decreto que dictaminó un aumento de salarios de $4.000 para todos los trabajadores privados, está al caer una nueva reglamentación que extenderá ese beneficio a los empleados dependientes del Estado nacional
Según dejaron trascender “fuentes oficiales” a través de la agencia Télam, el incremento también llegará a los $4.000, con un primer aumento fijo de $.3000 al que se le adicionará una incremento de $1.000 al mes siguiente. Los $4.000 resultantes quedarán incorporados al salario. A diferencia del incremento que percibirán los privados, los empleados públicos nacionales percibirán el primer aumento en el mes de marzo y con el salario de febrero.
Del mismo modo, el decreto que está a la firma, dispondría un tope de $60 mil para percibir el beneficio aunque habrá que esperar el texto del decreto para confirmar esa información así como para saber si ese monto se refiere a los salarios básicos, si incluye eventuales adicionales por título, dedicaciones funcionales o reintegros por guarderías; si se refiere al bruto o al salario de bolsillo y, muy importante, si lo hace con relación a los salarios de diciembre o a los de enero y febrero en la medida en que, la paritaria estatal ya dispone de un acuerdo con incremento del 5% para cada uno de esos meses.
El beneficio, según estimaciones oficiales, llegará a 180 mil agentes que se encuentran encuadrados dentro del convenio colectivo sectorial (SINEP) y aquellos convenios especiales propios de organismos descentralizados y que perciben menos de esos $60 mil de salario mensual. Si así fuera, se trata de una erogación de $720 millones mensuales de los cuales $583 llegarán al bolsillo de los empleados públicos y, según las intenciones del gobierno, al consumo para intentar traccionar la actividad.
Así las cosas la suba de $4.000 impactará en al menos un 5% para aquellos empleados públicos que la perciban. Para la categoría testigo “D0”, que sin los aumentos pautados para enero y febrero, percibe de salario bruto $25.750, implica una suba de 11,65% en febrero que llegaría 15,53% para marzo. La cifra resulta insuficiente para cubrir la pérdida del poder adquisitivo del salario estatal que, según el estudio que realiza mensualmente la Junta Interna de ATE INDEC, acumula desde noviembre de 2015 y para esa categoría testigo un retroceso en términos reales del 36,1%.
Además, tal como señaló este diario, el aumento será absorbido casi en su totalidad por la inflación que el propio BCRA proyecta para el período de enero a marzo basado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que reúne las estimaciones de unas cuarenta consultoras nacionales e internacionales. En promedio, creen que los precios acumularán en ese período una suba del 10,76% mientras que, para el período de noviembre a marzo la inflación acumulada y proyectada se eleva hasta 20,26%.
Cuando se conozca la letra del decreto, además, se dilucidará el resultado de otro punto clave en la discusión: a cuenta de qué paritaria se computará el aumento. La resolución de ese diferendo tiene proyección sobre la situación de unos dos millones de trabajadores no estatales. Es que, los empleados públicos, al igual que otros tantos gremios como Camioneros, Metalúrgicos, Comercio, Prensa y Construcción, tienen pautadas cláusulas de revisión en sus acuerdos relativos al ejercicio 2019 pero que están agendadas con posterioridad a ambos decretos. En el caso de los empleados públicos será en el mes de marzo.
La lógica del decreto que abarca a los empleados del sector privado indica que el aumento no debería absorber cifras que pudieran acordarse en esas instancias toda vez que, se supone, los $4.000 debieran ser a cuenta de los acuerdos relativos al período 2020.
El decreto, tal como adelantó Moroni en conferencia de prensa, excluirá a los empleados de los estados provinciales y municipales aunque, desde el ejecutivo, el mismo titular de la cartera laboral sugirió que promueven idéntica actitud de parte de los gobiernos de todos los niveles.
Funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin embargo, adelantaron a la agencia Télam que «la provincia no está hoy en condiciones de comprometerse a pagarlo» como resultado de la «difícil situación financiera» que atraviesa. Además, explicaron que para tomar esa decisión esperarán a «que salga la Ley Impositiva el miércoles».
Así las cosas, por el momento, no percibirán ese incremento el 40% de los trabajadores que no se encuentran registrados (y que muchas veces se referencian en las subas del Salario Mínimo Vital y Móvil), los monotributistas y autónomos, los trabajadores rurales y los de casas particulares así como los docentes de todos los niveles.
Moroni adelantó que desde el ejecutivo buscarán reunir los organismos específicos en los que se establecen las condiciones de trabajo de los empleados rurales, los de casas particulares así como un adelantamiento del Consejo del Salario Mínimo que, en general se reúne en agosto de cada año.
