¿Quién debe apropiarse de los subsidios del Estado a las empresas?

Opinión
Por Jorge Bragulat - Director del Centro de Estudios de la Economía Social - Untref
28 de Mayo de 2020

En términos generales es importante teorizar e intentar prever cómo será la pos pandemia, que no es lo mismo que decir cómo será “la vuelta a la normalidad” por cuanto si el mundo regresa a lo “anormal” de la pre pandemia, no habremos aprendido nada y estaremos nuevamente de forma exagerada en la preeminencia de lo financiero por encima, no sólo de lo productivo, sino por encima de las personas. Por eso es que, apoyados en teorías, hay que bajar a las cuestiones prácticas y resolver. Y una de las tantas decisiones que la política debe tomar, y argumentar por qué la toma, se refiere al aporte financiero que están haciendo los Estados para mantener a las empresas en todos los países del mundo. Este tema fue puesto, de manera oportuna, sobre la mesa política en Argentina por la diputada Fernanda Vallejos. Muy sintéticamente se podría decir que los aportes que hace el Estado a las empresas tendrían cuatro formas de ser considerados.

1. Manteniendo la situación anterior. Es decir que los aportes del Estado a las empresas queden en poder del empresario, quien conservaría el porcentaje de capital. Esto, más que rescatar a la empresa es rescatar al empresario, quien tendrá el poder para seguir decidiendo en su propio beneficio y, de manera voluntaria (o no obligatoria), podrá decidir estrategias que beneficien al conjunto. O sea: el dueño decide como siempre. Si el Estado decide pagar los salarios durante la pandemia a los trabajadores no es correcto que el empresario diga que, como el Estado pagó directamente a la cuenta bancaria de los trabajadores, ese dinero no pasó por la empresa. Eso se hace por una cuestión práctica ya que si se toma ese pensamiento lineal como valido hay que decir, entonces, que el empresario adeuda los salarios y el Estado dio un subsidio a las personas. El subsidio nunca va a la empresa como ente abstracto ya que en este primer supuesto termina en el capital que tiene un dueño.

2. El Estado capitaliza el aporte. El Estado, si aporta al salvataje de una empresa, lo que está haciendo es aumentar su equivalente en capital porque el mismo ha mermado producto de la crisis. Y, si aumenta el capital, es lógico que sea su titular quien lo aportó, no para buscar desesperadamente la mayoría accionaria y decidir, sino para preservar un dinero que es de todos. El Estado, si acaso, participará en minoría en las reuniones de directorio en defensa del conjunto del trabajo y de la producción; no será ni el que gestione ni el responsable del gerenciamiento ni de las decisiones finales ya que sus acciones no alcanzarían a tener mayoría de votos. El dinero que aporta es del Estado por lo que todos los habitantes, al final, son los verdaderos dueños y destinatarios de esos fondos. Algunos podrán decir que ese dinero salió de los impuestos que han pagado las personas y las empresas. En ese caso, la respuesta es que quienes proporcionalmente a su riqueza más han contribuido a ese aporte impositivo han sido los de menores recursos ya que casi todos sus ingresos lo gastan en consumo que paga el IVA, mientras que el que no consume todos sus ingresos no paga IVA por la parte que ahorra. Si, por otra parte, el Estado aporta el dinero por la propia emisión que hace, ese dinero sin duda es de todos los ciudadanos en la misma proporción. La discusión podría ser qué hará el Estado con esas acciones, si las pondrá en el mercado para venderlas, si dará un plan para que el empresario las compre en un tiempo determinado o las mantendrá en su poder.

