«En nuestro segundo mandato vamos a hacer la Reforma Laboral». Esta semana, el ministro Nicolás Dujovne expresó la promesa ante un grupo de especuladores de Wall Street. Es un mantra repetido: hace tres semanas le dijo lo mismo a Christine Lagarde, la mandamás del FMI. Es evidente que el gobierno considera que esa promesa es una herramienta de marketing poderosa, capaz de «calmar los mercados» y, a la vez, recoger apoyos para la campaña del presidente, Mauricio Macri.

¿En qué consiste la meneada «reforma» que el oficialismo vende como solución al creciente desempleo que la propia política económica del gobierno provocó? El ministro no dio detalles, pero hay indicios, como la reforma que rige para los trabajadores petroleros de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos de la Argentina.

«Acuerdos de este tipo necesitamos en todo el país», dijo fuerte y claro el presidente el 10 de enero de 2017, en el acto de presentación del pacto entre petroleras, gremios y gobierno. El anexo de 25 artículos al convenio colectivo habilitó cambios en los esquemas de trabajo, extendió las jornadas laborales, generalizó los contratos a término, eliminó el pago por «horas taxi» –tiempo de traslado– y modificó las condiciones de operación nocturna y bajo rigores climáticos. 

Al momento de la presentación, las petroleras estimaron que la flexibilización les permitiría reducir entre un 30 y 40% los costos laborales. Este ahorro «derramaría», dijeron, en un incremento de las plantillas de los empleados.

«En Vaca Muerta este año trabajan 30 mil personas… el año que viene van a ser 80 mil y en un par de años va a ser medio millón de personas trabajando en generar energía para los argentinos y para el mundo», afirmó Macri el 18 de julio de 2018, durante una visita a los yacimientos neuquinos. La realidad, como es usual, desmiente el pronóstico presidencial: en la actualidad el ministerio del Trabajo contabiliza unos 84 mil trabajadores registrados en «Explotación de minas y canteras», la rama de actividad que incluye a los trabajadores petroleros de todo el país. Apenas un 4% más que los 80 mil empleos que se registraban en enero de 2017, cuando se firmó la flexibilización.

El módico incremento en la tasa de empleo contrasta con las supertasas de producción y ganancia empresaria. En febrero de este año el yacimiento registró un incremento del 193% en la producción de gas y petróleo. Para la misma época, Tecpetrol (del Grupo Techint, la principal operadora privada en Vaca Muerta) declaró un aumento del 338% en sus ganancias anuales.

En el lado oscuro del «paraíso energético», mientras tanto, crecen la desigualdad, la pobreza y la muerte.

Cifras del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Producción muestran las enormes diferencias salariales de los trabajadores petroleros de Neuquén con sus pares de otras actividades. Mientras el salario promedio de la industria petrolera se ubica en $ 144 mil, en la construcción es de $ 42 mil, en gastronomía de $ 23 mil, en docencia $ 21 mil y $ 28 mil en turismo.

La desigualdad salarial «derrama» en pobreza. El Índice del Precio al Consumidor marca una fuerte distorsión en los precios de los productos de consumo masivo y la vivienda, que se incrementan al ritmo de los salarios petroleros y se alejan del poder adquisitivo del resto de la población.

El «derrame» flexibilizador también trajo muerte. En el último año se registraron ocho incidentes fatales en Vaca Muerta. Los trabajadores y especialistas relacionan el aumento de «accidentes laborales» a la reforma que permite contratar personas de escasa o nula formación, propicia las multitareas, modifica los cronogramas de descansos y provoca excedentes de horas trabajadas. O sea: los operarios murieron por falta de capacitación y cansancio, mientras las petroleras y sus contratistas embolsan ganancias récord apalancadas con subsidios estatales.

En eso consiste, parece, el modelo de reforma laboral que los dueños del poder y del dinero promocionan en sus medios como «lo que hay que hacer».

Total normalidad. «