En aquella reunión fatídica del 14 de diciembre, cuando nos enteramos de la Resolución 4055, desde el Ministerio lo plantearon claramente; según las estadísticas, dijeron, en las comerciales nocturnas había muy poco alumnado. Para ellos son una variable de ajuste más, una estadística, pero para nosotros personas, jóvenes y adultos, que muchas veces encuentran en la escuela la contención que no tienen en sus hogares, en sus trabajos precarizados. Este año del Comercial N° 36 egresaron 43 chicos. Para mí no son un número en un casillero estadístico. Son 43 historias de personas que pueden empezar a pensar en un proyecto de vida diferente».
Nilda Tutino es la rectora del colegio «Isaac Halperín», el 36 del distrito escolar 3, una secundaria nocturna de San Juan al 1500, en Constitución, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende cerrar. Son, en total, 14 los comerciales nocturnos que, de prosperar la polémica iniciativa oficial anunciada por la ministra de Educación, Soledad Acuña, no podrán inscribir alumnos para el primer año en 2019, e irán perdiendo cursos hasta su clausura definitiva en 2022. Otros nueve liceos y bachilleratos nocturnos para adultos también sufrirán el recorte de matrícula, con la consiguiente pérdida de empleos docentes y el riesgo cierto de que más de 2000 personas resignen la oportunidad de escolarización que ofrecen esos establecimientos, que atienden, en el turno noche, a una población vulnerable, conformada en su gran mayoría por madres y padres jóvenes que procuran recuperar sus estudios, trabajadores precarizados y aún muchas personas en situación de calle.
El jueves pasado, mezclada entre los miles de docentes y alumnos que se movilizaron hacia la Legislatura para reclamarle en vano a los diputados del oficialismo –que no bajaron al recinto a dar quórum– que trataran en una sesión especial, convocada por todos los bloques de la oposición a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, un proyecto para revertir el cierre de escuelas, Nilda describía «la angustia y la incertidumbre que estamos viviendo». «Esperamos que la ministra recapacite y por lo menos abra la chance de algún tipo de diálogo. No somos necios ni ingenuos, sabemos que hay escuelas que no están 100% aggiornadas, pero hay propuestas concretas para actualizar y mejorar los planes de estudio, la propia cartera educativa debería acercar las suyas, y no directamente dejar a tanta gente en situación vulnerable sin escolarización».
Son pocos los rectores y rectoras que se animan a rebatir públicamente los argumentos del Ministerio. Una de ellas es Alejandra Gómez, titular del Comercial N° 10 DE 1 «Islas Malvinas», de Paraguay al 1900. «La vamos a pelear. Lo que hace este gobierno no lo hicieron ni siquiera las dictaduras. Sólo a esta gente se le ocurre cerrar escuelas. Lo que pasa es que nunca pisaron una, no tienen la menor idea de qué es la educación». Explica que «casi toda la población de los nocturnos son chicos que atraviesan muchas dificultades, que vienen de repitencias, de abandonos, que tuvieron que salir a trabajar o no tienen con quién dejar a sus hijos durante el día. En todas las escuelas del centro recibimos muchos alumnos de la Villa 31 y otros asentamientos, y el gobierno va contra ellos, contra los más vulnerables».
Carlos Betancur, del Comercial N° 26 DE 1, de la calle Juncal, también integra el grupo de rectores «díscolos» que nutren los múltiples «semaforazos», abrazos y marchas que desde hace 15 días movilizan a la comunidad de los nocturnos. Confía en que el Ministerio dará marcha atrás con lo que llama una «aberración», y cree que «lo mejor que podría hacer la ministra es dar un paso al costado, eso descomprimiría algo la situación».
Cuenta que en el «Enrique de Vedia» cursan muchas madres jóvenes y un grupo de cartoneros que paran en la esquina y perderían su única oportunidad de acceso a la educación. «Presentamos muchos proyectos para modernizar los planes de estudio. Jamás nos contestaron. Yo mismo presenté un proyecto de guardería para las alumnas que vienen con sus hijos, y me lo rebotaron. Había que crear dos cargos nomás, una maestra y una auxiliar, y usar la salita de inicial del Lenguas Vivas, que a la noche no funciona».
Recibieron inscripciones para primer año hasta el 13 de diciembre. Después ya no pudieron. Betancur enumera: él tiene 15 inscriptos para 2019; el Comercial N° 10 tiene 20; el N° 35, 40; y así. «El miércoles envié una nota al área de Comunicados Especiales y al supervisor para que me instruyan qué hacer con esas personas, y que me digan, concretamente, qué dispositivos educativos van a recibirlos en inmediaciones de nuestro colegio. No sé qué me van a contestar, no hay, no lo pueden sostener».
Los rectores suman a su dilema pedagógico la anunciada disminución de su planta docente. «Y ahora –agrega Betancur– quieren que pongamos que la caripela y digamos nosotros a quién dejar afuera, en actos públicos ilegales que ya fueron denunciados».
Nilda no sale de su asombro. «Los chicos y adultos que vienen a la escuela de noche no lo hacen por gusto. Yo tengo chicos que viven en Florencio Varela, en Glew, muy lejos, ¿por qué vienen acá? Porque después del trabajo informal en donde los negrean, se comen el sanguchito, la vianda que es su cena o que a veces reservan para un hermanito, se hacen la siestita apoyados en el pupitre, que te parte el alma verlos, y cuando llega el profe, respiran hondo y arrancan la clase. ¿Adónde van a estudiar esos chicos? ¿En una plataforma virtual? Sólo en Larretalandia podría ocurrir algo así». «
Amparo por Cerámica
» La lucha de la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica N° 1, una tradicional institución del barrio de Almagro, obtuvo un fallo a favor del juez de primera instancia Francisco Ferrer, quien suspendió la mudanza del establecimiento a Mataderos, tal como había dispuesto el Ministerio de Educación porteño. La medida llegó a partir de un recurso de amparo interpuesto por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Directivos y padres del colegio, ubicado en la calle Bulnes, a media cuadra de Rivadavia, llevan largo tiempo reclamando la compra de un predio lindero, que les permita ampliar su oferta educativa sumando nuevas instalaciones. De hecho, hay en la Legislatura un proyecto para la expropiación de ese terreno.
Sin embargo, la ministra Acuña tomó la decisión de trasladar la escuela más de seis kilómetros, perjudicando la cursada de los estudiantes y la estabilidad laboral de los docentes sometidos a largos traslados.