3. Capitalizar equitativamente a las personas. Con el aporte, el Estado está decidiendo, en el fondo, mantener los ingresos de quienes están involucrados en las empresas. Es decir; mantener el empleo y mantener la ganancia del empresario. Todos los ciudadanos que participan dentro de la organización empresarial son beneficiarios directos, si la producción continúa. Y esos ciudadanos tienen, frente al Estado, iguales derechos y obligaciones de manera que otro razonamiento a tener en cuenta sería que cada persona involucrada en la empresa (trabajadores y empresarios) capitalicen de forma igualitaria el aporte del Estado. Después vendrá la discusión sobre si el trabajador tiene derecho a vender sus acciones al empresario o si hay condicionamientos para mantener la minoría del trabajo en la representatividad en la empresa. El capitalismo, en muchas ocasiones, ha optado por esta situación. Kelso, en la década del 50 del siglo pasado, escribió un libro -“El manifiesto capitalista”- donde pregonaba la participación empresaria del trabajador de forma que si éste tenía acciones en minoría, la conflictividad laboral disminuía ya que parte de sus ingresos dependen de la ganancia de la empresa. Además, a la empresa le sale más barato pagar parte del salario en acciones, cuando necesita recursos, que recurrir a préstamos que tiene que devolver con intereses. Los préstamos bancarios son deuda y no forman parte del capital de riesgo y las acciones del trabajador forman parte del riesgo del capital y, si no hay ganancias, no hay retribución. En Argentina, esto se ensayó cuando se privatizaron las empresas del Estado donde los trabajadores tuvieron (y aún tienen en algunos casos) el 10% (en promedio) de las acciones de las nuevas empresas. Este porcentaje por ley no podía modificarse en la historia de la empresa para que no se licúe la representación de los trabajadores en el directorio (para hacer un comentario de una de ellas, que ahora tiene actualidad: cuando se privatizó Somisa a los trabajadores se les adjudicaron las acciones). De esta forma, los trabajadores siempre tenían un miembro en el directorio con lo cual, si bien no decidían, podían saber la estrategia de la empresa y la forma en que los afecta. Hay que decir que, de manera ilegal, muchas acciones de este tipo se vendieron. Las más notables fueron compradas por las telefónicas y por Repsol-YPF, ésta última con cierto escándalo y reclamo de trabajadores que quedaron afuera de lo que se llamó los Programas de Propiedad Participada (PPP).

4. Transformación en cooperativas de trabajo. No es deseable pero es probable que pequeñas y medianas empresas entren en crisis y sea necesario un salvataje total en la metodología que ya socialmente se conoce como recuperación de empresas por parte de los trabajadores organizados en cooperativas. En este caso no se trata de empresas que fueron vaciadas por el empresario como en otras ocasiones, sino empresas que estuvieron en el límite del mercado y que la crisis les daría el golpe de gracia. El aporte del Estado puede ir encaminado a la transformación en cooperativas de trabajo donde todos los involucrados tengan cabida. El aporte del Estado lo capitalizaría la cooperativa a la que se le da liquidez para funcionar. Si el capital es de la cooperativa, los cooperativistas lo pueden usar como si fuese propio, pero es no es repartible entre ellos porque ese capital no fue aportado por el trabajo sino por un tercero. Y si el capital es de la cooperativa, en caso de disolución vuelve al Estado. Esto no es un invento teórico sino que es la aplicación dela ley de cooperativas vigente. Los trabajadores se podrán repartir el excedente que arroje la cooperativa según sus balances y ese reparto se hará de forma equitativa en función al trabajo de cada uno. Habrá una distribución equitativa teniendo en cuenta lo que la asamblea decide y cada asociado tendrá un voto independientemente de la calidad de trabajo que haga. La democracia económica empieza a funcionar como compatible con la democracia política que queremos fortalecer como ciudadanos. La equidad en la distribución del ingreso favorece la construcción de una sociedad más equilibrada. El Estado mermaría su función redistribuidora si la sociedad, previamente, es más distribuidora. La presión hacia el Estado para que adopte políticas públicas de reparto es menor en los países donde la distribución de la riqueza es más equitativa. La sociedad tendrá menos grieta porque las ideologías actuarían o deberán ponerse en práctica sobre una sociedad más compactada o sea con menor injusticia distributiva.

Enunciadas estas cuatro opciones, ya sabemos cuáles son las ideologías que están pensando con el bolsillo y quienes están pensando con la cabeza. Pero creo que en esta coyuntura hay lugar, por una vez, para los que están pensando con el corazón para lograr una sociedad más igualitaria. De Einstein “dicen que dijo”: “el cerebro no sirve si no está ligado al corazón”. El Estado, ahora revalorizado, tiene en sus manos una decisión que, si bien con ella no se modificará mágicamente la estructura económico-social existente, puede marcar una orientación hacia la justicia social y la equidad distributiva.

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