Como si tuviera un «plan b» o un as bajo la manga (pero no los tiene), la Argentina corre muy desde atrás en la conciencia sobre la emergencia climática y en las acciones otros países emprenden para mitigar los efectos y adecuar sus modos de producción, consumo y hasta su modelo energético a la urgente realidad que vive el planeta. Ya la comunidad científica y los expertos de la ONU advirtieron que en diez años (once desde que lo señalaron), la temperatura de la Tierra habrá llegado a un punto sin retorno.

Un punto de inflexión en la conciencia de esta situación fue la COP21 (Conferencia de las Partes), convocada por la ONU en París, donde se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mantener, por ejemplo, el aumento de la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 grados. Para eso, se resolvió que era vital reducir de manera urgente la emisión de los gases de efecto invernadero, principales responsables del calentamiento global, y adaptar la capacidad de los países para que sean más resilientes a las condiciones cambiantes del clima.

Con esos objetivos en mente, las máximas autoridades ambientales de 14 provincias argentinas y decenas de municipios se reunieron la semana pasada en Córdoba. El encuentro, llamado PreCOP (Pre conferencia de las partes), consensuó una hoja de ruta que les permitirá presentar en la COP25, que tendrá lugar en Chile del 2 al 13 de diciembre próximo, un portafolio de proyectos prioritarios sobre cuestiones que los afectan directamente. Estas propuestas vienen siendo trabajadas por las mesas técnicas de los gobiernos subnacionales (provinciales y municipales) en encuentros previos, impulsados por la Liga de Provincias, que reúne a Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En las diversas presentaciones realizadas durante la Pre Conferencia de las partes, se puso de manifiesto que desde los fenómenos crecientes de sequías e inundaciones, olas de calor o tornados que afectan el territorio nacional hasta las epidemias de mosquitos trasmisores de enfermedades infecciosas, como dengue y zika, no son episodios aislados, sino que tienen una causa común: el cambio climático, que afecta de manera directa las economías locales y la salud de sus habitantes.

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El secretario de Ambiente de Córdoba, Javier Britch, anfitrión de la primera PreCOP de gobiernos subnacionales, aseguró que en esta reunión se dijo «en voz alta que reconocemos el cambio climático y que queremos atacar de manera responsable y organizada los problemas que tenemos en nuestros territorios».

Tras tres días de deliberaciones en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, las autoridades ambientales resolvieron presentar en Chile, durante la COP25, un Foro paralelo de estados subnacionales, con proyectos concretos acordados en las mesas técnicas de trabajo, para finalmente poder acceder al financiamiento internacional que estará disponible desde enero de 2020. ¿De dónde provienen estos fondos? En el histórico encuentro de París de 2015, se decidió que los países desarrollados crearan un fondo de 100 mil millones de dólares, renovables anualmente, para países subdesarrollados, los más vulnerables frente a la emergencia climática. Para acceder a esos subsidios y préstamos, es requisito que los Estados posean una legislación que reconozca tal emergencia y que acrediten una entidad ante el Fondo Verde que garantice transparencia en la administración del dinero.

El Estado nacional realizó ese largo proceso burocrático de certificación, pero en junio de 2018, el presidente Mauricio Macri disolvió el Ministerio de Finanzas y así se desvaneció el organismo que podía percibir esa ayuda. De esta manera, les cerró la puerta a que las provincias pudieran presentar proyectos para financiar sus políticas ambientales y accedieran a esos fondos internacionales. En la PreCOP, la Liga de Provincias barajó varias opciones para acceder a esos «fondos verdes», por ejemplo, y todo indica que el Banco de Córdoba será la entidad seleccionada. Una particularidad de estos fondos es que ese dinero sólo pueden utilizarse para acciones de remediación o proyectos sustentables.

El encuentro evidenció la honda preocupación y el involucramiento de las autoridades ambientales de las provincias y los municipios, pero también la difícil tarea que falta llevar adelante, sobre todo en términos de concientización de la sociedad. Desde las secretarías ambientales coinciden en que ese financiamiento llevaría a una escala mucho mayor las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que hoy están llevando a cabo.

Para organizar el Foro paralelo de estados subnacionales, se creó una subcomisión que llevará las propuestas que los represente, y en la que participan otros estados subnacionales extranjeros asistentes a la COP25. La subcomisión estará encabezada por el cordobés Britch, secundado por Mauro Pérez Toscani, secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, y Carlos Ferreyra, responsable de las relaciones internacionales del grupo.

Un logro central del encuentro ha sido reconocer la emergencia climática como una urgencia, y permitir que la voz de intendentes y funcionarios provinciales, los que están más cerca del territorio, llegue a ser escuchada en los más altos niveles políticos globales, durante la COP25. Por supuesto, queda por resolver que las máximas autoridades provinciales y nacionales escuchen ese llamado y estén a la altura del desafío ambiental. Por lo pronto, el compromiso de la PreCOP es el de impulsar la perspectiva de cambio climático en todas las áreas de gobierno.